Por Alejandra Dandan Frontera. Tierra boliviana.
Yacuiba, cuatro kilómetros antes del límite argentino. Mario, un boliviano, habla del
pase. De ése, aunque podría hacerlo de cualquier otro:
–Es ahí en la boletería, se habla del dinero, tú se los das y ellos te ponen una
persona como guía turística, te lleva a pasar la frontera.
Es parte del juego: el boliviano gana el pase al territorio argentino vestido de turista.
El atentado contra Almirante Brown dejó el juego al descubierto: la frontera aparece como
una de las hipótesis sólidas en la investigación, una fuente de dinero para las
empresas de las rutas del norte. En Salvador Mazza y Aguas Blancas confluyen
trasportistas, choferes, gendarmes y agencieros que buscan negocios. Página/12
entrevistó a pasajeros bolivianos, choferes y empresarios para reconstruir un negocio
donde las jugosas ganancias multiplican flotas. Todos saben que el boliviano que no es
turista difícilmente pase. Para entrar necesita una “bolsa de viaje”: 50 pesos
por día para gastar en la Argentina. Suelen ser 1500 en total. No tiene el dinero: lo
alquila por cinco horas hasta el último control. Por ese alquiler paga una comisión: 10
por ciento. Son pasajeros de suelos donde se gana con bagayeo, muleando coca, disfrazando
turistas o revendiendo pasajes. Los bolivianos son negocio. Son clientes de la Veloz del
Norte, Flecha Bus, La Internacional o Atahualpa. Y clientes de Almirante Brown, dueña de
un micro quemado con 13 muertos.
Agosto 11, parador Fighiera. Estalla el interno 40 de la línea Almirante Brown de
ómnibus. Hay trece personas muertas. Entre ellas, Emiliana Solís de 29, su hijo Roberto
Carlos y Franci Paco Jacinto, de 47. Eran bolivianos. La jueza Alejandra Rodenas ordenó
la primera detención: Eduardo Antonio Escudero, ex chofer despedido de la empresa. Hay
dudas ahora sobre su supuesta participación en el atentado.
–En dos días las sospechas sobre el tipo se caen, vas a ver.
Se lo dice a Página/12 una fuente de la empresa. El origen de la bomba, opina, no
estaría en Escudero. “Lo detuvieron para poder trabajar tranquilos en otra
línea”, especula la fuente. Esa otra línea son en realidad varias. Pero hay una
fuerte.
–Para mí fue otra empresa –vuelve a decir.
En el ambiente las sospechas recaen sobre dos. Ambas compiten con Almirante Brown. Pelean
por capturar pasajeros bolivianos. Pelean por rutas, tarifas y podrían hacerlo por
mejorar ganancias ligadas al tráfico ilegal de personas. Podría –según versiones
que circulan en la CNRT– “tratarse de un ajuste entre mulas”.
–No tenemos pruebas, por eso no podemos acusar –dijo otra fuente cercana a la
empresa–. Me parece bien que nos investiguen a nosotros, pero ¿por qué no
investigan a las otras dos?
Polo Norte
“La Almirante Brown apunta directamente al boliviano”, se apura alguien de la
empresa. El dato aparece entre los dueños y, también, entre bolivianos. En mayo del
‘98 los coches 02, 03 y 12 de Almirante Brown cruzaron por primera vez el país hasta
Salvador Mazza. La compañía de los hermanos Serrano empezaba así a competir en las
rutas de larga distancia. Sólo dos de esos tres coches eran propios y no había más.
Pero los Serrano ya conocían el negocio rutero norte. Hasta allí alquilaban sus micros a
la Chevallier, que se iba fundiendo. En un año la Brown equipó su flota con 17 ómnibus.
El costo promedio es de 250 mil dólares. Alista ahora una nuevo bastión de micros. Diez.
Necesita prepararse: hace 90 días ganó una licitación para llegar directamente a 450
kilómetros al norte de la frontera. Ese destino es Santa Cruz de la Sierra, al interior
de la tierra boliviana hasta donde desde hace un año sólo viaja Flecha Bus aunque ya no
lo hará (ver aparte).
El tránsito de bolivianos encierra una dificultad: la legalidad. Hay un convenio marco
que les permite ingresar como trabajadores, pero esa entrada es restrictiva. La
alternativa: el pase como turistas. Es allí cuando la máquina fronteriza empieza a
funcionar: el boliviano podrá conseguir una visa de turista hasta de 90 días. “El
Ministerio del Interior creó una resolución copiada de la Comunidad Europea”,
enmarca ahora Susana Larregui, ex consultora de la Unidad de Migraciones Internacionales
de Cancillería. “Se le exige a cada boliviano que entre con un aval de 50 pesos por
día de turista solicitado.” Esa bolsa de viaje habitualmente es de 1000 o 1500
pesos.
Gendarmería es la encargada de controlarla y, también, de no hacerlo. Los bolivianos, la
mayoría, no tienen esa suma, pero necesitan entrar en el país. Hay empresas que quieren
traerlos y ganar dinero. Ponen en marcha entonces mecanismos de préstamos. Durante cinco
horas el boliviano será dueño de los 1500 pesos que les abren las puertas del país, los
prestamistas se quedarán con el 10 por ciento de comisión que cobran por cada préstamo.
Eriberto Mallón es boliviano. Dice:
–Las empresas nos recomiendan: pónganse presentables para el viaje.
Ramiro Maldonado es boliviano. Dice:
–Todas las que te traen desde Bolivia están en el negocio.
El ritual de pase
Mario y María, su mujer, atravesaron el puente de Yacuiba. “Ya en Santa Cruz nos
ofrecieron traernos hasta Buenos Aires y hacernos entrar”, dice María. Ese no fue el
sitio donde hicieron el arreglo, llegaron hasta la frontera. Mario tenía documentos
argentinos. María, no, tampoco tenía dinero para la bolsa de viaje. “Se acercan de
la empresa de transporte, ahí en la frontera, son los que vienen para acá, a Capital
–va explicando Mario–. Son conocidos y ofrecen sacarnos la visa y prestarnos el
dinero para mostrarlo en los controles. Cuando nosotros entramos, pagamos 1500. Ellos se
encargaron de todo.”
Hay voceo para la venta de pasajes. Ese pase clandestino es gritado como ofertas en colas
o en boleterías de las empresas argentinas emplazadas en suelo boliviano. “Tú
entras a la boletería –sigue Mario– y dentro pagas tu pasaje y la comisión de
150 pesos por el préstamo.”
José es chofer de una empresa de micros. Viajó a Aguas Blancas. Va hace varios meses a
Salvador Mazza. “Hay un hombre boliviano –dice– que es el prestamista en
Salvador Mazza, Aguas Blancas y la Quiaca.” El chofer continúa: “Le dicen El
Chino. Su hermano José es la cara visible, es el encargado de la boletería Salvador
Mazza donde se venden los boletos y se cobra la comisión”.
El Chino es dueño del coche 03 de una de esas empresas. El chofer explica ese rito de
cruce de frontera que confirmará cada uno de los bolivianos entrevistados por Página/12.
“A los pasajeros se les asigna un puntero, lo llaman así. Viaja en el micro con
ellos. Arriba les reparte la plata que les van a pedir en los controles.” Para su
empresa trabajan diez punteros, José continúa: “En la línea que va a Salvador
Mazza, el puntero sigue en el ómnibus hasta Güemes, el puesto de control de Pampa
Blanca”. Pasado el último puesto de Gendarmería, se baja el puntero. Regresa al
nido de origen en un micro de la misma empresa.
En esa línea “al principio –sigue ahora Ramiro– los punteros no tenían
pasaje y una vez protesté porque nos estaban haciendo cómplices”. El inconveniente
se resolvió: los punteros empezaron a viajar con boletos. Mario habla de ese hombre al
que le enseñaron a señalar como el guía.
–Ahí se habla del dinero y tú le das el dinero y ellos te ponen una persona como
guía turística, te lleva a pasar la frontera. Y pasa contigo la frontera, creo que debe
ser conocido, en su mayoría son argentinos.
–¿El préstamo de la bolsa se hace a la vista?
El chofer se ríe.
–Pero sí: como una agencia de cambio. Sobre el mostrador –dice y chasquea
billetes invisibles– así. Te dicen: Tomá mil o tomá 1500 y lo cuentan adelante
tuyo y te lo dan. Punto.
El guía puede también repartir el dinero adentro del micro. Tiene su ticket de viaje.
Terminados los controles, deja su asiento, se para y vuelve ahora a recogerlo. Al final,
si los bolivianos trasladados son diez ha obtenido para su patrón al menos 1500 dólares.
“Pero nosotros venimos cargados todos los días con bolivianos, mínimo entre 15 o 20
tipos pagan”, sigue José y a la cuenta pueden agregarse otros 1500 más.
Eriberto es de la Asociación Civil Comunitaria un Futuro Integrado. Dice: “Todo
empieza con la chica que vende el pasaje”. Algunos no pagan la comisión, se
arriesgan. La mayoría pierde: “En el micro que venía yo a dos paisanos los bajaron
en Tucumán porque no tenían el dinero”. Hay pedidos de dinero extra. Ramiro
Maldonado hace silencio, después dice: “O pagas una cometa o te quedas en el puesto
y pierdes tu pasaje y tu tiempo. Si te resistes, te hacen un sumario legal o te expulsan o
dan diez días para poner tu situación en regla”.
Colgados del bagayo
El boliviano se traviste. Esa tierra fronteriza fabrica la maquinaria para vestirlo. Tiene
que ser turista. Es la condición del pase. Hay cursos de minutos con instrucciones para
responder a la Gendarmería como debe hacerlo un turista adinerado. Larregui pasó como
funcionaria de Cancillería por la frontera. Revisó puestos. Y se sorprendió: “Les
ofrecen trajes, pelucas, cámaras fotográficas. Se vocean attachés, valijas”, dice.
La estética del turista no olvida nada. Pueden conseguirse documentos. O el ofrecimiento
de un chofer: por 100 dólares pasan un “bagayo” para entrarlo al país. José
dice:
–Yo por cada bagayo que entro a un boliviano cobro 100 mangos. Si me lloran y dicen:
“El de allá me cobra 50”, le digo: discúlpeme, si quiere mándelo allá.
Esos bagayos son bolsos con mercadería nueva. “Los venden acá –sigue–, en
la estación Saavedra, Once o Pompeya.” El vende. “En frontera cargar un bolso
con mercadería nueva cuesta 450 pesos. Si lo vendés acá, ganás 1200.” El chofer
habla ahora, en un bar, de cálculos repetidos a lo largo de esos 2200 kilómetros que
separan el obelisco de Salvador Mazza. “De la otra forma –no deja tregua–,
para ganar 1200, tenés que traerte 12 bagayos.”
Lejos de ahí, en la provincia un colega aclara que “no, yo droga no, ¿para qué? La
droga es otra historia, se pasa por la puerta cinco, en la frontera donde mataron hace
poco a tres gendarmes. Todo el mundo lo sabe. Es en el monte”. No hay tiempo, dicen,
para el traslado de droga en micros. “En la terminal estás una hora como máximo y a
la vista de todos”, dice José. En la empresa saben que entre las versiones que
rodean el atentado apareció esa opción. La descartan. “Para traer droga tendríamos
que hacerlo en el chasis –dice ahora Serrano– y eso es imposible.”
Los choferes tienen su negocio: “el chiquitaje”. Lo dicen. El colega de José
pide café, en vaso y cortado. Es chofer, hace 25 años: “Vos te vas a la frontera
para traerte el bagayito, le metés al bolita el bolso y después repartís –sigue,
no respira, se apura–. Eso sí: yo como y doy de comer”.
Esa comida es un agasajo que cobra materialidad cuando cada uno pone su cuota. Esa parte
incluye el pago a la Gendarmería para garantizar la invisibilidad del traslado de
bagayos, y de personas. En la mesa del bar, ambos choferes dan nombres. Después dicen
“comandantes”: “El comandante de cada puesto recibe 3000 pesos de la
empresa. De cada empresa 3000 pesos –repite uno–. Por mes”. Ese sería el
pago por las bolsas de viajes mentidas. La cuotas en los controles son más bajas.
“Yo creo que la Gendarmería es la fuerza que más sabe –dice José–; si a
vos te preguntan por los paquetes que traés, mejor que le digas que los tenés porque si
telo están preguntando ya lo saben”. Al interrogatorio de los uniformados, sigue la
respuesta de los choferes: “Les dejás entre dos cajas de alfajores, una guita por
los bolsos que traés y ya está”.
La máquina anda. Es un juego de pase de ilegales. Es rueda de dinero codiciada. Pero
también lastima. O puede hacerlo.
EL VELOZ CRECIMIENTO DE LA EMPRESA QUE SUFRIO
EL ATENTADO
Competir puede ser muy peligroso
Por A.D.
El
atentado desnudó la furiosa competencia entre trasportistas. Almirante Brown cayó
entrampada; trece de sus pasajeros, muertos. La gerencia de la empresa dice frente a los
micrófonos: “La relación con los colegas es buena, no puedo decir que es muy buena,
digo buena”. Fuera de grabador, gente cercana admitió a este diario la opinión
–aún sin pruebas– de una empresa competidora detrás del homicidio de Fighiera.
Nombran a dos, saben que no tienen pruebas. Hace poco más de un año Brown metió las
trompas de sus coches doble piso en territorio de imperios del transporte. Creció por el
tránsito de pasajeros con Bolivia. En ese país tienen la empresa Copacabana
Internacional. Acá, una habilitación para extender el recorrido hasta Santa Cruz de la
Sierra. La empresa creció en Tucumán y Santiago del Estero: desde esa región recibió
una denuncia de la Veloz del Norte y General Urquiza por usar como terminal la ciudad de
Tucumán, fortaleza de ambas. El dueño de Urquiza y Empresa Argentina es Juan “El
Linyera” Martínez, dueño original de Brown y ligado al justicialismo. En el
‘88 financió la construcción del menemóvil. Fue accionista de Chevallier, igual
que su ex socio: Juan Carlos Cobas, acaudalado empresario estrechamente vinculado con
Alberto Kohan.
Pablo Nogués. La calle Maipú es tierra de Brown. Allí se administra la compañía de
los Serrano. El apoderado de la empresa atiende a Página/12. Es Guillermo Nothen, ahora
socio de Serrano y Delia Miño, en Comunicaciones Brown, creada para habilitar locutorios
como expendedores de pasajes. En la oficina de Nothen hay un mapa político de Bolivia.
Está en una pared, abajo se sienta Eduardo Boto, jefe de tránsito. Los dos fueron
hombres de Chevallier. Ahora son ejecutivos de una empresa cuyas rutas estuvieron ligadas
a aquel emporio actualmente en quiebra. En la frontera norte, Ricardo Pugliese coordina el
negocio de la zona limítrofe. También es ex Chevallier, igual que un cuarto hombre
disparador del proyecto Almirante Brown: Juan “El Linyera” Martínez.
Los Serrano aprendieron en Chevallier el camino a Salvador Mazza y Aguas Blancas: le
alquilaban su flota. Cuando el quiebre fue ganando a la compañía, Brown pidió esas
rutas. Su flota empezó el tránsito en mayo del ‘98. Dos meses antes, la CNRT
otorgó el tramo La Pampa-Arizona como servicio público. A partir de allí pudieron pedir
como tráfico libre los destinos de Salvador Mazza, Aguas Blancas y Salta. Y otro de La
Banda a Salvador Mazza.
La carrera comenzó con una empresa interurbana: Serrano SRL, una empresa de charter con
circuito entre el conurbano noreste y el centro. Dueños de algunos micros, prestaban
ómnibus a Juan Martínez. Hombre accionista de Chevallier, Martínez se había retirado y
creado General Urquiza y Almirante Brown, sólo de viajes de temporada a la costa. En 1992
los Serrano compraron Almirante Brown en sociedad con los hermanos Gerón hasta el
‘95, después siguieron solos.
Hace seis meses, Brown obtuvo la venia para entrar en Tucumán y Santiago del Estero. Pero
no sólo entró en las rutas del hombre patrocinador del menemóvil: intentó quedarse.
Martínez lo denunció. La CNRT reconoció a Página/12 la denuncia contra Brown, que
decidió concluir un servicio en Tucumán, cuando el destino obligado y anunciado en
Retiro era “refuerzo Aguas Blancas”. Esa denuncia fue acompañada por La Veloz
del Norte, del salteño Marcos Lewin, propietario según algunas versiones, del popular
tren de las nubes.
Las ventanillas de Brown, en Retiro, dicen “próximamente iremos directo a Santa Cruz
de la Sierra”. Hay una lista de cinco ciudades bolivianas y otra indicación:
“Asegúrese nuestras combinaciones desde Buenos Aires y –resaltado– pague
30 por ciento menos”. Para el combinado ofrecen Flota Copacabana. La empresa
Copacabana Internacional –aún no está en marcha–la comparten Horacio Serrano,
Carlos Badaloni de Andesmar y José Luis Montaña, un empresario boliviano dueño de Trans
Copacabana.
Ese 30 por ciento es asociado a la guerra de tarifas que en los primeros días intentó
darle alguna explicación al atentado. Los expertos rechazan esa hipótesis: el 7 de julio
todas las empresas suscribieron un convenio que las obliga a igualar precios. Antes no.
El ejemplo lo da un chofer de una de las empresas:
Destino Salvador Mazza. Partida Buenos Aires. Precio, La Veloz del Norte 90 pesos.
Almirante Brown, 65.
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