 Por Horacio
Verbitsky
@La conversión del ex subcomisario Luis Patti en un actor político, de quien podría
depender el resultado de las elecciones presidenciales de octubre, es consecuencia de una
larga serie de claudicaciones de las principales figuras del partido del gobierno. Patti
es el muñeco maldito del doctor Frankestein, que en este caso no es una persona sino todo
un grupo dirigente. Emancipado de la tutela de quienes le dieron vida, Patti reivindica
ahora la autonomía de sus decisiones y se niega a entrar en razones y deponer su
candidatura. El presidente Carlos Menem, que lo impulsó a presentarla y le dio respaldo
político y económico para menoscabar a sus dos vicepresidentes y ahora candidatos,
Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, es el más visible de los responsables de este fenómeno
que contamina la vida política del país. Pero está lejos de ser el único, así como
tampoco Patti es un caso único de promiscuidad del sistema político con torturadores y
asesinos, como bien lo saben los habitantes de Tucumán que hasta fin de año padecerán
como gobernador a Domingo Bussi.
Las torturas a detenidos y los asesinatos fueron una constante en la carrera policial de
Patti. En la década del 70, cuando acababa de egresar de la escuela policial, fue acusado
de acribillar en un metegol a tres adolescentes sospechados de una violación. La denuncia
fue publicada en un diario local, cuyo director, Tilo Wenner, fue secuestrado durante la
dictadura. En 1976 fue imputado por torturas al detenido Julio Di Battista, en San Isidro.
En 1983 fue sobreseído en la causa por las torturas y el homicidio en Zárate de Osvaldo
Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Pereyra Rossi era dirigente nacional de lo que años
antes había sido la organización Montoneros. Según el parte oficial habían caído en
un enfrentamiento con la policía pero varios testigos vieron el secuestro en el bar
Magnum de Rosario y la autopsia descubrió marcas de golpes, quemaduras de picana
eléctrica y ataduras con cuerdas y que los disparos mortales fueron efectuados a
quemarropa. Cuatro peritos oficiales y dos médicos forenses de la justicia nacional lo
corroboraron. La Cámara de San Nicolás calificó como “de débil contextura la
credibilidad” de la conducta de Patti. Añadió que ella, “en cuanto a la
argumentada gestación y dinámica del suceso resulta sospechosa”. También dejó
constancia de que varios testigos modificaron en forma extraña sus primeras afirmaciones.
Pero lo sobreseyó. Otra denuncia de Patti como torturador fue recogida por la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas. En el legajo N°2530 figura como “Patty
o Patti, (a) El loco. Oficial integrante de sección o grupo en la comisaría de
Tigre”. Según el testimonio recogido “a esa regional iban a parar los detenidos
en las escuelas secundarias y de ellos se ocupaba el tal Patti. Sabe por dichos de
terceros que esa misma persona había tenido participación en un tiroteo en que murieron
unos chicos de la secundaria, en Boulogne”. El padrino
Si el sistema judicial mostró su inocuidad para sancionar los crímenes cometidos
desde el aparato coercitivo del Estado, el ex gobernador de Buenos Aires Antonio Cafiero
fue el primer padrino político de Patti. Con su recomendación, se hizo cargo de la
seguridad de los countries de la zona norte, donde llegó a ser un ídolo. Uno de los
detenidos en agosto de 1990 por el robo a la municipalidad de Merlo denunció que Patti lo
había torturado, y el paso de corriente fue comprobado por el peritaje. Al mes siguiente
el juez Raúl Borrino lo detuvo por torturar a los detenidos Mario Bárzola y Miguel
Guerrero. Entonces, dos centenares de agresivos manifestantes, la mitad de ellos
policías, presionaron por la remoción del juez, con el respaldo de los gobiernos de la
Nación y de la provincia deBuenos Aires. Menem dijo que Patti hacía todo bien y que
había limpiado la zona de delincuentes. La plana mayor de la policía bonaerense, con el
jefe a la cabeza, visitó al prohombre en su lugar de fugaz detención, con expresa
autorización del gobernador Cafiero y su ministro José María Díaz Bancalari, quien
ahora cumple las mismas funciones en el gabinete de Duhalde. La Suprema Corte de Buenos
Aires rechazó ese clima de idolatría del procesado y linchamiento del juez y los
procedimientos con los que “se presiona a los jueces con la finalidad de influir
ilegítimamente sobre el ejercicio de sus funciones”. Los peritajes demostraron sin
discusión posible las lesiones de la picana eléctrica. Sin embargo, Borrino fue apartado
de la causa y quien lo reemplazó, Raúl Casal, dejó en libertad a Patti, una vez más
por razones formales, mientras seguía el proceso.
Duhalde y Menem lo designaron como interventor en el Mercado Central, un órgano mixto con
participación de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, que por entonces dependía
de la Presidencia. Duhalde se exhibió con Patti en un acto en apoyo de la policía
realizado en el Luna Park y Menem lo envió a Catamarca con la alegada misión de
esclarecer el asesinato de María Soledad Morales. De este modo le confirieron un aura de
respetabilidad, mientras seguía procesado por torturas. El juez que sucedió a Casal,
Juan Carlos Tarsia, consideró probado que los detenidos Bárzola y Guerrero fueron
“sometidos a diversos actos de violencia física, los que dejaron huellas que fueron
certificadas en autos a través de reconocimientos médicos”. Pero dejó pasar el
tiempo sin llevar a cabo las medidas procesales necesarias y terminó por absolver a
Patti. El 24 de noviembre de 1995 la Cámara de Apelaciones de San Isidro confirmó ese
fallo, aduciendo que el transcurso de cinco años obligaba a declarar extinguida la
acción penal por prescripción y observó al juez Tarsia. La índole política de esa
decisión se mide en días: sin esa absolución Patti no hubiera podido asumir, dos
semanas después, como intendente de Escobar. Cuando presentó su candidatura, el
justicialismo local lo expulsó, pero fue desautorizado por Duhalde. El fallo absolutorio
acaba de ser confirmado por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, pese al dictamen
en contra de su procurador general Eduardo De la Cruz.
La venganza será terrible
Cada vez que estos antecedentes han sido divulgados, Patti respondió con evasivas
formales pero sin negar los hechos. “Que digan que participé en la lucha contra la
subversión. Que digan que soy un torturador. Yo no lo niego. Pero que no me acusen de
chorro ni de corrupto”, dijo en 1996. Por eso Patti atribuyó a una operación de
Duhalde las denuncias sobre actos de corrupción en Escobar. Pero sus respuestas en el
programa “Día D” fueron poco convincentes. La semana pasada el Centro de
Oficiales Retirados de la Policía de Buenos Aires en una circular titulada “La
seguridad defraudada” invitó a no votar por Duhalde, a quien ni siquiera luego del
relevo del ministro Carlos Arslanian le perdonan la disolución de la mejor maldita
policía del mundo. La periferia familiar de los 50.000 hombres de uniforme robustece el
caudal electoral de Patti que cada día preocupa más a Duhalde y no sólo a su candidato
a gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf.
El análisis sobre el destino que tendrían esos votos si Patti declinara su candidatura
varía según cada consultor. Algunos estiman que dos de cada tres preferirían a Ruckauf.
En ese caso la distancia que según los últimos sondeos lo separan de Graciela Fernández
Meijide desaparecería y ambas candidaturas quedarían igualadas. Pero otros creen que la
distribución sería pareja entre las dos fórmulas, con lo cual el retiro de Patti nada
cambiaría. Hasta ahora Patti ha rechazado todos los ofrecimientos que recibió y es
ostensible su satisfacción por la centralidad que está adquiriendo en la campaña
electoral, algo que ni siquiera ha logrado el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. El
fallo absolutorio de la Suprema Corte es tan oportuno como lo fue hace cuatro años el de
la Cámara de San Isidro. Como parte de la negociación, Duhalde contempla ofrecer al ex
policía el primer puesto en la lista de candidatos justicialistas a diputados nacionales.
Esta hipótesis ha erizado a Ruckauf y Felipe Solá, quienes han insinuado la posibilidad
de renunciar a sus candidaturas en desacuerdo. Esa es una catástrofe que Duhalde no puede
permitirse, aunque dista de estar claro que en caso de concretarse el pacto esa amenaza
fuera a cumplirse. De hecho, nadie renunció al PJ cuando se afiliaron el propio Patti o
el teniente coronel Aldo Rico.
La parábola que llevó a un ex policía torturador a convertirse en algo cada día más
parecido a un árbitro electoral contiene enseñanzas amargas para la democracia
argentina. Que lo haya hecho sin negar su prontuario sino reivindicándolo sugiere que
hoy, igual que hace dos décadas, un sector significativo de la sociedad está dispuesto a
mirar hacia otro lado sin importarle la violación de derechos y garantías fundamentales,
a cambio de una ilusión de seguridad. Que la dirigencia política lo estimule y se lo
permita confirma que sin los pusilánimes y los oportunistas el fascismo no hubiera sido
ni sería posible. No es un dato menor el pronunciamiento en favor de Patti del hombre de
negocios más poderoso del país, Gregorio Pérez Companc. Nadie podría reprocharle
incoherencia. Hace medio siglo su compañía financiaba las actividades del cura Julio
Meinvielle, el propagandista antidemocrático y antisemita más furibundo de la historia
argentina.
La creatividad contable
Esta semana Duhalde inauguró una nueva táctica de campaña, sobre cuya duración es
imposible hacer vaticinios, dada la fugacidad de las que la precedieron y la inestabilidad
del candidato. La propuesta rebaja impositiva tiene dos fuentes de origen. Una es el
programa de gobierno de Cavallo, si bien el candidato de Acción por la República es
mucho más drástico en ese sentido que Duhalde. La otra es la consultora brasileña Duda
Mendonça, que ya asesoró a José Manuel De la Sota en Córdoba.
Sobre la inviabilidad de una desgravación que implicaría duplicar el déficit tienen
conciencia hasta los miembros del equipo económico de Duhalde, que no fueron consultados
antes de los anuncios. Todos los impuestos que el candidato reclama suprimir o rebajar
fueron votados por los legisladores justicialistas. Además, es incongruente la supresión
del impuesto a los intereses de préstamos financieros con el anterior golpe de efecto que
intentó Duhalde, sobre los pagos de la deuda externa. El incremento del endeudamiento ha
sido paralelo al de la fuga de capitales al exterior, que constituye un rubro destacado de
la evasión impositiva. La reforma de 1998 procuró impedir una de las maniobras más
comunes para no pagar impuestos, que consistía en reingresar al país parte de los fondos
fugados haciéndolos pasar por préstamos tomados en el exterior. Al imponerles un tributo
se desalentó la evasión. Eliminado ese subterfugio se produjo una epidemia de proyectos
de blanqueo de capitales fugados. Al de la Bolsa de Comercio que se comentó en esta
página hace dos semanas hay que sumar el de la Cámara de Comercio, anunciado por sus
autores en conferencia de prensa nada menos que desde el despacho de Roque Fernández. Es
cierto que al no fijar un límite mínimo para el impuesto a los intereses, la ley
también complicó la situación de las empresas más pequeñas y débiles, aquellas que
ya pagan una tasa más elevada para obtener financiamiento. Pero la supresión lisa y
llana del gravamen equivale a una nueva carta blanca para la evasión y la fuga de
capitales. Del mismo modo, la derogación del reciente impuesto a las ganancias presuntas
también alentaría la evasión o, como dice un tributarista, “el abuso de la
creatividad contable” por parte de empresas que año tras año muestran balances sin
ganancias. En los países donde se aplicó este impuesto los balances mostraron un
sostenido incremento de las utilidades, sin que ello se explicara por cambios en las
circunstancias macroeconómicas.
Antes de decidirse por los consejos de Duda Mendonça, Duhalde escuchaba los análisis de
James Carville. El asesor estadounidense, que durante meses estuvo relevando información
sobre la Argentina y su vida política, renunció 24 horas después de presentar su
diagnóstico y su propuesta, en un encuentro en el que Duhalde permaneció silencioso,
pero con movimientos negativos de su cabeza, que no podían interpretarse como
asentimiento. Según la lectura de Carville, aunque el principal problema que afecta a la
sociedad argentina es la desocupación, nadie espera de ninguno de los candidatos un
cambio rápido en esa materia. El tema que podría marcar una diferencia respecto del
competidor sería la actitud ante la corrupción. Duhalde debería presentarse como el
abanderado en la lucha contra los corruptos y escalar hacia el 24 de octubre con una serie
de denuncias, que no irían dirigidas contra su competidor electoral, a quien se considera
invulnerable en ese terreno, sino contra altos funcionarios del gobierno nacional. El
primer blanco debía ser el delegado presidencial en la obra social de los jubilados,
Víctor Alderete. Pero al mismo tiempo Duhalde estaba negociando una tregua con Menem, que
le cubriera las espaldas para dedicarse de lleno a enfrentar a De la Rúa. Carville
entendió que Duhalde no estaba en condiciones de aceptar su recomendación y se despidió
sin dramatismo.
No menos que respecto de Patti, Duhalde también es corresponsable por la política
económica de la que ahora procura tomar distancia. Más allá del análisis de viabilidad
de lo que ahora propone, también es dudosa su eficacia como argumento proselitista. Es
cierto que cuando por consejo de los consultores brasileños De la Sota prometió rebajar
en un tercio todos los impuestos provinciales no era el favorito para los comicios que
terminó ganando por una diferencia inusual en Córdoba. Pero las diferencias entre la
elección cordobesa y la nacional son ostensibles. El triunfo del candidato justicialista
también puede leerse como fruto del cansancio por 16 años de gobierno radical, que
incluyó los cargos de corrupción que cerraron el período de Eduardo Angeloz y el duro
ajuste que realizó Ramón Mestre. En octubre, en cambio, se podrá expresar el hastío
por casi once años de gobierno justicialista, ajuste incluido. Cada uno es hijo de sus
obras y con políticos que llevan tantos años en el primer plano de la escena nacional es
improbable que los duros hechos puedan ser desplazados por una imagen publicitaria.
Cambio de nombre
Los dos candidatos presidenciales y el jefe saliente del Poder Ejecutivo se reunieron
en Buenos Aires con el responsable de la política contra las drogas del gobierno de los
Estados Unidos. Ex jefe del comando sur del Ejército de su país, Barry McCaffrey es un
general atípico. En cuanto asumió el cargo defraudó buena parte de las expectativas al
plantear que no debía ponerse el énfasis en la represión sino en la prevención de lo
que constituye un problema de salud pública. Desde que el presidente Bill Clinton
definió como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos la situación en
Colombia, McCaffrey y otras autoridades de su país han procurado persuadir a todos los
países de la región que no estaban propiciando una intervención militar en aquella
nación. Aquí, antes de la llegada del general, el encargado de la embajada, Manuel
Rocha, reunió a políticos de los principales partidos y a periodistas para transmitirles
ese mensaje, que McCaffrey ratificó en su conferencia de prensa al concluir su ronda de
entrevistas.
No obstante, la aprobación por el Congreso norteamericano de fondos extraordinarios para
Colombia y el relajamiento de los controles que hasta este año diferenciaban entre
contrainsurgencia y lucha contra el tráfico de estupefacientes, marcan una escalada en la
injerencia estadounidense en la región. Según una investigación publicada en julio de
1998 por el diario norteamericano “The Washington Post” el Pentágono
“está realizando ejercitaciones de entrenamiento especializado con todos los
ejércitos de Latinoamérica, a menudo eludiendo la efectiva supervisión civil”. Ese
año, 2.700 efectivos estadounidenses se desplegaron en 26 países de América Latina y el
Caribe, según las cifras del Comando Sur. Esos despliegues “están haciendo que los
críticos en los Estados Unidos y en Latinoamérica se pregunten si es apropiado ese
compromiso tan poco controlado con los ejércitos de la región, cuando los inmaduros
gobiernos democráticos todavía están luchando por consolidar la supremacía
civil”, sostuvo el “Washington Post”.
En la Argentina dos obstáculos difíciles de salvar se oponen a los propósitos
estadounidenses. Uno proviene de las leyes de defensa nacional y de seguridad interior. La
presión estadounidense parece haber logrado algún efecto en ese sentido. El mismo día
en que se reunió con McCaffrey, el candidato presidencial de la Alianza, Fernando De la
Rúa sostuvo que “la Ley 24.059 de seguridad interior regula la función de las
Fuerzas Armadas, que es la de dar apoyo logístico y acumular datos de inteligencia”.
Esto no es cierto. La ley veda la actuación militar en misiones de inteligencia u
operativas dentro del país.
Contradictoriamente, en la misma declaración De la Rúa dijo que de llegar al gobierno
promovería una ley que permitiera a los militares hacer inteligencia sobre los
narcotraficantes internacionales. Cualquier claudicación en esta materia puede tener
consecuencias letales para la consolidación de un sistema democrático sin intromisiones
castrenses. En la investigación citada el “Washington Post” citó a oficiales
norteamericanos que dirigen el entrenamiento de las tropas latinoamericanas según quienes
la mayor diferencia entre estos programas y los tradicionales de tiempos de la guerra
fría es que “los efectivos norteamericanos son llamados entrenadores y no
asesores”. Un alto oficial declaró: “Si se trata de destruir un blanco, da lo
mismo llamarlo un laboratorio narco o un campamento guerrillero. No hay mucha diferencia
entre lucha contra las drogas y contrainsurgencia. Sólo que ya no usamos la expresión
contrainsurgencia porque es demasiado irritante”. Es una lectura recomendable para
candidatos.
De copas
El segundo obstáculo para los objetivos estadounidenses es la insignificante
incidencia en la Argentina de la adicción a sustancias prohibidas. McCaffrey fue
precedido por sus declaraciones formuladas en otras escalas de su gira contintental,
según las cuales habría un dramático aumento en la adicción a las drogas entre los
jóvenes argentinos. En marzo de este año la secretaría de la Presidencia especializada
en la materia difundió su Primer Estudio Nacional sobre Adicciones, que refuta las
afirmaciones del visitante. Aquí el abuso de alcohol y de tabaco superan en forma
abrumadora a la adicción a sustancias prohibidas que, incluso son superadas por la
adicción a medicamentos de venta legal. De acuerdo con una muestra representativa de toda
la población entre 19 y 65 años:
La semana anterior a la encuesta habían usado
Alcohol 66,2%
Tabaco 39,8%
Marihuana 2,2%
Sedantes 1,5%
Cocaína 1,2%
Estimulantes permitidos 0,6%
Inhalantes 0,4%
Pasta base 0,3%
Alucinógenos, opiáceos 0,2%
Crack 0,1%
El alcohol está presente en 55,7 por ciento de las urgencias que se atienden en
hospitales públicos y en cuatro de cada diez accidentes de tránsito, lo cual describe un
problema sanitario y de seguridad incomparable con cualquier otro rubro. Sin embargo, ni
los gobiernos argentino y estadounidense ni los candidatos presidenciales lo han incluido
en la agenda bilateral.
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