A los “sheriff” elegidos por la comunidad sólo se los ve por ahora en las películas y las series de televisión importadas de Estados Unidos, aunque es posible que los porteños puedan cruzárselos por la calle si prospera un proyecto que acaba de presentar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el diputado socialista Raúl Puy. “La idea central es conseguir inmediatez entre la policía y la gente”, explicó a Página/12 el legislador, que propone la elección por voto directo de los jefes de las 52 comisarías de la Capital Federal.
El debate de la iniciativa impulsada por Puy –y que avaló con su firma el frepasista Eugenio Raúl Zaffaroni– comenzará el jueves, una vez que ingrese para su tratamiento en la Junta de Seguridad de la Legislatura. De todos modos, el poder de policía en la Capital sigue en manos de la Nación, así que ninguna normativa que dicten los legisladores porteños tendrá efecto práctico hasta tanto el Gobierno central acceda a traspasar la Policía Federal a la administración local y le confiera el control de la seguridad en el distrito.
Si bien el legislador socialista que ocupa la vicepresidencia segunda del bloque de la Alianza reconoce ese obstáculo en los fundamentos de su proyecto, destaca también que es momento de “generar el debate y la reflexión sobre la seguridad ciudadana, la prevención del delito y la violencia”. De hecho, en la Constitución porteña está prevista la existencia de una Policía de Seguridad dependiente del Poder Ejecutivo, así como la creación de un Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, que la Legislatura ya puso en marcha.
En el esquema previsto por Puy no cualquiera podrá acceder a la jefatura de alguna de las comisarías porteñas: los aspirantes deberán ser comisarios en actividad o retirados, o estar en condiciones de ascender a ese cargo, además de acreditar la aptitud física que establezca el estatuto de la futura Policía de Seguridad local.
No podrán ser candidatos a comisario los condenados por violación a los derechos humanos o los partícipes de sedición contra los poderes democráticos por más que hayan sido indultados, ni los beneficiarios de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tampoco, aquellos condenados por delitos dolosos en el país o en el extranjero o quienes hayan sido exonerados de fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, a menos que la exoneración haya sido dispuesta por causas religiosas, políticas, gremiales o discriminatorias.
La elección de los comisarios –que durarán tres años en su cargo y tendrán la posibilidad de ser reelectos– será similar a la del resto de las autoridades, con la única excepción de que la ciudad será dividida en 52 circunscripciones electorales que coincidan con el área de jurisdicción de cada una de las actuales comisarías. Cada vecino votará en la sección que le corresponda según su domicilio.
Puy admite que existe un “divorcio de la fuerza de seguridad con el resto de la sociedad” y considera que la elección directa de los comisarios ayudará a “a integrarla a la comunidad”.
El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito controlará el desempeño de los comisarios y frente a denuncias sobre la comisión de delitos en alguna comisaría podrá, con el voto de los dos tercios de sus miembros, recomendar al jefe de Gobierno la suspensión de su titular. El mecanismo constitucional de revocatoria de mandato permitirá a los propios vecinos remover a los comisarios, que a su vez tendrán obligación de rendir cuentas a la sociedad: deberán ofrecer un informe anual sobre su gestión y presentar una declaración jurada al acceder y al abandonar su cargo.

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