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 El proceso
judicial iniciado en Chile contra la cúpula de la Central Nacional de Información (CNI,
la sucesora de la DINA) amenaza con crear una crisis entre las Fuerzas Armadas y el
gobierno. El ex general Roberto Schmied Zanzi desafió ayer una orden de comparecencia
ante un tribunal, y se atrincheró durante horas en el cuartel de un regimiento del
Ejército. Schmied fue detenido más tarde ese mismo día. El gobierno llamó a la calma,
pero admitió que los militares “se están reuniendo y están preocupados”. El
ex vicecomandante de las Fuerzas Armadas Rafael Villarroel amenazó con
“medidas”, sin entrar en detalles. El titular de las Fuerzas Armadas, Ricardo
Izurieta, se reunió para discutir la situación con el Centro de Generales en Retiro, que
emitió una declaración condenando los procesos contra la inteligencia pinochetista. En
este ambiente de tensión, varios diputados socialistas (incluyendo a Isabel Allende, hija
del derrocado presidente chileno) recibieron ayer amenazas de muerte anónimas. La crisis
fue desatada por el caso del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez en 1982.
Jiménez había sido encontrado degollado en las cercanías de Santiago, y un primer
proceso había sido cerrado en 1988 sin encontrar culpables. Pero el caso fue reabierto la
semana pasada por el juez Sergio Muñoz, quien pasó a pedir el arresto del ex jefe de la
CNI Humberto Gordon y de su lugarteniente Schmied, por “presunciones de su
responsabilidad” en el caso. Schmied era el comandante de la CNI en el área
metropolitana cuando se cometió el crimen. Gordon acató el arresto y actualmente está
detenido en el Hospital Militar, pero hasta ayer Schmied estaba fugado. En un principio,
se atrincheró en el regimiento de infantería Buin. Después se retiró del cuartel, y
fue detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones en la capital chilena. El Ejército
chileno mantuvo el silencio ayer, pero extraoficialmente expresó malestar por el proceso.
El Centro de Generales en Retiro emitió una dura declaración en la que condenó el
proceso contra Gordon y aseguró que existe “una virulenta campaña de desprestigio
de las fuerzas armadas con consecuencias imprevisibles para la paz y convivencia
nacional”. El abogado Miguel Retamal, defensor de algunos de los procesados, acusó
al juez Muñoz de haberle “declarado la guerra al Ejército”. El gobierno
chileno intentó evitar la controversia. “Hay que dejar que la justicia cumpla su
labor las decisiones de los tribunales deben ser respetadas”, afirmó ayer
escuetamente el presidente Eduardo Frei. El secretario de Gobierno Carlos Mladinic
recalcó que el proceso contra Gordon y Schmied “no tiene por qué enrarecer al
ambiente nacional”. Pero el ministro de la Presidencia, José Miguel Insulza,
confesó que existe “un clima político enrarecido”. Este clima estuvo reforzado
ayer por las amenazas a varios legisladores socialistas chilenos. El senador Ricardo
Núñez denunció que había recibido una fotografía donde, a lo largo de su cuerpo,
habían marcado blancos para dispararle. La imagen era una página del diario La Tercera.
En el reverso figuraba una entrevista al ex agente de la DINA Alvaro Corbalán, quien
está siendo procesado por crímenes cometidos durante la dictadura. También fueron
amenazados los legisladores Juan Bustos, Juan Pablo Letelier —hijo del ex canciller
asesinado Orlando Letelier—, Isabel Allende, y José Antonio Viera Gallo.
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