Por Luis Bruschtein Cuba y Estados Unidos tienen
demandas cruzadas contra sus gobiernos, en Estados Unidos hay una compleja legislación
hostil a Cuba; existe una polémica por la condena a principios de año de cuatro personas
que, para la oposición son disidentes y para el gobierno, agentes norteamericanos. La
oposición acusa desde Estados Unidos al gobierno cubano de proteger el narcotráfico,
pero en La Habana denuncian que esa oposición boicotea acuerdos antinarcóticos entre
ambos gobiernos. Rafael Pino Bécquer es vicefiscal general de la República de Cuba, un
cargo que es designado por la Asamblea Nacional, y visitó Buenos Aires para una reunión
internacional de fiscales.
–El juicio que se hizo a principios de año contra cuatro personas que habían
difundido una proclama política fue tomado a nivel internacional como un endurecimiento
del gobierno cubano...
–Esas personas cometieron una actividad delictiva pagados por una potencia
extranjera. El documento no hubiera sido motivo de su detención. Eran financiados por los
servicios especiales de Estados Unidos. Amenazaron en una carta abierta a empresarios que
negociaban con Cuba. Les advertían que su actitud sería tenida en cuenta, porque eran
“cómplices” de la revolución. Esa carta coincidió con otra igual de la
Fundación Nacional Cubano Americana en Miami. Invitaban a boicotear las elecciones.
Exhortaban por Radio Martí a cubanos que viven en Miami, a que condicionaran los envíos
de dinero a sus familiares en Cuba a que no votaran en las elecciones. Y si tenían que
votar, que anularan la boleta. Tenemos grabaciones de Radio Martí. Están filmados sus
contactos con la oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana. No son
disidentes ni independientes, estaban trabajando para Estados Unidos.
–¿Pero fueron juzgados por pensar distinto?
–Pensar diferente en Cuba no es motivo para ir preso. La demostración es que ellos
hace mucho que piensan y actúan así y no pasó nada. El documento no fue el problema.
Ellos exhortaron a violar leyes cubanas, que podrán estar mal o bien, pero son leyes
aprobadas por la Asamblea, y estaban apoyados y pagados por una potencia extranjera
hostil. Tuvieron todas las garantías de defensa y aceptaron la legitimidad del juicio.
Hubo condenas en primera instancia de entre tres y cuatro años de prisión. Pero apelaron
en segunda instancia.
–En foros internacionales se han presentado denuncias por violaciones a los derechos
humanos en Cuba. ¿Alguno de estos casos fueron denunciados ante la Justicia cubana?
–Que yo sepa, no. Todas se han hecho al periodismo y dirigidas a Estados Unidos.
–¿En los tribunales cubanos se ventilan casos de abusos de autoridades?
–La Fiscalía tiene una Dirección de Protección a los Derechos Ciudadanos. El 32
por ciento de las personas que acudieron han tenido razón legal y se les dio apoyo. Si
alguien es privado ilegalmente de su libertad, se presenta un recurso de hábeas corpus,
como en todo el mundo. Y también puede haber un reclamo ante la Fiscalía que puede
disponer la liberación por ley, sin tener que ir a procedimientos. Hay mecanismos para
preservar los derechos. Pueden producirse violaciones a los derechos humanos, como en
cualquier parte, de lo que se trata es de que no queden impunes. Pero la campaña
norteamericana nos pone bajo una minuciosa y discriminativa lupa que agiganta cualquier
hecho que incluso podría haber sido real.
–El juicio contra los salvadoreños que pusieron las bombas en La Habana en 1996 puso
nuevamente en la prensa internacional el tema de la pena de muerte...
–La pena no fue aplicada. Los acusados, que provocaron la muerte de un turista
italiano, reconocieron que habían sido pagados por Luis Posada Carriles, un amigo de Mas
Canosa y de la Fundación, responsable del atentado que hizo explotar en pleno vuelo un
avión cubano en el que murieron 93 personas. Eso se comprobó en el juicio. En Cuba hay
mucha gente que se opone a la pena de muerte, incluso ha sido planteado en la Asamblea
Nacional. Es algo que se está discutiendo. Todavía hay mayoría para que se mantenga,
aunque sólo para delitos muy graves.
–¿Ustedes acusan a la Fundación Nacional Cubano Americana de apoyar el
narcotráfico?
–En los últimos años se incrementó el tráfico de droga desde Colombia, Bolivia o
Perú, hacia los Estados Unidos. Cuba es una zona de paso. Hemos sido transparentes en
esto y también hay un proceso de toma de conciencia en Estados Unidos sobre la necesidad
de un acuerdo como tenemos con más de veinte países. Tenemos perros para combatir la
droga entrenados en Francia, recibimos colaboración monetaria y logística de Inglaterra
y hemos obtenido buenos resultados. Con Estados Unidos hubo casos puntuales, concretos,
para intercambiar información o cargamentos que capturamos y se los dimos para sus
procesos legales. En este marco, un congresista demócrata propuso un acuerdo de
cooperación y contra este acuerdo está un grupo de legisladores vinculados a la
Fundación, que funcionan objetivamente como grandes aliados del narcotráfico.
–¿Qué tipo de cooperación implicaría este acuerdo?
–Cuba tiene más de cinco mil kilómetros de costa y más de cuatro mil pequeñas
islas. No podemos garantizar la vigilancia total. Tenemos lanchas soviéticas con 20 años
de explotación que andan a 27 nudos. Las de los traficantes caminan a 45 nudos. La droga
suele llegar en avionetas por los corredores aéreos. Podríamos derribarlas, pero los
mismos norteamericanos nos han pedido que no lo hagamos. Vuelan muy bajo y arrojan los
fardos al mar o en las islas. Los traficantes salen de la costa norteamericana en lanchas
muy potentes, toman la droga y regresan. Juntos, podríamos hacer mucho más contra este
flagelo.
–Familiares de pilotos de la avioneta derribada en 1996 sobre Cuba han demandado al
gobierno cubano. A su vez, en La Habana se planteó una demanda contra el gobierno
norteamericano.
–La demanda de carácter civil fue planteada por representantes de las organizaciones
de trabajadores y estudiantes por las víctimas causadas durante 40 años de agresiones.
Hay 3478 muertos y 2099 incapacitados. La responsabilidad del gobierno norteamericano se
demostró documentalmente, con testigos. En muchos casos los presidentes norteamericanos
asumieron esa responsabilidad, como en la invasión de Playa Girón.
—¿Esta demanda se llevará a un tribunal internacional?
–Nosotros la presentamos a un tribunal cubano. Ellos también se arrogaron el derecho
de llevar estos asuntos a sus tribunales pese a que los hechos que se ventilan en ambas
ocurrieron en Cuba y nosotros fuimos las víctimas. Si se dan condiciones de
imparcialidad, aceptaríamos ir a un tribunal internacional. Ellos levantaron una
gritería en el mundo por el lamentable incidente de la avioneta. No se presentaron en La
Habana y nosotros tampoco asistimos al juicio en Estados Unidos porque sostenemos que la
responsabilidad fue suya. Decenas de veces se habían introducido estas avionetas para
volantear contra el gobierno cubano. Todo país cuida su espacio aéreo. Nosotros
lamentamos mucho esas muertes, pero son responsabilidad de Estados Unidos que, pese a las
numerosas advertencias, siguió permitiendo sus actividades.
–¿Estas son las únicas causas legales abiertas con respecto de la relación
conflictiva entre ambos países?
–El bloqueo es una maraña de leyes. Cuando se hizo la reforma agraria, sacaron una
ley por la que no nos vendían más petróleo. Cuba dependía delpetróleo norteamericano.
Otra ley prohibió a sus empresas refinar el petróleo que comprábamos en otros países.
Después nos quitaron la cuota azucarera. En el ‘61 declaró formalmente el bloqueo y
prohibió viajar a Cuba a sus ciudadanos. El turismo norteamericano en Cuba era el 87 por
ciento. Aplicaron sanciones de tiempos de guerra en tiempos de paz y prohibieron el
comercio de alimentos y medicinas. En el ‘92 inventaron la ley Torricelli. Esta ley
plantea que se dé dinero a “los grupos democráticos en Cuba”. No sé si algún
gobierno argentino aceptaría que otro haga una ley para financiar a la oposición. Estas
son leyes norteamericanas.
|
