Página/12

Los fiscales Mónica Cuñarro, Horacio Rubén Amelotti, Marcelo Roma y Augusto Troncoso solicitaron ayer al juez Alberto Baños, que investiga la existencia de ñoquis en el ex Concejo Deliberante, que revoque la falta de mérito dictada a Juan Trilla, ex presidente radical de ese cuerpo; Humberto Bonanata, el otrora presidente del bloque de concejales radicales; Eduardo “Cachorro” Pacheco, legislador porteño radical y a otros nueve funcionarios de ese organismo. Los fiscales también apelaron la falta de mérito de José Manuel Pico, ex presidente del Concejo (PJ) y Roberto Luaces, un secretario administrativo de su gestión, en lo que respecta al caso puntual de Fernando Luis Inchart.
En el caso puntual de Bonanata, los fiscales pidieron “que se decrete su prisión preventiva”. El actual legislador de la Alianza, Eduardo Clienti, ya quedó procesado en la causa el lunes.
En el escrito, los fiscales hacen referencia al informe que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó en el ex Concejo. “Las designaciones espurias no podrían haberse producido si no fuera por un consenso previo existente entre algunos de los ex ediles, y la reglamentación por ellos diseñada, que permitía que un organismo público, sin la existencia de una reforma de base que organice el ámbito de sus funciones, en un marco de emergencia financiera, incremente su planta de personal en más de doscientos empleados por año –como ocurre en el cuerpo desde el advenimiento de la democracia hasta 1993– con una aproximación solamente de empleados administrativos de casi tres mil en la planta transitoria y permanente)”, puede leerse.
Los fiscales concluyen en su texto que un análisis de la estructura administrativa interna del Concejo permite inferir que “más allá de los pretendidos intentos formales de variar una situación caótica, irregular y de emergencia presupuestaria, la misma era paulatinamente agravada, por el acuerdo pactado entre distintos funcionarios del Concejo, como pacto de impunidad y silencio de las altas jerarquías y con la consecuente finalidad dolosa en cometer delitos con el consecuente perjuicio del erario”.
En ese sentido, advirtieron que el dinero que se llevaron los “ñoquis” del ex Concejo “es ese dinero que hoy falta en los hospitales públicos, en los sueldos de los maestros, vivienda, y que conmueve a la sociedad”.
También puede leerse que “un marco administrativo en el cual se designaba personal sin control, una desorganización nos develaba la falta de estructura y de responsabilidad. Nada de ello era casual. Además, la falta de medidas tendientes a revertir dicha situación desde el año 1993, con el informe de la SIGEN, hasta la denuncia de Ema Pasino, constituye el dato cierto de que si los controles estatales hubieran funcionado, el desfalco no se hubiera producido”.

Clienti atornillado

“Es un asunto del viejo Concejo Deliberante y no le corresponde al Ejecutivo intervenir”, explicó ayer Fernando de la Rúa acerca de la situación planteada con el legislador radical porteño Roberto Clienti, y aclaró que “no soy yo quien debe indicarle qué hacer”. No era ésa la declaración del jefe de gobierno que esperaban los radicales en la Legislatura, quienes desde que su colega fue procesado en la causa de los ñoquis del ex Concejo le han formulado de mil maneras que pida licencia. Ayer volvieron a hacerlo durante la reunión de bloque conjunto que mantuvieron con sus socios del Frepaso, pero fracasaron una vez más: Clienti sólo accedió a “apartarse momentáneamente” de la bancada de la Alianza, pero ratificó que continuará ocupando su banca. El pedido de los radicales y frepasistas a Clienti no es ocioso: la coalición empezó a pagar ayer mismo en la Legislatura los costos de tener en sus filas a un procesado y tuvo que imponer su mayoría numérica en ese cuerpo para frenar tres proyectos al respecto, que Nueva Dirigencia, el peronismo y Martha Oyhanarte pretendían tratar sobre tablas. No pudo evitar, de todos modos, que el caso Clienti se convirtiera en tema de discusión en el recinto.