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El plan lo desarrolló el Instituto Provincial de la Vivienda bonaerense. Pero los precios son tan caros como los de mercado y en ubicaciones poco atractivas. Quedaron deshabitadas y ahora el gobierno de Buenos Aires asume los costos para resarcir al Hipotecario, ya privatizado, secando los recursos del instituto para viviendas populares. |
Por Cledis Candelaresi  Lomas del
Golf suena tan pretencioso como los casi 1000 pesos el metro cuadrado que cuesta cada
chalecito de este barrio marplatense, uno de los tantos que la provincia de Buenos Aires
construyó en localizaciones poco apropiadas para atraer a los compradores de la clase
media, destinatarios de esos ambiciosos programas. Mediante una novedosa operatoria
articulada con el Banco Hipotecario Nacional, la provincia construyó más de seis mil
viviendas en distintas localidades. Pero lejos de solucionar el problema de igual número
de familias bonaerenses, casi todas estas casas –tan caras como otra mejor ubicada y
financiada por cualquier entidad privada-permanecen deshabitadas. Este rotundo fracaso
compromete los recursos del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires,
cuyos beneficiarios naturales son los más pobres. Pero, por
ahora, el desvelo del IVPB consiste en resguardar el negocio del banco adjudicado a Irsa.
En la mayoría de estos nuevos planes, el Hipotecario financia el 60 por ciento del
“valor de venta” de la propiedad, el Instituto de la Vivienda el 15 y el resto
queda a cargo del “originante”, empresa que diseña el proyecto y provee el
terreno. Aunque se edificaron más de treinta barrios, sólo tres firmas consiguieron
participar en el programa y una de ellas, Land Developer S.A., fue responsable de más del
80 por ciento de las construcciones.El repago del crédito es a veinte años, y a una
cuota que redondea los 500 dólares. Cada casa en Torres de Oam 1, en Mar del Plata, tiene
un costo de 53,6 mil pesos. El precio trepa a 65 mil en el caso de Arenas Blancas, en la
misma ciudad. Podría decirse que el costo de las casas, cuya dimensión oscila entre 50 y
60 metros cuadrados, está en sintonía con los valores de mercado, pero nada tiene que
ver con los programas propios de los institutos provinciales.Según la modalidad
tradicional, los organismos estatales construyen íntegramente con dinero del Fonavi
(parte del impuesto a los combustibles), unidades cuyo costo promedio es de 13.500 pesos,
y a la que se accede con una cuota que difícilmente llega a los 100 pesos cada mes. Uno
de los puntos débiles que tendrían aquellos planes es que gran parte de ellos fueron
erigidos en Mar del Plata, llamativamente, la ciudad que tiene menor déficit habitacional
de la provincia. Otro es que, en muchos casos, los emplazamientos resultan casi
inaccesibles para quien depende del transporte público. Estas debilidades quizá se
expliquen porque ni el banco ni el IVPB contrataron a una calificadora de riesgo para que
evalúe la viabilidad de los proyectos, contrariando lo que dispone la ley nacional que da
lugar a este tipo de operatorias.Los techos con machimbre a la vista y el revestimiento
cerámico que tienen algunas unidades no fueron anzuelo suficiente para conseguir
compradores. Ante la realidad de barrios enteros desocupados desde hace un par de años,
el gobierno de la provincia se jugó una última carta, otorgando un subsidio de 240 pesos
por mes durante 20 años a cada policía que se anime a comprar una. En otros casos, la
subvención ofrecida consiste en que el Estado se haga cargo de cubrir hasta 11 mil
pesos.Pero ese esfuerzo  no fue suficiente para tranquilizar al
banco, que vio trastabillar su negocio por la falta del repago.El Instituto, presidido por
Pablo Jorge Sanguinetti, firmó el 5 de agosto un convenio con el Banco, comprometiéndose
a pagarle 117 millones de dólares, a cuenta de los 152 que desembolsó la entidad. Esta
obligación en moneda estadounidense debe estar cancelada “a más tardar” en
diciembre del 2001, con un interés del 15,5 por ciento anual sobre saldo, tasa
llamativamente alta. Para reforzar esta garantía, el IVPB también también accede a que
sus compromisos sean efectivizados “con cargo a todas las fuentes de recursos”.
Traducido: el Hipotecario podrá cobrarse, directamente, del dinero que le corresponda al
organismo oficial por Fonavi (impuesto sobre los combustibles), del Foprovi (tributo
provincial) y hasta del repago delas cuotas por otros planes de vivienda. De remate, el
Instituto es garante de quienes compren: si éstos no pagan, él responde ante el banco.
Según una cláusula de ese acuerdo, Duhalde tiene plazo hasta la próxima semana para
“perfeccionar” jurídicamente este convenio, rubricándolo con su firma. De
hacerlo, difícilmente el organismo estatal quede en condiciones de seguir financiando sus
modestas operatorias habituales.
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