Página/12 en Uruguay
Por Alejandro Sosa Dias Desde Montevideo “El cambio a la
uruguaya” es el slogan central de la campaña del Encuentro Progresista y el Frente
Amplio. ¿Es posible tal cosa? Algunos creen que el reducido tamaño del país, similar al
recomendado por las utopías de los demócratas rousseaunianos, favorece las políticas de
cuño progresista. Otros piensan que esto no es así y, más sombríamente, imaginan al
Uruguay como una suerte de Albania capitalista. La izquierda local no resigna sus chances
electorales y ha lanzado a la consideración de la opinión pública un Plan de Emergencia
que muestra la o-rientación económico-social que tendría su gobierno, en caso de vencer
en las elecciones de octubre próximo.
Apenas dado a conocer, el documento fue sometido a duras críticas por parte de los otros
partidos. Luis Hierro López, candidato a vicepresidente por los colorados, afirmó que el
Plan de Emergencia presentaba falsamente la realidad uruguaya, como si ésta se encontrase
en un estado similar al de Kosovo. Otras críticas, menos enfáticas, ponían en duda la
realidad de las cifras manejadas por la coalición para llevar a cabo su diagnóstico. El
documento caracteriza la situación uruguaya como una “emergencia social y
productiva”, fundado en varias cifras que han desatado una, hasta ahora,
intrascendente polémica estadística. Allí se menciona la existencia de 700.000 pobres y
500.000 uruguayos en condiciones de desocupación y subocupación. La situación del
campo, tradicional bastión de la economía nacional, es vista con el mismo pesimismo,
pues el documento sitúa a un 40 por ciento de los productores rurales por debajo de la
línea de pobreza.
El origen de estos males, según el Plan de Emergencia, radica en la continuidad de una
política económica que “se preocupa del equilibrio fiscal antes que de la
gente” y de “un gobierno que proclama grandes éxitos” mientras que la
población observa “que la producción disminuye y aumenta el desempleo”. El
documento afirma que “ya probamos 15 años con esta receta. Llegó el tiempo de
cambiar”. Estos 15 años aludidos son el conjunto de políticas económicas llevadas
adelante por los gobiernos posteriores al paréntesis autoritario (1973-85).
El eje de las soluciones propuestas por Tabaré Vázquez y el Encuentro Progresista radica
en el cambio de la distribución de la riqueza social. El Plan de Emergencia se ve a sí
mismo como “una acción combinada en materia de empleo, salud, educación y
vivienda”. Su objetivo es superar lo que caracteriza como “estado de pobreza
estructural” en el que, coligen, se encuentra el país. El plan apunta a obtener una
mejora inmediata en la situación de los sectores postergados. Más que a clases sociales
o a los pobres en general, el documento se refiere a segmentos de población con problemas
específicos. Estos son: las mujeres jefas de hogar pobres, los que carecen de vivienda,
los jóvenes sin trabajo o estudio y los niños de los sectores populares. Las medidas que
se llevarían adelante para cumplir con este programa incluyen reducciones impositivas a
sectores que empleen más mano de obra o que se encuentren por debajo de la línea de
pobreza, el apoyo financiero y tecnológico a las Pymes, una reducción tarifaria lo más
amplia posible (que incluye tanto a empresas como la supresión de los impuestos a los
salarios), un plan para la construcción de 10.000 viviendas y la gestión de la salud en
los sectores populares a partir de policlínicas barriales, entre otras.
Un planteo significativo del documento es la renegociación de aspectos parciales de los
convenios del Mercosur. La actual impasse de este espacio económico común ha generado
expectativas aislacionistas que abarcan sectores muy diversos en el país, pero que quizá
sea la izquierda la que más coherentemente pueda canalizar. Después de todo, la
experiencia internacional en políticas de integración de mercados muestra que han sido
los sectores conservadores los que han logrado ajustar bloques económicos con mayor
permanencia. El proyecto no plantea, claro está, la salida uruguaya del Mercosur. Más
bien parece buscar una ralentización en la integración, una protección a sectores
económicos de pequeños y medianos productores que no se hallan en condiciones de
competir exitosamente.
El costo del Plan de Emergencia, según el Encuentro Progresista, es de 300 millones de
dólares. Dos tercios de esa masa dineraria se volcarán al aspecto social del plan y un
tercio a la inversión productiva. A primera vista esto puede extrañar pero, aunque no
está dicho explícitamente, la expectativa de Tabaré Vázquez y sus equipos es que parte
de la inversión social pueda reconvertirse en productiva puesto que el Plan de Emergencia
no busca sólo asistir sino también la recalificación de la fuerza laboral disponible.
Una parte importante del éxito de un eventual gobierno del Encuentro Progresista se cifra
en que esa expectativa sea producto de una evaluación realista.
Los progresistas esperan financiar este plan a partir de varias fuentes. La primera es la
reorientación del gasto público y de los excedentes generados por estos años de mayor
disciplina fiscal, producto de los gobiernos de Lacalle y de la coalición
blanqui-colorada de Sanguinetti. En otro documento, Vázquez y sus asesores han bosquejado
ideas sobre cómo reducir gastos burocráticos e improductivos y mejorar la inversión
social. Las otras fuentes de ingreso evaluadas son la emisión de títulos en el exterior
y el crédito disponible en los organismos internacionales. Internamente piensan emitir
unos bonos llamados de “Emergencia social” que podrán adquirir particulares del
país, dispuestos a invertir. Hay que considerar, sin embargo, que este tipo de planes
tiene más éxito cuanto más coactivos son y menos librados a la voluntad o solidaridad
de los particulares.
El leve escándalo causado por el documento del EP-FA puso en el tapete las discusiones
acerca de una tercera vía alternativa al llamado –principalmente por sus
adversarios– “modelo neoliberal”. El presidente Julio María Sanguinetti se
refirió hace poco a esta cuestión, afirmando que para los uruguayos la Tercera Vía no
es “ninguna novedad”, pues si ésta quiere decir combinar la resolución de los
problemas sociales de los excluidos con el respeto a la libertad individual y la propiedad
privada, ésos han sido los criterios con que tradicionalmente se manejó la democracia
uruguaya. El discurso electoral del Partido Colorado busca ganar el voto de los ciudadanos
preocupados por la eficiencia económica como el de los que presentan inquietudes sociales
“razonables”. Los instrumentos técnicos que han utilizado tanto frenteamplistas
y colorados en la administración no son tan distintos. No han recurrido a la
privatización directa de organismos sino más bien a fórmulas mixtas (privatización de
áreas periféricas, subcontratación, etcétera). La diferencia principal se halla en la
asignación de recursos, de orientación más conservadora (aunque dirigista) en los
colorados.
El distribucionismo económico de la izquierda es bastante más audaz. Luis Alberto
Lacalle y los blancos, más liberales en lo económico, se colocan de forma distinta en el
mercado electoral. Consideran los planes de Vázquez como disparatados y se abocan a
discutir punto por punto su gestión y la de Sanguinetti. Ahí corren con cierta ventaja,
pues en los aspectos macroeconómicos las cuentas les han cerrado mejor que a las
administraciones coloradas. Sus argumentos electorales son sus virtudes en tanto
conservadores. En una campaña que a partir de setiembre comenzará a tomar color, se
podrán observar mejor cuáles son las expectativas de cambio que anidan en la sociedad
uruguaya, y a qué se le teme más, si a la continuidad de la coalición gobernante o a un
cambio que, si bien es deseable, es visto por algunos como prematuro.
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