Frente a las
derivaciones que tuvo ayer la crisis diplomática con Paraguay, la discusión no podía
sino instalarse fronteras adentro entre el oficialismo y la oposición. El senador Eduardo
Menem calificó como irresponsables a los dirigentes de la Alianza por
hacer campaña con el caso de Lino Oviedo y lo mismo hizo la diputada
duhaldista Marta Aráoz, quien a la vez presentó en la Cámara baja un proyecto de
repudio a las declaraciones del legislador paraguayo Luis Mauro sobre las vinculaciones
entre el presidente Carlos Menem y el ex general paraguayo. El Gobierno es
responsable de haber resuelto mal un pedido de extradición de Paraguay, replicó el
propio candidato presidencial de la Alianza, Fernando de la Rúa.
No se puede hacer campaña política de todos los temas. Cuando se trata de
política internacional, hay que ser muy cauto muy prudente y hay que manejarse
institucionalmente, se quejó el senador Menem sobre la reacción de radicales y
frepasistas ante la decisión del Gobierno de concederle asilo a Oviedo y la negativa de
entregarlo a la Justicia paraguaya. Fue un acto de irresponsabilidad de los
dirigentes de la Alianza, que no pierden oportunidad de llevar agua para su molino a raíz
de estas situaciones que hay que resolverlas con grandeza de miras, agregó.
Menem también reprochó el apresuramiento en algunas apreciaciones que hicieron
algunos dirigentes paraguayos, no de manera institucional, sino a título individual. Hubo
cierta hipocresía en algunos dirigentes de ese país, que públicamente pedían que
Oviedo sea extraditado y por abajo decían que no les convenía porque iban a tener
problemas internos. Hablaba, claro está, de las declaraciones de Mauro sobre las
vinculaciones entre su hermano y Oviedo.
Aunque Menem no lo aclaró, lo que irritó a los peronistas fue que Carlos
Chacho Alvarez alimentara las sospechas que dejó flotando Mauro. Si
Chacho tiene pruebas debería llevarlas a la Justicia, opinó Aráoz, quien a pesar
de ser duhaldista su esposo, Julio César Aráoz, es el jefe de campaña de Eduardo
Duhalde salió en defensa del Presidente y reprobó la utilización electoral
del caso Oviedo por parte de la Alianza.
Aráoz presentó en Diputados un proyecto de repudio a las declaraciones de Mauro.
Los legisladores paraguayos, con sus declaraciones, han agraviado seriamente
nuestras instituciones democráticas. Si bien ellos tienen todo el derecho a opinar acerca
de la situación de Oviedo, esto no les da permiso para juzgar públicamente la conducta
de nuestro Presidente y de definir que el nuestro no es un país democrático,
explicó.
Más cautela exhibió el propio Duhalde: sostuvo que con la concesión del asilo a Oviedo
nos metimos en un lío en el que no tendríamos que habernos metido y dijo
coincidir con lo mismo que plantea en este caso De la Rúa: es un tema que hay que
pasárselo a la Justicia.
El candidato aliancista sostuvo, por cierto, que no se puede dejar frenada a la
Justicia en un trámite de extradición y hacerlo significa un acto de impunidad,
pero no ahorró en críticas hacia Menem. De la Rúa responsabilizó al Gobierno por la
crisis diplomática planteada con Paraguay y dijo desconocer las declaraciones agraviantes
contra la investidura presidencial que invocó Menem para suspender su reunión con el
presidente de ese país, Luis González Macchi (ver página 4), aunque aseguró que de ser
ciertas saldrá en defensa del respeto a la dignidad presidencial.
SANTA CRUZ Y CHUBUT NO RECIBIRAN AL PARAGUAYO
Como los residuos radiactivos
Si bien
el traslado de Lino Oviedo al sur del país quedó congelado a raíz de la crisis
diplomática planteada entre Argentina y Paraguay, varias provincias patagónicas abrieron
ayer el paraguas y salieron a aclarar que no quieren al ex general golpista paraguayo en
su territorio. Pareciera que nos siguen tomando como la tierra del castigo, se
quejó el gobernador radical de Chubut, Carlos Maestro, mientras que la Legislatura de
Santa Cruz aprobó en forma unánime una declaración en contra del posible confinamiento
de Oviedo dentro de sus fronteras.
El Gobierno tenía previsto anunciar ayer la decisión de confinar a Oviedo a La Pampa
(tal como anunció ayer Página/12) para satisfacer así el reclamo paraguayo de que fuera
alejado de la frontera con ese país, pero el recrudecimiento de la crisis que atraviesan
actualmente las relaciones entre Argentina y Paraguay (ver página 4) llevó a un súbito
cambio de planes: por el momento, el ex general golpista seguirá en su casona de la
localidad bonaerense de Moreno.
De todos modos, tal como adelantó ayer este diario, el lugar elegido por la
administración menemista para mudar a Oviedo no era Chubut ni Santa Cruz, sino La Pampa.
La razón de esa elección no era otra que la fluida relación que mantiene el gobernador
peronista de esa provincia, Rubén Marín, con el gobierno central, lo cual eliminaba
cualquier tipo de discusión sobre el lugar de hospedaje de Oviedo. De hecho, el
Ministerio del Interior supo del rechazo de Maestro a recibir a Oviedo en su provincia al
cabo de un tanteo que le realizó anteayer, horas antes de decidir el lugar para confinar
al problemático asilado.
Ese rechazo fue el que Maestro hizo público ayer, al calificar como una estupidez y
algo realmente insólito el acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Paraguay de
trasladar a Oviedo al sur del país. Que no nos vengan con estas cosas, como si
fuéramos un territorio aislado del país, se enojó el gobernador chubutense y
en alusión a las autoridades nacionales agregó: Si no pueden
controlarlo, que lo metan en un avión y lo manden de vuelta a Paraguay, que allá lo
están esperando.
Maestro fue respaldado en su postura por el candidato radical a la gobernación de Chubut
y actual ministro de Justicia provincial, José Luis Lizurume. Repudio muy
profundamente esta determinación del gobierno nacional de trasladar a la Patagonia a un
enemigo de la democracia y de la libertad de pensamiento, sostuvo Lizurume.
Los santacruceños también le cerraron las puertas a Oviedo, por medio de una
declaración unánime de la Legislatura que rechaza la posibilidad de albergarlo en esa
provincia al hombre acusado de ser el autor intelectual del asesinato del ex
vicepresidente Luis María Argaña e inculpado de ordenar la muerte de siete jóvenes que
manifestaron en contra del gobierno de Raúl Cubas.
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