Por Cledis Candelaresi Las privatizaciones realizadas
por este gobierno son verdaderamente prolíficas en novedades institucionales. Después de
que el concesionario de las líneas urbanas Mitre y Sarmiento acordaran con el Estado los
términos de un nuevo contrato sin que mediara licitación, la Justicia abrió el juego a
las asociaciones de usuarios, que ahora son parte de esa controvertida renegociación. El
escenario ya no es el Ministerio de Economía ni las oficinas de Trenes de Buenos Aires
sino el juzgado Contencioso Administrativo de Osvaldo Guglielmino, donde la empresa y ocho
entidades de consumidores intentaron infructuosamente llegar a un acuerdo.
La discusión se dio en el marco de la causa promovida por esas asociaciones en contra del
decreto 210, que permite poner en ejecución la addenda o contrato renegociado. El
documento modifica de cuajo las reglas de las privatizaciones de trenes de pasajeros, ya
que admite al adjudicatario cobrar un ajuste tarifario promedio del 80 por ciento, a
cambio de inversiones no previstas originalmente.
Los usuarios denunciaron la presunta inconstitucionalidad de aquel decreto, porque
estaría consagrando una adjudicación directa y avalando un contrato en cuya elaboración
los consumidores del servicio no tuvieron la intervención que les garantiza la ley. El
juez dictó el amparo y, desde entonces, se abrió una insólita segunda vuelta en la
renegociación.
A pedido de Guglielmino, las entidades propusieron una serie de obras adicionales para
mejorar la prestación, sobre la base del contrato vigente. Realizarlas hubiera exigido a
la empresa desembolsar 250 millones de dólares, alternativa que TBA rechazó de plano.
“Eso sólo sería emparchar el contrato. No va. O todo (un nuevo contrato) o nada
(ningún retoque sobre el que está en vigencia)”. Palabras más palabras menos, así
expresó su negativa frente al juez Claudio Cirigliano, presidente del grupo concesionario
y titular del Grupo Plaza, uno de los más fuertes en autotransporte.
TBA también acercó su propuesta a la misma oficina de Carlos Pellegrini, donde se
realizaron estas singulares audiencias de conciliación. La empresa sugirió tímidos
retoques a la addenda, entre ellos, el de extender un abono que excluya del aumento a los
desocupados “que certifiquen esta condición” o ampliar el horario para
jubilados, quienes representan menos del 1 por ciento de su pasaje.
En su último intento para forzar un acuerdo (o tomar una decisión más fundada),
Guglielmino propuso a las partes que designen peritos que analicen cada punto del contrato
revisado. Las asociaciones de usuarios integraron de inmediato un equipo con ingenieros y
técnicos ferroviarios ligados al Frepaso y los economistas Daniel Azpiazu, Eduardo
Basualdo y Claudio Lozano, quienes no tardaron en suscribir muchos de los cuestionamientos
ya señalados en la primera presentación ante la Justicia.
Estos especialistas no dudan en estar frente a un nuevo contrato, que modifica
sustancialmente la ecuación económico-financiera original. Pero para probarlo
definitivamente necesitan un elemento que tanto el Gobierno como la propia empresa parecen
esconder bajo siete llaves: los anexos del contrato original, que permiten desmenuzar el
negocio actual.
Algunas de las anécdotas que ilustran esa dificultad para acceder a la documentación
quedaron registradas en la correspondiente secretaría del juzgado. Estos papeles
denuncian, por ejemplo, que el gerente de concesiones del órgano regulador hasta se negó
a facilitar documentación para fotocopiar.
La batalla podría ser aún más dura si se tiene en cuenta que el de TBA es un caso
testigo: si prospera esta renegociación, las que encararon las empresas adjudicatarias de
otras líneas tendrán el camino allanado.
| Se levantan las barreras Otra causa semejante, iniciada por el Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano,
tuvo un final poco alentador para quienes cuestionan la renegociación: la jueza María
José Sarmiento avaló el nuevo contrato de Trenes de Buenos Aires y la Sala V del fuero
Contencioso Administrativo –sospechada de favoritismo hacia el Gobierno–
ratificó ese dictamen. TBA ahora busca el mismo destino con el expediente que tiene en
manos el juez Osvaldo Guglielmino y para ello pidió la unificación de las causas. Si
esto ocurriera, lo más factible es que por profusos y convincentes que resulten los
argumentos contra la revisión contractual, ésta quedaría habilitada. En ese caso, TBA
logrará ampliar el plazo de la concesión, además de obtener un fuerte ajuste en las
tarifas. |
QUE SE DISCUTE EN LA RENEGOCIACION
Pelea por ganar la vía
Si no
mediara una prórroga, las partes tienen plazo hasta dentro de dos viernes para presentar
al juez el resultado de sus respectivos peritajes. Con esos elementos, Osvaldo Guglielmino
tendrá que disponer si la renegociación es viable o no, despejando el camino para que
otras empresas adjudicatarias avancen con sus renegociaciones.
El principal argumento empresario para defenderla es que existe una demanda insatisfecha,
que el plan de obras original no permite atender. Mientras que los peritos contratados por
los usuarios trabajan sobre la base de que la adendda de TBA constituye un nuevo contrato,
cuya ecuación económica es diferente y sustancialmente más ventajosa que la que el
Gobierno previó en el momento de licitar.
Pero, además, se modifica el propósito de la licitación. El negocio no estará basado
en la prestación de un servicio sino en ejecutar un plan de inversiones cercano a 2000
millones.
* Cambia la fuente de ingresos: desaparece el subsidio a las inversiones que se costearán
con un ajuste tarifario.
* Se extiende de diez a treinta años el plazo de la concesión.
* Se modifica el objeto del contrato. La empresa podrá explotar el negocio inmobiliario
en las estaciones y el ramal Rosario-Retiro.
* Se cambia la forma de ajustar la tarifa. Hasta ahora sólo es posible incrementar el
boleto si existe un aumento promedio en el conjunto de los precios superior al 6 por
ciento. En el futuro, bastaría que se incremente un solo ítem de la matriz de costos
para habilitar un aumento.
* Cambia la capacidad del grupo concesionario para endeudarse. Podrá prendar no sólo los
activos de la explotación, que son propiedad del Estado, sino también el flujo de fondos
futuro.
* A través de un decreto –el que pone en ejecución el contrato–, se viola la
Ley de Convertibilidad, habilitando un ajuste tarifario.
* Se elimina la regulación tarifaria para los servicios especiales, es decir, para
cualquiera que se preste durante los fines de semana y feriados, ya que el nuevo contrato
no prevé servicios regulares esos días.
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