Por Laura Vales y Raúl Kollmann Prohibido investigar el
fabuloso enriquecimiento de los poderosos comisarios de la Maldita Policía. Esta parece
la norma que rige en la provincia de Buenos Aires y se cumple religiosamente. La causa en
la que se indagaba cómo los comisarios se compraron casas fantásticas, camionetas
lujosas y evidencian ingresos que no tienen relación alguna con sus sueldos fue
sorpresivamente declarada nula. La pesquisa ya había reunido elementos sobre el
patrimonio de buena parte de los comisarios, pero algo pasó en el medio de la
investigación. Primero, el de uno de los más poderosos comisarios, Mario
“Chorizo” Rodríguez, desapareció. Después, el juez que investigaba el tema
fue ascendido a camarista y en su lugar nombraron a una nueva magistrada, que en menos de
dos meses y en el mayor de los secretos dio por tierra con todo lo investigado. Los
fundamentos del fallo no resisten el menor análisis, pero la nulidad llevó alivio a los
hombres que reinaron en época del jefe Pedro Klodczyk. También respiran más tranquilos
los políticos de los distintos niveles -concejales, intendentes, Poder Ejecutivo
provincial– que indudablemente apañaron y se nutrieron económicamente de la Maldita
Policía.
La jueza que hizo el trabajo de anulación de la causa es Analía Puigdengolas, quien en
setiembre pasó de ser secretaria de una defensoría en Morón a hacerse cargo del Juzgado
en lo Criminal y Correccional Nº 5 de Lomas de Zamora. Todos los que la conocen sostienen
que fue apadrinada por el senador justicialista Horacio Román, uno de los caciques de
Morón.
Los indicios del fabuloso enriquecimiento de los comisarios son abundantes. En los
primeros 4 meses de la pesquisa se comprobó que de los 36 investigados había por lo
menos 15 con evidentes signos de opulencia económica. Un grupo de martilleros designados
por la Justicia tasó sus fastuosas viviendas. Algunos tenían hasta siete propiedades,
cuatro o cinco vehículos y abultados gastos, y se justificaron en una supuestamente
exitosa actividad privada. Los informes de inteligencia que constan en el expediente, en
cambio, los vincularon al narcotráfico, a la venta de autos truchos, a bandas de piratas
del asfalto y a todo tipo e arreglos con delincuentes.
Entre los más prósperos estaban Oscar Canales y Juan Borgnia, quienes fueron secretarios
de Klodczyk mientras fue jefe de la Bonaerense. Oscar Viglianco –acaba de ser
designado a cargo de la Departamental de Seguridad de San Martín– relacionado con el
caso Cabezas; Claudio Smith, flamante jefe de Lomas de Zamora; Raúl Vercecci y Carlos
Propatto, señalados por su relación con supuestos negocios turbios de la jefatura en
tiempos de Klodczyk; y Raúl Machuca, el mismo que colaboró con el detenido ex comisario
Juan José Ribelli para violar la incomunicación dispuesta por el juez Juan José Galeano
en la causa AMIA.
El método por el que los comisarios corruptos acumularon bienes que no podrían explicar
en base a sus magros sueldos era fácil de sospechar, pero quedó reflejado nítidamente
en las escuchas que el juez Galeano ordenó como parte de la investigación de la AMIA.
Esas conversaciones dejaron al descubierto las formas de recaudación de las bandas
policiales, es decir el robo, la extorsión, el cobro de peajes a delincuentes y la venta
de causas a los abogados sacapresos.
–¿Viste Rodríguez, el banquero, al que le hicimos un encubrimiento? -le avisa a
Ribelli el subcomisario Maisú en una de las cintas en cuestión- Bueno, anoche trajo tres
luquitas: la corté con los muchachos y acá tengo lo tuyo.
En su momento la prensa denunció todas estas maniobras e incluso se publicaron
fotografías de las propiedades de Ribelli, el jefe Klodczyk y personajes como Mario
“Chorizo” Rodríguez. También se detallaron cada uno de sus bienes y las
tarifas cobradas en las comisarías y brigadas (ver aparte). En medio del escándalo
desatado por la difusión pública de lasescuchas y de otras causas judiciales sobre la
participación de efectivos de la Bonaerense en el negocio del narcotráfico, del juego
clandestino y de la protección a redes de prostitución, Klodczyk debió presentarse a
dar explicaciones en el Congreso. El Polaco, como le decían al jefe, habló entonces de
que los comisarios accedían a ilícitos relacionados con drogas, prostitución, manejo de
alguna causa o apañar delincuentes. Señaló que Rodríguez y Naldi eran
“pícaros” y sugirió que tenían una extraordinaria riqueza de origen más que
dudoso.
Pero más tarde el propio jefe quedó cercado por las sospechas en su contra. Para abrir
el paraguas, se autodenunció ante un juez amigo, Daniel Llermanos. Hoy se investiga a
Klodczyk por presunto lavado de dinero y desvío de fondos públicos. Ya existen
importantes indicios de que recibió 700.000 dólares como parte de un retorno en la
compra de equipos de comunicación, y está probado que utilizó a efectivos de la
policía para construir un quincho en su casa de veraneo en Lucila del Mar y para reformar
otras cuatro propiedades.
La causa de los 33 orientales se inició en enero de 1997 y tuvo rápidos avances en los
primeros meses de ese año, cuando el secretario de Seguridad era Eduardo De Lázzari. En
principio se destinó todo un equipo de investigadores a la pesquisa, pero en mayo del
‘97 De Lázzari fue obligado a renunciar y el grupo de investigadores se diluyó. A
partir de ese momento las cosas se empantanaron. La Bonaerense prácticamente se
desentendió y se argumentó que la lista de investigados era producto de una interna
policial. Es decir que el argumento no era que los 36 comisarios eran inocentes, sino que
estaban siendo atacados por otros policías tal vez tan enriquecidos como ellos. De ahí
en adelante lo poco que se hizo fue gracias al esfuerzo de los escasos empleados del
juzgado de Marcelo Soukop, que verificaron algunos datos y se preparaban a escarbar en los
gastos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y viajes al exterior de todos los
denunciados. En agosto Soukop fue ascendido a camarista y lo reemplazó Analía
Puigdengolas.
En algún momento de todo este extraño proceso, se hizo humo el expediente en el que se
investigaba al Chorizo Rodríguez. Soukop ordenó que se busque “en cielo y
tierra”, pero el legajo no apareció. La jueza Puigdengolas no necesitó buscarlo:
después de su desembarco en Lomas de Zamora, los defensores de los comisarios
investigados comenzaron a pedir la nulidad de toda la causa y en menos de dos meses la
jueza les otorgó lo que pedían. Puigdengolas adujo que toda la investigación estaba
viciada porque la denuncia inicial había sido un llamado telefónico anónimo, un
argumento que fue calificado por los juristas consultados como “absurdo”.
También sostuvo que Soukop no había sido el juez natural de la causa, una apreciación
que no se comprende del todo porque el magistrado fue quien recibió la denuncia mientras
estaba de turno en su juzgado. Por último, señaló que el fiscal no había participado
de la pesquisa, un hecho que en el antiguo Código Penal de la provincia –el que
corresponde a esta investigación– no es motivo de nulidad.
La jueza prefirió no hablar con Página/12, y sólo mandó a decir que los magistrados
“hablan por sus fallos”. El fallo, entonces, dice lo que está establecido:
prohibido investigar el enriquecimiento de los comisarios.
| De la boca de Klodczyk Las sospechas sobre el enriquecimiento ilícito de los comisarios de la
Bonaerense provienen de los orígenes más inesperados. “El comisario Mario
Rodríguez es un trabajador pícaro. Un hombre que seguramente debe tener una posición
económica más cómoda que la que se le puede comprobar. En la Policía se maneja, como
en todos lados, la posibilidad de acceder a infinidad de cosas ilícitas: drogas,
prostitución, manejo de alguna causa o de algún delincuente, apañar a alguien o lo que
fuere.” Este perfil del “Chorizo”, como un hombre que tiene bienes y los
esconde y que se enriqueció con los ilícitos, no proviene de ninguno de sus adversarios.
Fue hecho por su jefe y gran amigo, el ex titular de la Bonaerense, Pedro Klodczyk, ante
la Comisión de Seguimiento de la Investigación sobre la Aduana Paralela.
El Polaco, como le dicen a Klodczyk, no se quedó ahí y siguió sembrando dudas sobre el
buen pasar de otros de sus hombres. “Con relación a Mario Naldi, es una persona que
trabaja mucho y a quien le encanta figurar y hablar de sus bienes, que por otra parte
nunca los tiene declarados porque los que están se encuentran a nombre de su mujer.
Según él, la mujer tiene una posición económica holgada, pero hay que investigarla. El
habla mucho de sus propiedades en Orlando.” O sea que el jefe de Rodríguez y Naldi
opinaba que ambos eran pícaros y que había que investigarlos.
Opiniones jurídicas
“El criterio de la jueza fue absurdo”, explicó el
constitucionalista Eugenio Zaffaroni tras leer el fallo con el que se anuló toda la
investigación. El argumento central de la jueza Analía Puigdengolas es que la denuncia
que originó toda la pesquisa fue producto de un llamado telefónico anónimo y eso
viciaba toda la pesquisa subsiguiente. Ayer, para dejar en claro la poca solidez de esta
postura, Zaffaroni dio el siguiente ejemplo: “Supongamos que un vecino llama de
manera anónima a un juzgado para denunciar que hubo un asesinato en su barrio. Después,
la policía va al lugar y encuentra el cadáver. Plantear que la investigación del
homicidio es nula porque quien denunció el delito no se dio a conocer no tiene ningún
sentido”.
El especialista remarcó que los magistrados tienen el deber jurídico de investigar.
“Por otra parte habría que estudiar si este criterio que invoca la jueza en su fallo
lo aplicó en todos sus casos, porque es una posición tan extremadamente liberal que dudo
que en la provincia se haya aplicado alguna vez”, agregó.
En los tribunales de Lomas de Zamora la noticia de que el expediente de los 33 Orientales
había sido reducido a la nada cayó como un balde de agua fría. Allí también
criticaron duramente los argumentos de Puigdengolas; “si tuviéramos que guiarnos por
sus estimaciones no tendría sentido que el gobierno habilitara líneas telefónicas
gratuitas –0800– para denunciar actos de corrupción”, recordó uno de los
jueces consultados. Además tildaron de errónea otra de las razones aducidas por la
jueza, quien indicó que el juez Marcelo Soukop no había dado vista al fiscal sobre su
investigación. “Cualquier abogado sabe que eso no es motivo de nulidad, porque es un
hecho corregible”, dijeron sus pares consultados. |
LAS PRIMERAS DENUNCIAS FUERON DE LA PRENSA
Una investigación de los medios
La
necesidad de investigar el enriquecimiento de los comisarios no provino de mecanismos
internos ni de la Justicia, sino de las denuncias del periodismo. Página/12 fue el primer
medio que demostró los manejos de hombres de la Bonaerense en el caso AMIA. En 1994
quedó evidenciado que el delincuente Carlos Telleldín trabajaba en combinación con
policías y que éstos habían recaudado, en un solo arreglo, 40.000 pesos.
Sendas investigaciones televisivas, del programa “Edición Plus” y de Telenoche,
demostraron igualmente que los comisarios recaudaban fabulosas sumas de dinero a través
de sus acuerdos con narcotraficantes. El programa de Telefé puso sobre el tapete lo que
se llamó la Mafia de La Matanza, jurisdicción en la que reinaba el comisario retirado
Mario “Chorizo” Rodríguez. Telenoche exhibió en una investigación titulada
“Narcopolicías” la complicidad entre los uniformados a cargo de la Dirección
de Narcotráfico de Quilmes y los vendedores de drogas.
“Maldita Policía”, el artículo de Carlos Dutil en la revista Noticias,
disparó todavía más las sospechas e instaló el nombre con que se denomina a lo que fue
la Bonaerense. En la nota aparecían fotografiadas la casa de 250.000 dólares y el Cessna
de 120.000 del jefe, Pedro Klodczyk; y la camioneta Suzuki Samurai y la lujosísima casa
de su secretario Canales. Noticias también señaló el enriquecimiento de Mario
“Chorizo” Rodríguez, incluyendo su departamento de 250.000 dólares sobre la
calle Lafinur y su camioneta 4x4. Mario “El Gordo” Naldi aparece en el artículo
con una propiedad en el edificio Parquemar de Punta del Este valuado en 150.000 dólares y
con un crucero modelo Segue 57, cotizado en 600.000. Tanto Rodríguez como Naldi señalan
que tuvieron la fortuna de casarse con mujeres de muy buen pasar. Su propio jefe, Pedro
Klodczyk, ante una comisión parlamentaria, dudó mucho de esa coartada.
Para redondear, el libro La Bonaerense, del propio Dutil y de Ricardo Ragendorfer, reunió
en unas 300 páginas un largo listado de maniobras, delitos, coimas, arreglos y
extorsiones con las que recaudaron fondos los grandes porongas de la fuerza.
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