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Por Carlos Polimeni  A menos de un mes de las elecciones que catapultarán a la
presidencia a su sucesor, Carlos Menem realizó ayer dos de los trucos que más le gustan:
concretar cambios que parecen de importancia social pero benefician sólo a los poderosos,
utilizando como método sus famosos decretos de necesidad y urgencia. Menem cambió con su
sola firma --es decir, pasando por alto el Parlamento-- varios puntos claves de la ley
nacional de radiodifusión, vigente desde la dictadura de Jorge Rafael Videla, de tal
manera que ahora su espíritu protege a los monopolios a los que su redacción original se
oponía. Hace dos semanas, Menem había sido el invitado estrella de la entidad que reúne
a los propietarios de canales de televisión, que incluso llegaron a transmitir en virtual
cadena nacional su discurso. Previo a la intervención de Menem, el presidente de ATA,
Carlos Fontán Balestra, había reclamado con notorio énfasis una nueva ley de
radiodifusión. Ayer, con la publicación en el Boletín Oficial de los cambios a la ley
vigente, quedó claro que Fontán Balestra, ex presidente del directorio de Telefé,
sabía cómo presionar. O conocía de antemano la decisión del mandatario.
La Alianza reclamó ayer la derogación del decreto y subrayó que si llega al poder tras las elecciones revisará el conjunto de los cambios que el menemismo ha introducido en el área. "Este decreto, tan típico del modo Menem de entender la democracia, lo que hace es consolidar una situación de concentración de medios que es gravísima", afirmó la diputada del Frepaso por Capital Federal, Irma Parentella. El problema técnico central es que, como están las cosas, la decisión no es modificable: no existe una comisión bicameral de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, reclamada durante años por los parlamentarios del radicalismo y el frepasismo. Sin embargo, varios juristas estudiaban ayer si es viable concretar una presentación judicial contra la decisión ya que, afirman, no hay en las cuestiones que toca ningún atisbo ni de necesidad ni de urgencia. El realizador televisivo Rodolfo Hermida, que integra el IPA (Instituto Programático de la Alianza), dijo que tras la asunción del sucesor de Menem, el l0 de diciembre, toda la normativa del área debe ser revisada. "El nuevo presidente asumirá en una situación absoluta de colonización cultural", dijo Hermida a Página/12. El punto central del cambio es que la nueva ley establece que una misma persona jurídica y física puede explotar hasta 24 licencias de radiodifusión --es decir emisoras de televisión y radio-- cuando hasta ahora el máximo era de cuatro. Por otra parte, la nueva redacción fomenta la transmisión es red, lo que permite que desde una cabecera en Capital Federal se forme una cadena nacional de difusión. En el entorno presidencial se afirmaba ayer por la tarde que el decreto legaliza una serie de situaciones preexistentes, en obvia alusión a que nadie ignora en la Argentina que el grupo Clarín, el grupo Vila y el CEI son dueños de un rosario de medios, utilizando el método de los testaferros. Al respecto, Hermida subrayó ayer que mientras el decreto fomenta los monopolios, por otra parte se cuida muy bien de mantener la prohibición de que los medios puedan ser propiedad de sindicatos, universidades, fundaciones, u ONGs. "¿Cómo se puede ser tan poco democrático?", se preguntó retóricamente. En rigor, el nuevo articulo 45 excluye también a "magistrados judiciales, legisladores, funcionarios públicos, militares y personal de seguridad en actividad". El segundo punto clave del decreto es que fija que, de aquí en adelante, las publicidades institucionales no son consideradas publicidades, por lo que se aumenta la cantidad de avisos por tanda, y, sobre todo, se otorgan a los medios un manejo a gusto de los minutos fijados por hora por la ley. Hasta aquí, la ley fija que los canales deben tener como máximo l2 minutos de publicidad por hora, y las radios l4. Desde ahora en adelante, esos minutos podrán ser ubicados en el momento que las emisoras quieran, acumulándolos hasta por un máximo de seis horas. Es decir que un canal podría transmitir dos horas seguidas sin publicidad y luego sumar los 24 minutos en una sola tanda. Por otra parte, la obligación de que las publicidades sean realizadas por empresas nacionales fue eliminada de la ley. "Los anuncios publicitarios deberán ceñirse a los criterios establecidos por esta ley y su reglamentación, fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y a la moral cristiana", dice el artículo 4 del decreto, que modifica el 23 de la ley de l980. "¿Cómo harán, entonces la FM Jai o el canal Alpeh, dedicados a la comunidad judía para concretar sus institucionales?", se preguntó un abogado especialista en comunicaciones, al ser consultado por este diario. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) sostuvo por su parte que el decreto de Menem "alienta la concentración" de medios en manos de unos pocos dueños "y crea el terreno propicio para que desaparezcan las voces locales y el pluralismo informativo". La entidad afirma que "la sextuplicación del límite de tenencias por un mismo licenciatario, y la admisión de redes privadas permanentes no son materias propias de la "necesidad y urgencia" que la Constitución "reclama para este tipo de normas". Para la Fatpren, una de las consecuencias inmediatas de la medida será "la cesión de pantallas" del interior a los canales de Buenos Aires, "con el consiguiente grado creciente de concentración" de poder e influencia de los que ya son poderosos e influyentes. "Por lo tanto, se escuchará cada vez menos la realidad local". Por otra parte, para la Federación los cambios en la reglamentación publicitaria podrían deparar que en determinados horarios haya "menos programas que tandas". Fatpren resalta que la imposición de la moral cristiana por la ley "abre otra brecha, en una materia al menos opinable". Hermida subrayó que si bien la modificación del artículo 45 de la vieja ley por parte del Gobierno permitió "la desnacionalización de los medios", su espíritu "por lo menos todavía regulaba el control monopólico". La citada modificación fue concretada por el propio Menem en 1989, apenas asumido, cuando varió el artículo por el cual un propietario de un diario, por ejemplo, no podía ser dueño de una radio o un canal de televisión, y viceversa. Sin embargo, precisaba que era hasta cuatro empresas el límite de propiedad. Eso es lo que el decreto borró. Y por otra parte, anuló también una cláusula por la cual el propietario de un medio debía acreditar diez años de residencia en el país. Hasta ahora, las licencias de explotación se otorgaban por cinco años y eran intransferibles. El decreto de Menem consideró oportuno "suprimir el concepto de instransferibilidad de las licencias" y dispuso que sea factible transferirlas previa autorización del Poder Ejecutivo o el Comfer, dentro del plazo de l80 días de otorgadas. El decreto señala que en la actualidad hay registradas l391 estaciones de radio de FM y 117 de AM y que hay aproximadamente 1400 licenciatarios de sistemas de cable. Todos ellos, al igual que los canales de aire "deben propender al enriquecimiento cultural y a la elevación moral" de la población. Para Parentella, "el Comfer es una caja negra", que recibe l60 millones por año de presupuesto y no se sabe del todo bien para que los usa. "Hemos pedido entrevistas varias veces, por temas de ATC, por ejemplo, pero nunca se dignaron", contó la integrante de la Comisión de Comunicación de Diputados. La decisión de Menem de dejar el campo de la comunicación resuelto por decreto, pone más o menos en claro su persistente negativa, y la de sus parlamentarios, a considerar el tratamiento de los distintos proyectos de ley de difusión presentados en la Cámara de Diputados, según insistían en subrayar ayer los parlamentarios radicales. "Acá no salió ninguna ley del área: ni la de ATC, ni las de los 0800 y los 0600", recordó uno de ellos, en un repaso mental del tema. "Yo me temo que lo que el Gobierno esté intentando, en los días que le quedan, es adjudicar nuevas licencias de televisión abierta, sin que nadie se de cuenta", manifestó por su parte el titular de la materia Derecho a la Información, de la Facultad de Comunicación de la UBA, el abogado Henoch Aguiar. Informes de Patricia Chaina y Mariano Blejman
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