UN LAPIDARIO DICTAMEN DE LA AUDITORIA SOBRE LA GESTION DEL INA
Lo que María Julia dejó pasar

El dictamen contiene 28 recomendaciones que corresponden a otras tantas fallas reveladoras de grave ineficacia e ineficiencia que también podrían ser indicios de corrupción. Demuestra un desmanejo y un descontrol totales en la repartición que dependía de la Secretaría de Medio Ambiente.

María Julia desmintió su responsabilidad el miércoles antes los periodistas y ayer en el Congreso. Pero un dictamen oficial datado en mayo revela ineficacia y falta de transparencia en el INA.

Evaluar la gestión del Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (INA) no es sencillo, como descubrieron los expertos de la Auditoría General de la Nación. Su dictamen, concluido el 31 de mayo último, realiza 28 recomendaciones, que corresponden a otras tantas fallas descubiertas en la operación del organismo. Esas fallas pueden no ser sólo indicadores de ineficacia e ineficiencia, sino también indicios de prácticas corruptas por la falta de transparencia que implican, pero la AGN, dependiente del Parlamento, no tiene entre sus propósitos establecer fraudes ni otros ilícitos. Por tanto, sus informes se detienen un paso antes de extraer esas conclusiones. En todo caso, de la lectura del documento surge claramente la impresión de un desmanejo generalizado y una notoria ineficacia en esta repartición que depende de la secretaría de María Julia Alsogaray. Por lo demás, la Auditoría resolvió ampliar la investigación, para escarbar en algunas incompatibilidades –como el presunto autocontrato del titular del Instituto, Mario Naón De Marco, a una empresa suya– y en la falta de presentación de las declaraciones juradas de bienes, que constituyen en sí mismas faltas graves y pueden determinar la cesantía del funcionario en infracción.
El grueso dictamen señala que “no se ha podido observar (en el INA) una planificación que tienda a relacionar los objetivos institucionales con las metas definidas presupuestariamente, ni con las actividades llevadas a cabo por el Instituto”. Además, “la Coordinación de Gestión Técnica, dependiente de la Presidencia (es decir, De Marco), que recopila datos recibidos de los centros sobre los proyectos y elabora la memoria del Instituto, no tiene asignada la competencia para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades”. Es más: “El INA no cuenta con un sistema de control de gestión que permita el análisis y evaluación del rendimiento de la organización como un todo...”
Otra comprobación sugestiva es que “el INA no cuenta con información sistematizada para la determinación de costos. En los proyectos externos la valoración de cada uno de los servicios y productos no se realiza en forma sistematizada. De esta manera no es posible determinar el cálculo de los márgenes de utilidad que se generan por cada proyecto.” Tampoco es fácil enterarse de lo ocurrido con tales proyectos, porque “no se encuentra sistematizada la confección de expedientes... La información de los proyectos relevados se halla archivada en distintas áreas, sin que exista una guía o referencia única que permita conocer todo lo actuado y la sucesión cronológica de los hechos relevantes en cada uno...”
El desorden (¿espontáneo o fabricado?) llega a niveles extremos. Como ejemplo, los auditores citan un proyecto celebrado entre el INA y una empresa, que se puso a consideración del gerente de Programas y Proyectos cuando ya lo habían aprobado el presidente del Instituto y el director del Laboratorio de Hidráulica. Por otra parte, “el convenio final del proyecto mencionado establece un cronograma de pagos y aportes sin que conste un presupuesto aprobado por el INA. Asimismo, falta la intervención de la Asesoría Legal y el Departamento Administrativo en la revisión y visado del convenio.” Para abundar, la AGN comprobó que en el INA no existen manuales de normas y procedimientos para áreas relevantes del Instituto.
Respecto de la gerencia de Programas y Proyectos, los auditores no pudieron realizar un análisis en profundidad de los recursos generados por el organismo porque esos recursos no están sistematizados, lo que no permite “tener una visión de la totalidad de lo presupuestado, recaudado y cómo fueron ejecutados”. Por de pronto, el INA no cumple con la obligación de que la referida gerencia elabore y controle el régimen arancelario por los servicios que el Instituto presta a terceros.
Del extenso y crítico informe de los auditores surgen falencias e irregularidades a todo lo ancho del INA. Como ejemplos para diferentes áreas pueden citarse los siguientes:
  Dirección de Control de la Contaminación. El INA sólo lo efectúa en algunos recursos hídricos. Otros están fuera de toda vigilancia. Por otra parte, las industrias deben presentar una declaración jurada anual, pero los plazos son más que laxos. Se menta el caso de una empresa que no presentó su declaración correspondiente a 1995, y a la que recién en abril de 1997 se le notificó una multa. Durante 1998 fueron inspeccionadas apenas 72 plantas fabriles sobre un universo de 5000 empadronadas, cada una de las cuales debería haber sido visitada dos veces en el año, con toma de muestras en cada caso y cobro de un derecho especial cuando la concentración de contaminantes fuera muy alta. El INA sólo les cobró en 1998 a 12 establecimientos ese derecho, como resultado, no respecto del medio ambiente sino de las también poquísimas inspecciones efectuadas en 1997. Por lo demás, no existe un banco de datos de contaminación hídrica, como tampoco del aire y del suelo.
  Situación presupuestaria. La Auditoría halló que “no se realiza un presupuesto preliminar del Instituto”, que no hay apertura en subprogramas, actividades y tareas, y, como tampoco se elabora un presupuesto de requerimientos sectorizados de las necesidades de cada centro, éstos no pueden autocontrolarse. Más aún: “Las áreas sustantivas del Instituto –señala el documento– no conocen los montos que les corresponden por el presupuesto anual aprobado”, y “los gastos incurridos para llevar a cabo los proyectos externos no se imputaron correctamente en el presupuesto”.
  Eficacia. La AGN encontró imposible el desarrollo de indicadores y la extracción de conclusiones por carencia de información. Un ejemplo ilustra la situación: “En la meta ‘análisis químicos especiales’, la cantidad programada era de 1100; como cantidad ejecutada se indica que fueron 900, mientras que en la columna de desvíos se informa cero en lugar de 200 análisis. Tampoco se indican las causas de los desvíos.”
  Economía. Se comprobó que “no existe en el Instituto un mecanismo de asignación de costos a los distintos centros de responsabilidad, que permita la valorización de cada uno de los servicios y/o productos, así como la producción terminal”.

“Naón me dijo que estaba tranquilo
y yo no tenía por qué indagar más”

Por Adrián H. Mouján
@“Al señor De Marco Naón le hice una pregunta general: ‘¿Estás tranquilo con tu actuación?’. El me dijo que sí. Y yo me conformé con su respuesta; no tenía por qué indagar más.” Con esta afirmación, fría y sin la menor alteración en su tono de voz, María Julia Alsogaray intentó evitar que los diputados de la oposición pudieran demostrar su responsabilidad en el caso de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos por el que se investiga a Mario De Marco Naón, titular del Instituto Nacional del Agua y el Ambiente (INA).
En su presentación en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, María Julia contó con la ayuda de los legisladores del PJ, que casi no preguntaron. Cuando el clima se tornaba desfavorable a la funcionaria incluso buscaron que los diputados opositores cayeran en polémicas secundarias, y a veces hasta lo lograron.
La Alianza buscó probar que Alsogaray tiene responsabilidad política y administrativa en el escándalo que gira en torno al crecimiento del patrimonio de De Marco Naón.
“Yo recibí una denuncia anónima a fines de julio, en donde se detallaban una serie de denuncias contra el señor Naón y el auditor del INA, que incluían el tema de su patrimonio, de su casamiento en Alaska, y de las contrataciones directas por parte del INA. Como no contenía documentación, la elevé inmediatamente a la Sigen (Sindicatura General de la Nación)”, fue el argumento que María Julia repitió toda la tarde.
“¿Pero usted no cree que debía iniciar una investigación sobre Naón y el auditor y suspenderlos o sancionarlos, además de iniciar un sumario interno?”, fue la pregunta reiterada que le hicieron los aliancistas Silvia Vázquez, Rafael Flores, Darío Alessandro, Nilda Garré y Héctor Polino, y que no encontró eco en la funcionaria.
Precisamente Polino fue el primero en acusar a María Julia de “no tener ánimo de investigar”. Acababa de escuchar una largo discurso de introducción de María Julia, quien sabiendo que existía un pedido de Eduardo Duhalde para que renunciara les recordó a los justicialistas presentes que ella depende directamente del presidente Carlos Menem. En esa presentación, María Julia dijo que no podía “dejarse llevar por lo que los medios publican”. Reconoció haber recibido una denuncia anónima sobre la actuación de Naón al frente del INA, y cometió un olvido que luego subsanó el aliancista bonaerense Jorge Giles.
Según Giles, en esa denuncia anónima había un memorandum interno del INA firmado por De Marco Naón en el cual el funcionario indicaba que el 20 por ciento del dinero que ingresara al organismo por contrataciones directas debía ser girado a una cuenta particular. “Sí, es verdad, la recuerdo y también se la envié a la Sigen”, contestó la secretaria de Recursos Naturales. Esta situación la obligó a explicar a qué se referían las denuncias:
u la fastuosa boda de Naón en Alaska
u las pepitas de oro que repartió como souvenirs
u la información sobre las propiedades y los caballos de carrera que adquirió el auditor del INA en San Luis
–Y así y todo, decidió no investigar –le dijo Giles.
–El INA es un organismo descentralizado y no me compete a mí iniciar una investigación porque no está dentro de la responsabilidad de mi área -respondió María Julia.
El diputado de Acción por la República (AR) Guillermo Francos intentó romper con la estrategia al preguntarle a María Julia si creía, cuando le solicitó a Menem que firmara el decreto que designaba a Naón como titular del INA, que su subalterno era idóneo.
–No existe razón alguna para pensar que (Naón) no era idóneo para el cargo –contestó la secretaria.
Inmediatamente la justicialista bonaerense Norma Godoy le dio una gran mano a María Julia al sacar del arcón de los recuerdos el escándalo IBMBanco Nación, que afectó a Aldo Dadone, colaborador del titular de AR, Domingo Cavallo. Francos evitó la emboscada, pero Mary Sánchez cuestionó a las legisladoras justicialistas su comportamiento. “Las mujeres debemos honrar los cargos que ocupamos, pero cuando defendemos el cupo de esta manera, me da vergüenza”, dijo la dirigente frepasista. “¿Vos, que le pegaste una cachetada a (Jorge) Matzkin en el recinto, venís a decir a eso?”, le enrostró la ultramenemista Elsa Melonio, recordando un sonado episodio que ocurrió cuando el actual viceministro de Interior era el jefe de la bancada justicialista.
Luego de sacar la reunión del bache en el que había caído, la Alianza, encabezada por Alessandro, Garré y Flores, sustentó su posición acerca de la responsabilidad de María Julia. El diputado porteño del Frepaso citó a Roberto Dromi, el ex ministro de Obras Públicas de Menem, y al propio jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, quienes, en un ensayo el primero, y en una causa judicial el otro, dejaron en claro que es responsabilidad del ministro o el secretario de Estado todo lo que sucede en un organismo, aunque sea autárquico, que dependa de su área.
“Es indudable la responsabilidad política y administrativa de la secretaria de Recursos Naturales”, afirmó Alessandro, mientras que Nilda Garré le dijo a María Julia: “Si, como usted dice, no controla al INA, ¿cómo conoce los recursos que maneja si éstos ni siquiera están sistematizados por el organismo?”. Allí Francos preguntó: “Si una provincia se ve afectada por una crisis hídrica, ¿quién le da las ordenes al INA?”. “Yo fijo las políticas”, dijo María Julia, olvidándose de su estrategia.
Luego Mary Sánchez le preguntó sobre la actual situación de Naón. “Pidió una licencia por tiempo indefinido hasta tanto se esclarezca su situación”, precisó María Julia.
–O sea que ni siquiera lo suspendió; aceptó la licencia en lugar de aplicarle una sanción.
–Me amparé en el derecho de presunción de inocencia.
–¿La suspensión de Naón es con o sin goce de haberes? –insistió Sánchez.
–No sé, tendría que consultarlo bien –fue la frágil explicación de Alsogaray.

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