 Determinar
cuáles eran las condiciones en las que fue despachado el avión de LAPA accidentado y si
la empresa cumplía las normas de mantenimiento, son dos aspectos que preocupan al juez
que investiga la tragedia, Gustavo Literas. De la documentación secuestrada y de los
testimonios recogidos por el juzgado surgiría, en principio, que había situaciones de
cierta flexibilidad, indisciplina y laxitud en lo que hace al mantenimiento de las
aeronaves. Literas allanó ayer la sede central de LAPA en Santa Fe 1970 y secuestró las
actas del directorio de la compañía con el objetivo de hacer una evaluación sobre las
inversiones que se hicieron para mantener en condiciones a la flota. En ese camino, el
juez solicitó a la Junta de Representantes de las Compañías de Aviación (Jurca) el
envío de documentación referida a una exposición que hicieron las autoridades de LAPA,
hace un año, para explicar la forma en que abarataron gastos para bajar los precios. La
charla se hizo en la sede de la Jurca, en Paraguay al 600, y todo indica que habría un
acta donde quedó registrado ese encuentro. Con posterioridad, Jurca presentó quejas a la
Fuerza Aérea porque supuestamente LAPA no hacía los controles de calidad necesarios.
Según las fuentes, el juez piensa que la clave pasaría por el mantenimiento, salvo que
se demuestre que el piloto cayó en una actitud suicida. El magistrado requirió
información para saber cuál era la condición psico-física del comandante de la nave, a
fin de determinar si tenía antecedentes de estrés. Podría citar a los médicos que lo
atendieron en los últimos tiempos e incluso a su hermano, quien en declaraciones a la
prensa había señalado que se lo notaba cansado. En el procedimiento de ayer en la sede
de la línea aérea también fue secuestrada la documentación referida a la cantidad de
horas de vuelo, tanto de las máquinas como de los pilotos. Para ayer estaban citados
todos los pilotos y copilotos que habían tripulado el Boeing 737 en los vuelos realizados
el mismo día del accidente, pero la mayoría no se presentó. También declaró el
testigo José Retamales, empleado del estacionamiento de la Asociación Argentina de Golf,
donde se produjo el estallido del avión. Retamales brindó una de las versiones más
completas y detalladas sobre la loca carrera de la máquina. El hombre, que trabaja hace
15 años en el lugar, aseguró que antes de ver al avión en llamas se había dado cuenta,
por el sonido de las turbinas, que algo raro ocurría. Por eso no lo sorprendió la
explosión. Otro que declaró fue el conductor televisivo Juan Gujis, quien en el momento
de la tragedia se encontraba en la avenida Costanera, en el interior de su auto, detenido
en un semáforo. Fue poco lo que pudo aportar.El juez Literas se reunió ayer con el
titular de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, brigadier Horacio
Viola, con el único propósito de conocer las novedades respecto del envío de las
conclusiones sobre el contenido de las cajas negras. Anoche estaba prevista la llegada al
país, procedente de Estados Unidos, del comodoro Mario Larrosa, quien traía consigo la
transcripción del contenido de las cajas negras. Aunque según la Fuerza Aérea las
desgrabaciones ya estarían desde anoche en Buenos Aires, recién el martes próximo
serán llevadas las conclusiones al despacho de Literas. Las fuentes comentaron que al
juez no le constan algunos datos aportados, en el Congreso, respecto de las cajas negras,
por el brigadier Enrique Dutra. Para el magistrado, es tal vez excesiva la expectativa que
se pone sobre lo que digan las cajas.Literas le otorga importancia a esa información
porque va a marcar el rumbo de la investigación, pero también tomará en cuenta otros
elementos, como la prueba testimonial y las conclusiones a las que arribe la Junta de
Investigaciones. Se le adjudica relevancia a los indicios que puedan surgir del análisis
del estado en que quedaron las dos turbinas y la cabina del avión y todos los elementos
hallados en el lugar del hecho.Literas tiene planeado abrir una oficina en Córdoba para
atender las inquietudes de los familiares de las víctimas y darles respuesta.
TODAS LAS LINEAS AEREAS DE
CABOTAJE ALLANADAS
A explicar la suspensión de vuelos
La legalidad de la medida dispuesta el sábado pasado por las
líneas aéreas de cabotaje, cuando resolvieron suspender sus vuelos, está desde ayer
bajo la lupa de la Justicia. Por orden del juez federal Adolfo Bagnasco fueron allanadas
todas las empresas comprometidas en la decisión y se retiró documentación mediante la
cual puede individualizarse de manera fehaciente quiénes fueron los hombres, de cada
compañía, que votaron a favor del lockout, de manera tal que se tendría el nombre de
cada uno de los posibles imputados.
Incluso fue allanada la sede central de la
Junta de Representantes de Compañías Aéreas (Jurca), medida que no había sido
dispuesta por Bagnasco, pero sí por el juez Rodolfo Canicova Corral, quien lo reemplaza
al frente del juzgado. El presidente de la Jurca, Fernando Dozo, eludió dar su opinión
sobre el procedimiento y se limitó a señalar que entregaron "todo lo necesario como
para demostrar que no hubo lockout".
La investigación judicial fue iniciada el
lunes pasado a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, quien solicitó que
se determine si las empresas aéreas cometieron el delito de obstrucción de un servicio
público, encuadrado dentro del artículo 194 del Código Penal. También pidió que se
investigue si no fue violada la Ley de Abastecimiento.
En los operativos, realizados con
intervención de personal de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, también se
secuestró documentación referida a las quejas planteadas por Jurca, previo al cese de
actividades, por la aplicación del impuesto docente y por la controversia en torno de la
falta de pago de las tasas de protección de vuelo.
El fiscal federal de la causa, Miguel Osorio,
considera posible que la decisión de Jurca puede haber sido una respuesta a la
intimación de la Fuerza Aérea para que las empresas se pusieran al día con las tasas.
Cuando se hizo la reunión decisiva para resolver la suspensión de los vuelos, ya había
salido publicada la solicitada de la Fuerza Aérea reclamando el pago.
"Yo considero que se cometió un delito porque
cualquiera que quiso volar no pudo hacerlo", fue uno de los pocos comentarios que
hizo ante la prensa el fiscal Osorio. También dirigió sus dudas hacia la actitud que
tomaron los organismos oficiales que deberían haber garantizado la continuidad del
servicio. "Los resultados de los allanamientos me hacen presumir que ningún
organismo oficial intimó a las empresas para que levantaran el lockout", apuntó. |
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