Por Nora Veiras “Es mentira que la Ley de
Incentivo Docente esté suspendida. Estoy convencida de que los que no pagaron tienen que
hacerlo. Ahora tienen prórroga hasta el 15 de noviembre. Si cada sector con capacidad de
lobby o de ejercer presión social consiguiera que se modifiquen las leyes, se acabó la
gobernabilidad. A la ley la cumplen todos o nadie”. La secretaria general de la
Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Marta Maffei, confía en que los
senadores levanten sus manos para aprobar la extensión del vencimiento al gravamen sobre
autos, aeronaves y embarcaciones, porque “no hay otra salida para descomprimir”
el conflicto social generado por el lockout de los camioneros. Asegura que el 15 de
agosto, los maestros recibirán el aumento correspondiente al primer semestre.
–¿Por qué cree que el Senado va a aprobar la prórroga si nunca estuvo de acuerdo
con el impuesto?
–El Senado no tiene margen, porque ninguna alternativa tributaria puede nacer en esa
cámara. Creo que lo que aprobaron los diputados es un punto intermedio para que los que
están en mora paguen. Lo contrario hubiera sido avanzar con las medidas punitivas como el
secuestro del vehículo, pero teniendo en cuenta las arbitrariedades de la cotización de
los vehículos, el corto plazo, la falta de cuotas, es posible que en algunos casos,
algunos estén en una situación comprometida para pagarlo, pero de ningún modo trágica.
–¿Usted no cree que la reducción de la tasa y las excepciones no eran una
alternativa adecuada?
–La derogación, como planteó Domingo Cavallo, o la reducción que pretendía
Roggero eran proyectos disparatados que no sostuvieron ni sus propias bancadas. No se
puede modificar una ley para exceptuar a la mitad de la población que no pagó una
obligación ya ejecutada. Si las leyes se aplicaran según la capacidad de lobby, sería
absolutamente intolerable. Acá el Ejecutivo también jugó a potenciar el conflicto para
reforzar la imagen de un Menem con capacidad de ordenar. En lugar de tirar los productos
perecederos, hubieran mandado el primer día al Ejército a repartirlos.
–¿Cree que se puede sostener esta ley?
–Si bien en el ‘99 se va a sostener, esto no quiere decir que el 2000 no tenga
que tener un proyecto mejor. Este fue el único que aceptó el oficialismo porque fue
enviado por el Poder Ejecutivo. Lo que sucedió es que el Presidente vetó la garantía a
los 700 millones de pesos fijados como piso en la misma ley. Estoy convencida de que se
puede tener un fondo suculento y no raquítico como éste, si se decidiera gravar a los
sectores especulativos y al capital concentrado. De acá a noviembre hay tiempo para
estudiar proyectos serios. Es más: si hay voluntad, en dos semanas se podría consensuar
entre duhaldistas y aliancistas una alternativa. Cualquiera que gane tiene que tener
garantías hacia el futuro. Podrían firmar, incluso, un acta de consenso. La educación
no se puede conducir sin acuerdos.
Más allá de los vaivenes futuros para alimentar con recursos genuinos el Fondo de
Incentivo Docente, Maffei estuvo ayer reunida durante cinco horas con la comisión
técnica de ministros de Educación provinciales y gremios para acordar los criterios de
distribución de la masa de aproximadamente 320 millones de pesos recaudados. Las
principales recomendaciones, que se convertirán en criterios de reparto si el pleno del
Consejo Federal de ministros las aprueban el miércoles próximo, son las siguientes:
 Antes del 15 de
agosto, los maestros cobrarán la recomposición salarial retroactiva a enero.
Recibirán el
aumento todos los docentes (titulares, interinos y suplentes). Los únicos expresamente
excluidos serán quienes estén de licencia sin goce de haberes, en comisión de servicio
fuera del sistema educativo o en disponibilidad sin goce de haberes.
Se liquidará
el aumento correspondiente a un cargo de maestro hasta 34 horas reloj. Para los docentes
de media, un cargo equivale a 15 horas cátedra.
Va a figurar en
el recibo como una asignación especial en cumplimiento de esta ley. Los fondos no se
podrán usar para pagar retroactividades, ni deudas de ninguna naturaleza.
Se distribuirá
el 93 por ciento en forma homogénea y se reservará un 7 por ciento para las provincias
donde los maestros ganan menos de 300 pesos de sueldo inicial: Chaco, Chubut, Formosa,
Jujuy, Corrientes, Tucumán, Salta, Misiones y Entre Ríos.
Las escuelas privadas
recibirán un incremento en proporción al subsidio del Estado.
Criticas de un especialista tributario.
Una invitación a seguir evadiendoPor
Raúl Dellatorre
No es tan extraño que los autotransportistas hayan
despertado simpatía en la población, como indican las encuestas, a pesar de haber dejado
al país al borde del desabastecimiento de alimentos y jaqueado durante varios días el
financiamiento del merecido –aunque insuficiente– aumento a los maestros. En
definitiva, a juzgar por los resultados de sus medidas de acción directa, mostraron el
camino a seguir para eludir el pago de impuestos. Un valor que los eleva al podio de
ídolos en el imaginario popular. Así lo entienden también los expertos en temas
fiscales, que señalan que tras la marcha atrás del Congreso en la aplicación del
impuesto al financiamiento docente, no cabe esperar otra cosa que un mayor relajamiento en
la disciplina fiscal de los contribuyentes o, lo que es lo mismo, un aumento en la
evasión y en la mora en el pago de obligaciones fiscales.
“En el mundo están analizadas cuáles pueden ser las principales causas que generan
la evasión: Argentina debe ser uno de los pocos países en que se dan todas”,
señaló a Página/12 Arnaud Iribarne, un reputado consultor de empresas en temas
impositivos y aduaneros. “Los permanentes cambios en las normas, el aumento de
exigencias por urgencias en la recaudación, la falta de respeto al principio de igualdad
ante la ley, no ayudan para nada a generar una conducta fiscal de cumplimiento de las
obligaciones”, describió.
El impuesto docente ya surgió con problemas desde su nacimiento. “A los
tributaristas no nos gustan, en general, este tipo de impuestos con afectación
directa”, comentó Iribarne. Pero lo cierto es que el gobierno nacional no estaba
cumpliendo su compromiso de financiamiento de la educación ni había asignado presupuesto
para ello. “La solución no fue buena, pero a los legisladores tampoco se les
ocurrió nada mejor”, recordó el especialista.
Sin embargo, la presión de los camioneros posvencimiento terminó empeorando las cosas.
El impuesto terminó cobrándose a algunos. A otros, no se les cobrará hasta el 15 de
noviembre y, además, les dejó abierta la esperanza de que se lo deroguen o le apliquen
una quita importante. “No me animaría a decir que esta situación pudiera dar lugar
a cuestionamientos de inconstitucionalidad, pero lo cierto es que ha afectado el principio
de igualdad ante la ley”, respondió Iribarne a la consulta de este diario. “Un
transportista que ha pagado el impuesto, podría hacer un cuestionamiento legal o
reclamarle a la DGI la devolución, o un préstamo hasta el 15 de noviembre, para no
quedar en desventaja frente a sus competidores”, ejemplificó el tributarista.
Pero los automovilistas particulares o profesionales que pagaron el impuesto no son los
únicos irritados por la solución que sacó de la galera Diputados en la medianoche del
miércoles. En la propia DGI se vive un clima poco menos que caldeado. Después de varias
jornadas de inspecciones callejeras y “escraches” a famosos que no exhibían la
oblea del buen contribuyente, la norma quedó en la nada. No sólo eso: los jefes de
agencia de Impositiva viven bajo la presión de la AFIP, que les fija “metas de
recaudación” mensuales iguales o mayores que los resultados del año pasado. ¿No se
enteraron quienes las exigen que hay recesión? ¿Se olvidaron que en algunos impuestos
que vencen en estos meses, como Ganancias, se reclamaron anticipos adicionales?, se
preguntan los sorprendidos jefes de agencia.
No es que no existan antecedentes en el mundo de “lobbies” sectoriales sobre el
Estado en contra del pago de impuestos. Lo notable es que en Argentina nadie sabe dónde
reside la “inteligencia fiscal” que dicta la política en la materia. El
impuesto docente salió del Ejecutivo sin la más mínima convicción de sus integrantes.
El Congreso la resolvió a las apuradas y entre tironeos, y terminó modificándolo en
forma aún más desprolija. Y los transportistas lograron su objetivo aun actuando
contratoda lógica: lanzando la medida de fuerza después de vencido el impuesto, no
durante su debate parlamentario ni en el momento en que empezó a hacerse exigible.
“Es muy malo que un sistema tributario funcione así, bajo presión y aceptando
modificaciones sobre la marcha”, apuntó Iribarne. “Tampoco es bueno que el
Gobierno y los legisladores muestren tan poca convicción; parece que aceptaran las reglas
del juego: piden 10 para negociar en 7. Esto no hace más que seguir desalentando el
cumplimiento”, remató. |
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