Por Martín Granovsky La Cámara de Diputados de la
Argentina es para Antonio Bussi lo mismo que la London Clinic fue para Augusto Pinochet:
el escenario del final. El dictador fue elegido diputado nacional, pero la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos impugnará hoy su diploma. Si la presentación tiene
éxito, el general no podrá asumir y quedará sin los fueros que lo protegen de la
Justicia.
Un grupo de quince diputados repudió al mismo tiempo la eventual incorporación del ex
jefe de la masacre en Tucumán, en 1976.
“Bussi no tiene las calidades morales requeridas para ser diputado, aunque haya sido
votado por el pueblo”, dirá el documento de la APDH, al que tuvo acceso Página/12.
“Fue acusado de crímenes muy graves en el pasado.”
Otro tramo argumenta: “Si la Cámara de Diputados excluyó de su seno al diputado
Luis Luque por decir que si eventualmente su hijo hubiera matado a María Soledad Morales
la hubiera hecho desaparecer, ¿qué actitud debería tomar con Bussi que no sólo hizo
desaparecer a cientos de personas sino que además se jactó de hacerlo, mintió al país
y terminó sancionado por sus propios camaradas de armas?”.
Tras la presentación de hoy se abrirá un proceso que puede dejar a Bussi sin la
inmunidad que necesita para esquivar a los jueces.
 La APDH se
propone pedir a los diputados que son miembros del organismo de derechos humanos que
respalden la impugnación y la hagan suya. El principal diputado entre ellos es Alfredo
Bravo, presidente de la APDH. También son parte de la APDH Margarita Stolbizer, Jorge
Rivas, Graciela Fernández Meijide, Carlos “Chacho” Alvarez, Juan Pablo Cafiero
y Dante Caputo. Entre los electos se sumará Jesús Rodríguez.
El tema será
tratado por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que preside Pilar
Montenegro.
La Comisión
deberá esperar que Bussi presente su diploma de diputado electo, cosa que puede suceder
en estos días. Después emitirá un dictamen y la Cámara de Diputados en pleno deberá
votarlo.
La sesión
inaugural en la Cámara baja está programada para el 26 de noviembre. Cualquier decisión
anterior tendrá en cuenta, obviamente, la composición actual. Si el voto se produce
después, será con la composición que da 124 escaños a la Alianza, 96 al PJ, 11 a
Acción por la República y 26 a otros partidos, como los provinciales. De todos modos, la
APDH confía en que muchos peronistas acompañarán la impugnación porque Carlos Menem
termina su mandato y Bussi no es más un aliado útil.
“La propuesta tiene que ver con la transparencia democrática argentina”, dijo a
este diario Simón Lázara, vicepresidente de la APDH. “Bussi es el peor rostro: es
el rostro de quien sorteó todos los obstáculos”, opinó.
–¿Pero Bussi no podría invocar que ya una vez fue aceptado como diputado nacional,
en 1993? –preguntó Página/12.
–No. Hay hechos legales, políticos y morales nuevos. Bussi tiene causas abiertas en
el presente que no estaban abiertas cuando él era diputado.
–La de enriquecimiento ilícito...
–Sí, y también una causa que afecta a la propia Cámara de Diputados, como la
investigación por falsedad ideológica de un documento público como la declaración de
bienes que Bussi hizo cuando asumió en el ‘93. El reglamento prevé sanciones cuando
se es diputado en ejercicio. ¿Dejará que asuma un hombre que ya falseó un documento? Y
está también la entrevista con Jerez que publicaron ustedes.
Jerez es Domingo Antonio Jerez, el ex conscripto que declaró a este diario haber visto a
Bussi torturando personalmente a golpes a secuestrados en un campo de concentración de la
dictadura.
–Las declaraciones de Jerez, más otras que tiene la APDH de Tucumán, implicarían a
Bussi en el delito de supresión de identidad de menores, que con todas las letras está
excluido de la Ley de Obediencia Debida y el Punto Final –agregó Lázara–. Y
aunque para condenar a Bussi bastaría con las causas que hay en la Argentina, el dictador
tiene pedido internacional de captura.
El proyecto de resolución de los 15 diputados contra Bussi anticipa la certeza de que el
rechazo del dictador puede funcionar. Se trata de Jorge Giles, Alfredo Bravo, Jorge Rivas,
Diana Conti, Adriana Puggrós, Luis Brandoni, Mary Sánchez, Laura Musa, Alfredo Villalba,
Margarita Stolbizer, Alicia Colucigno, Nilda Garré, Liliana Lissi, Irma Parentella y
Alfredo Neme Scheij.
“Como legisladores nacionales nos avergonzamos de la sola posibilidad de que Antonio
Domingo Bussi, el mismo que está acusado de tormentos y asesinato, de robo de bebés y
enriquecimiento ilícito, el mismo que le mintiera a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación con una falsa declaración jurada, ocupe una banca de legislador”, dice el
proyecto.
Los diputados insisten en su respeto a la voluntad popular, aclaran que “éste no es
un tema partidario” y anuncian que no dudarán “en agotar todos los recursos
jurídicos y legislativos para subsanar esta situación que expresa una suerte de agujero
en el entramado del sistema democrático”.
“Todos los compatriotas que fueron víctimas del odio de aquellos dictadores no se
merecen tanta impudicia”, dicen. “Por el contrario, la democracia les debe a
ellos el más profundo de los respetos.”
| “Empezó a garrotiarlos”
El ex conscripto tucumano Domingo Jerez dijo a Página/12 el 6 de octubre que el ex
dictador Antonio Bussi torturó hasta matarlos a dos prisioneros en un campo clandestino
en 1976: “Empezó a garrotiarlos como dos horas, preguntándoles cosas, haciéndolos
sufrir. Bussi ha agarrao una manguera de garrotiar hasta que los ha muerto. Esa noche los
ha muerto a esos dos personalmente”.
Tal como publicó este diario, el juez Adolfo Bagnasco, que
investiga el robo de chicos durante la dictadura, estudia citar a Jerez y a otros testigos
de la época para cotejar datos sobre la foja represiva del general.
El juez tucumano Ricardo Maturana, quien investiga las
declaraciones de Jerez, ordenó la realización de excavaciones en búsqueda de los
cadáveres de los detenidos que estuvieron en el campo clandestino de la localidad de
Caspinchango.
Bussi enfrenta causas penales tanto en el país como en el
exterior. En Tucumán, la justicia federal lo investiga por enriquecimiento ilícito y por
la desaparición de una menor de edad.
En noviembre de 1998, el juez español Baltasar Garzón ordenó
la captura internacional del ex dictador acusándolo del secuestro y la desaparición de
descendientes y ciudadanos españoles en Tucumán, y ordenó el bloqueo de las cuentas
bancarias que Bussi posee en Holanda, Suiza, Alemania y los Estados Unidos. |
LAS ENTREGO EL DESCUBRIDOR DE LOS ARCHIVOS
PARAGUAYOS
Nuevas evidencias contra Pinochet
José Yoldi Desde Madrid
El
magistrado del Tribunal Iberoamericano de Derechos Humanos Martín Almada, descubridor de
los archivos del terror en Paraguay, que documentan las atrocidades del ‘operativo
Cóndor’, aportó ayer al juez español Baltasar Garzón nuevas pruebas contra
Pinochet.
El letrado paraguayo, que era la tercera vez que declaraba ante Garzón, entregó una
carta del general paraguayo Rolando González Murdoch, que constaba en los archivos
secretos, en la que se narra que 10 oficiales de alta graduación dieron un ultimátum a
Pinochet exigiéndole amplias reformas tras acceder al poder, entre las que figuraban la
disolución de la policía política y la agencia de inteligencia. Esos militares
pretendían entregar el poder a la democracia cristiana tras el golpe de Estado, pero
Pinochet los eliminó a todos. Martín Almada, que ahora tiene intención de entrevistarse
con el ministro del Interior británico, Jack Straw, aportó también pruebas de que la
Interpol de Paraguay estaba al servicio de Pinochet, así como un álbum de oro de ex jefe
de Estado de Paraguay Alfredo Stroessner en el que se aprecia la afinidad de ambos
dictadores.
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