Por Mariana Carbajal
En un hecho
inédito en la historia de las Fuerzas Armadas, ayer el jefe del Ejército, teniente
general Martín Balza, dejó abierta la puerta para que personas homosexuales ingresen a
las instituciones militares. Sorprendiendo a las filas castrenses, Balza propuso que se
elimine la pena de prisión para sancionar la homosexualidad como establece actualmente el
Código de Justicia Militar y consideró que "no se debe castigar la preferencia
sexual". No obstante, evadió una respuesta directa cuando se le preguntó qué
actitud tomaría si un uniformado expresa abiertamente que es gay. "Habría que ver
en qué contexto lo dice y si con su manifestación ha intentado vulnerar los valores
éticos que rigen a las Fuerzas Armadas", respondió en una entrevista con Página/12.
Balza explicó que en el Código "hay un artículo que condena con hasta dos años
de prisión los actos homosexuales dentro o fuera del lugar militar" y consideró a
la pena "anacrónica y excesiva, propia de la era victoriana". Aunque aclaró
que en la práctica sólo se otorga la baja por indisciplina, consideró que la letra de
la Ley "es discriminatoria, porque castiga una preferencia sexual al considerar un
delito con pena de prisión contra el honor al acto homosexual voluntario, aunque a veces
pueda ser ignorado por los superiores y no haya afectado el orden ni la disciplina".
--¿Por qué entiende que hay que modificar el Código de Justicia Militar?
--La homosexualidad no es un delito para el Código Penal de la Nación, pero sí para
el Código de Justicia Militar. Un acto homosexual dentro o fuera del lugar militar
actualmente se castiga con pena se prisión. Es una penalidad que no está acorde con los
tiempos que corren. Un acto de esa naturaleza no debe ser penado con prisión. Es un
exceso, que no se condice con la época que vivimos.
--¿Qué sucedería si se entera de que un subordinado suyo es homosexual?
--La privacidad es propia de cada uno. Nosotros no hacemos encuestas ni relevamientos
sobre inclinaciones sexuales
--¿Y si se enterara?
--Nunca se ha registrado que alguien manifieste su inclinación sexual en forma
pública. Habría que ver en qué contexto lo dice. Si con su manifestación ha intentado
vulnerar ciertos valores que rigen a las Fuerzas Armadas, debería ser sancionado, pero
nunca con una pena de prisión.
--¿Con qué tipo de pena?
--La que se determine de acuerdo de acuerdo con el acto de indisciplina que se
considere adecuada.
--Supongo que en las Fuerzas Armadas hay militares homosexuales...
--Podrían existir como en cualquier organización, pero mientras la conducta íntima
se mantenga en el ámbito privado, es decir, no se manifieste y atente contra el orden, la
disciplina y los valores éticos que sustentamos, le repito, no debe ser sancionada.
--¿Qué tipo de actitud de un homosexual en el Ejército merecería una sanción?
--Un acoso..., una actitud pública ostensiblemente indecorosa, una actitud
escandalosa. Lo que debe preservarse es la disciplina. No se debe castigar la preferencia
sexual.
--¿En su carrera se ha topado con homosexuales dentro del Ejército?
--Me parece de total imprudencia comentar un tema de esa naturaleza que hace a la
privacidad de las personas.
--No pretendía que me diera nombres, simplemente me interesa saber qué medida tomó
en una situación como ésa.
--Nunca la pena de prisión y no quiero profundizar en el tema.
--¿En los casi ocho años que lleva al frente del Ejército se dio de baja a algún
militar por su homosexualidad?
--Es un tema de la privacidad y no hago comentarios al respecto.
--Durante la vigencia del servicio militar obligatorio, los aspirantes debían
responder en un formulario si eran homosexuales y en caso afirmativo eran considerados
"no aptos"...
--Hoy cuando alguien ingresa no se le pregunta ni preferencias políticas, ni sexuales,
ni religiosas.
--¿Podrían, entonces, ingresar personas abiertamente declaradas homosexuales a las
Fuerzas Armadas?
--Es un tema que tienen que analizar otras instancias.
--¿Y si tuviera que tomar usted la decisión?
--Lo voy a decidir el día que sea consultado (por el Estado Mayor Conjunto).
--¿Cómo define usted la homosexualidad?
--No soy la persona más indicada para responder esa pregunta. Soy jefe del Ejército.
Balza anunció que elevará próximamente su propuesta de reforma al Estado Mayor
Conjunto y al Ministerio de Defensa, un proyecto que también contempla la eliminación de
la obediencia debida. Actualmente, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados
está analizando un proyecto de modificación del Código de Justicia Militar enviado, en
mayo, por el Poder Ejecutivo, pero --según precisó Balza a este diario-- el texto no
contempla la modificación del artículo 765 que penaliza con la prisión la
homosexualidad en las Fuerzas Armadas. El jefe del Ejército recordó que el código
vigente fue sancionado en 1951, pero aclaró que a pesar de ser "en algunos aspectos
novedoso para su época mantuvo algunas figuras penales del código anterior, llamado
Código Bustillo", que corresponden a principios de siglo.
Sus declaraciones fueron "aplaudidas" por Víctor Ramos, director del
Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). "Balza nos sorprende otra vez,
poniendo sobre el tapete la discusión de un tema tabú para las Fuerzas Armadas, que son,
tal vez, el sector más represivo hacia quienes tienen una orientación sexual
distinta", expresó a Página/12 Ramos.
LA POLITICA QUE ADOPTO
CLINTON
La clave, no decir
Página/12
en EE.UU.
Por Mónica Flores Correa
Desde Nueva York
La primera
medida de gobierno a la que se abocó Bill Clinton al iniciar el período presidencial
1993-1997 fue la de terminar con la discriminación sobre la base de la orientación
sexual en las fuerzas armadas. El debate que encendió la propuesta fue descomunal y
premonitorio de la resistencia y las críticas implacables que este presidente
encontraría a cada paso por parte del campo conservador. También de la ambigüedad que
marcaría muchas de sus decisiones políticas y su conducta fue la resolución
que Clinton encontró para quedar bien con Dios y con el diablo: los homosexuales podrían
incorporarse a las fuerzas armadas pero siempre y cuando no revelasen jamás, bajo ninguna
circunstancia, su orientación sexual en el ámbito profesional. El acta finalmente
promulgada, conocida popularmente con el nombre de no preguntar; no decir, fue
muy criticada no sólo por los opositores sino también por los interesados.
Pero pese a las limitaciones de esta política fue evidente que se había dado un paso
adelante en el reconocimiento implícito de que la orientación sexual no tiene nada que
ver con la conducta profesional.
Aunque reconoció que miembros de las fuerzas armadas que privadamente eran homosexuales
habían tenido un desempeño exitoso, la cúpula militar, a cuyo frente se hallaba en ese
momento el general Colin Powell, rechazó la presencia de homosexualidad abierta
porque ésta tendría un impacto inaceptable, perjudicial y alterador en la cohesión,
moral y espíritu de las fuerzas armadas. Posteriormente, algunos militares
homosexuales demandaron judicialmente al gobierno federal argumentando que el acta violaba
la Primera Enmienda constitucional que se refiere a la libertad de expresión; en su caso,
la libertad de declarar la condición de homosexual. Pero la política ha continuado
vigente y no hay iniciativas para cambiarla.
Según un estudio citado por la revista homosexual The Advocate, los miembros de las
fuerzas armadas dados de baja en 1996 por la política no preguntar; no decir
fueron: 60 en el cuerpo de Marines, 206 en el ejército, 282 en la fuerza aérea y 302 en
la armada. |
DUDAS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE HOMOSEXUALES
No prohibir no es aceptar
Un avance que
despierta dudas. Así fue leído ayer por las organizaciones que defienden los derechos de
las minorías sexuales el anuncio del jefe del Ejército, Martín Balza, sobre la
intención de modificar el Código de Justicia Militar. La Comunidad Homosexual Argentina
(CHA) y la Sociedad Gay Lésbica Argentina (Sigla) reconocieron el tono positivo del
cambio que como tendencia posibilitaría la permanencia de homosexuales en los
cuarteles. Con esta premisa ambas entidades ponen en duda que la eliminación de un
artículo del código de prosperar se transforme en la democratización y
pérdida del carácter homofóbico de la institución.
César Cigliutti, presidente de la CHA, entiende el anuncio como un blanqueo de una
situación que de hecho existe en el Ejército, las otras armas y la policía desde hace
décadas. Lo define como una obligación de reconocer la existencia en ese ámbito
de gays y lesbianas, y es un paso importante en tanto comienza a modificar la actitud
homofóbica de las fuerzas.
Javier González, de Sigla, habla de ciudadanos de segunda. Esa categoría da
cuenta de un estado permanente: No éramos aptos para integrar la fuerza, dice
y repite ahora el interrogatorio: ¿es homosexual? que le hicieron en el servicio militar,
porque para esa raza pura y noble del Ejército, un homosexual nunca podía estar a
su altura. He ahí para González el punto central en el anuncio de Balza. Un
gay puede defender esos valores de coraje, patriotismo y patria igual que
cualquiera.
En el marco del proyecto que, en la Cámara de Diputados, busca consenso para modificar el
Código de Justicia Militar, la CHA presentó su propio pedido para que la reforma permita
el ingreso a homosexuales. Lo que ahora vamos a hacer es seguir insistiendo para que
la modificación alcance también este punto, vuelve a decir Cigliutti.
En la CHA evitan lecturas efusivas. Se propone derogar una cláusula que existía,
pero no se están abriendo las puertas a los homosexuales -aclara Cigliutti. No
prohibir no significa aceptar porque pueden aparecer apelaciones a alteraciones psíquicas
desde donde se agarrarían para continuar impidiéndolo.
El reparo aparece también cuando Alejandro Zalazar integrante de la Cátedra Libre de
Derechos Humanos. Zalazar explica que acuerdo con que se saquen restricciones, pero
nada de lo que hagan los uniformados me genera confianza. Esa modificación que
liberaría a mucha gente de su identidad, sostiene, es auspiciosa pero
desconfío de Balza, que muestra una imagen de apertura que termina no
suscribiendo.
Existe una condición con la que Sigla acuerda y es que la institución tiene
derecho a reglamentar lo que hacen sus empleados. Pero ese control es legítimo para
González si la prohibición, en este caso bajo el eufemismo acto de desacato
alcanza a todos, esto es homosexuales y heterosexuales. Es decir cuando en la
letra escrita no se hace distinción de género porque agrega la sola
especificación es discrimatoria.
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