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CONMOCION EN LA IGLESIA POR LA DETENCION DE MONSEÑOR ROBERTO TOLEDO
Qué dirá el Santo Padre por el BCP

El secretario privado del fallecido cardenal Antonio Quarracino dormirá está noche en una cárcel y hoy será indagado por la jueza. También fue detenido otro Trusso, Juan Miguel, por la caída del Banco de Crédito Provincial.

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Juan Miguel Trusso, abogado, brindaba el soporte jurídico al BCP. Imputado por “administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita”.

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Roberto Marcial Toledo, cuando la policía lo detuvo en su domicilio.Disfrutó de los “regalos” de los Trusso hasta la caída del BCP.


Por Claudio Zlotnik

t.gif (862 bytes) Monseñor Roberto Marcial Toledo, el secretario privado del cardenal Antonio Quarracino, está preso y genera una conmoción tanto en la Iglesia como en la Casa Rosada. La detención del religioso, vinculada con la caída del Banco Crédito Provincial (BCP), es una pieza más del mayor escándalo financiero de los últimos años, que involucra a la Iglesia, a ex banqueros y roza al menemismo. Monseñor Toledo será indagado hoy a la mañana por la jueza penal platense Marcela Inés Garmendia, quien le preguntará al prelado sobre el destino de 700 mil dólares que salieron de la cuenta del Arzobispado en el BCP y cuya ruta no consta en los balances investigados en la sede religiosa. Junto a la de Toledo, la magistrada ordenó la detención de Juan Miguel Trusso, hijo del ex embajador en el Vaticano de Menem, Francisco Javier Trusso, y ex accionista de la entidad financiera liquidada. Toledo fue arrestado ayer a las 9.30 cuando salía de su casa, en Avellaneda. Como todas las mañanas, se dirigía a la sede de la Diócesis del distrito, en donde se desempeña como vicario general. En un primer momento, Toledo fue alojado en dependencias de la Dirección de Investigaciones Complejas Capital, en la localidad de Bernal. Pero, a media tarde, fue trasladado a la Comisaría 3ª de Quilmes. Vestía pantalón y camisa de color negro, y guardó silencio cuando los periodistas se le acercaron.En medio de la investigación sobre el derrumbe del BCP, la jueza Garmendia detectó que de la cuenta corriente del Arzobispado de Buenos Aires en la entidad financiera fueron retirados 700 mil dólares a través de un cheque firmado por monseñor Toledo. A esa cuenta tenían acceso sólo tres personas: Quarracino, su secretario religioso Toledo y su secretario laico, el arquitecto Norberto Silva. A su vez, la magistrada determinó que “no existen constancias” de que el dinero extraído por una de las ventanillas del BCP haya ingresado a las arcas del Arzobispado, según indicaron fuentes del Juzgado a Página/12.La imputación que pesa sobre el prelado es de “administración fraudulenta calificada”, un delito excarcelable. Distinta es la situación de Juan Miguel Trusso: prima facie, está imputado por “administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita”. En caso de que la Justicia compruebe estos delitos, el también ex vicedirector de Cáritas Buenos Aires quedará en la cárcel. Este abogado de 38 años “tenía un estudio jurídico en Capital Federal, que habría participado como soporte importante en muchas maniobras que se investigan”, según indicaron voceros judiciales a este diario. Al mismo tiempo, la jueza investiga maniobras de Juan Miguel Trusso con depósitos “offshore” y por una presunta estafa en la transferencia de las acciones de Inversora Recoleta al ex BCP. Inversora Recoleta era dueña del 40 por ciento de Buenos Aires Design.No es la primera vez que Toledo aparece vinculado con la causa de la caída del BCP, ocurrida en agosto del ‘97. En aquel momento, el escándalo giró en torno de un préstamo de 10 millones de dólares concedido por la Sociedad Militar Seguros de Vida –una mutual que maneja millonarios aportes de militares retirados– al Arzobispado, con el aval del BCP. Quebrado el banco, los militares quisieron cobrar el dinero, reclamándole al Arzobispado. Para ellos se basaban en un documento supuestamente firmado por Quarracino –que hasta el día de su muerte el cardenal negó haber rubricado– y en dos cheques por 5 millones cada uno firmados por monseñor Toledo. Aunque el prelado nunca admitió haber cobrado el dinero. La disputa entre la Sociedad Militar y la Iglesia –que incluyó un allanamiento judicial del Arzobispado– perduró hasta hace un mes, cuando ambas partes pactaron la paz, desistiendo de cualquier reclamo. “Ambas partes fuimos víctimas de las maniobras defraudatorias por parte de los directivos del ex BCP”, señalaron en un comunicado conjunto. La soluciónconciliatoria había llegado de la mano de Roberto Dromi, el ex funcionario menemista abogado del Arzobispado.La trama de aquel préstamo por diez millones no hizo más que dejar al descubierto la íntima relación entre los Trusso y la Iglesia. En la práctica, el Arzobispado actuó como intermediario financiero para devolver a los Trusso uno de los tantos favores recibidos, y los dueños del banco necesitaban fondos frescos para cubrir los problemas. Por caso, los banqueros se hacían cargo de los abultados saldos de las tarjetas de crédito de Quarracino y las de sus secretarios Toledo y Silva. A cambio, los Trusso hacían uso de las influencias políticas de los eclesiásticos: Francisco Javier Trusso fue nombrado embajador ante el Vaticano por Carlos Menem. Y estuvo a punto de ocupar la Oficina de Etica Pública. A poco más de dos años de aquellos momentos de gloria, hoy Juan Miguel Trusso será el tercer miembro de la familia que deberá comparecer como imputado ante la Justicia.

 

Recuerdos de Nueva York

En poco más de dos años cambió su vida. Lejano tiene el recuerdo, y el placer, de pasear por Nueva York en una larga limusina y de alojarse en un lujoso departamento (2801-3) del Hotel The Pierre, uno de los edificios más caros de Manhattan. Esos y otros gastos eran a cuenta de Francisco Trusso (hijo), presidente del fallido Banco de Crédito Provincial. Quien disfrutaba esos “regalos” del banquero era Roberto Toledo, el entonces secretario privado del fallecido arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino. Mantenía una estrecha relación con el secretario laico del cardenal, Norberto Silva, siendo los dos las personas de confianza de Quarracino. Tal era la cercanía de Toledo con el arzobispo que éste lo designó su albacea en su testamento. “Querido y fiel secretario”, escribió, encargándole que “se comprometa a transmitir a algunas personas ciertos mensajes, en caso de que no haya podido expresárselos yo mismo al dejar este mundo (cosa que será de su conocimiento)”. Obviamente, se refería a la traición que sintió Quarracino por parte de la familia Trusso.


“Respeto a la legalidad”

Fernando de la Rúa no va hacer nada ni decir nada que lo muestre como un futuro presidente que no respetará la ley. En público sostendrá que no pedirá la renuncia de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia, como tampoco la del presidente del Banco Central, Pedro Pou. Aunque en las reuniones a puertas cerradas con sus colaboradores espera el paso al costado de algunos de los miembros del Alto Tribunal como de Pou, tal como informó Página/12 anteayer. En esa línea, De la Rúa sostuvo que respetará la “estabilidad” de Pou, quien tiene mandato hasta el 2004. “Tiene acuerdo del Senado y estabilidad que yo voy a respetar, porque así lo establece la ley”, afirmó, durante una conferencia de prensa que ofreció ayer en el Senado. “No me corresponde abrir juicios personales, sino dar signos claros de respeto a la legalidad y a la seguridad jurídica”, agregó. Lo que no mencionó De la Rúa es que tanto él como José Luis Machinea esperan la ratificación del procesamiento de Pou por la Cámara Federal con el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público para alentar su remoción.


 

HISTORIA DE LA CAIDA DEL BANCO DE LOS TRUSSO
Lodo de curas, militares y menemistas

t.gif (862 bytes) El escándalo estalló hace más de dos años, en agosto del ‘97. Por entonces, la situación financiera del Banco Crédito Provincial (BCP) se hizo insostenible pese a los buenos oficios del Banco Central. La punta del ovillo que desembocó en la intervención y posterior liquidación fueron los 20.985 créditos truchos que se detectaron, por un total de 64 millones de pesos.La jueza penal Marcela Inés Garmendia fue ampliando las investigaciones, de acuerdo con las múltiples denuncias de ahorristas que fueron llegando a su despacho. En los tribunales tienen la certeza que, desde el BCP, la familia Trusso tejió una amplia gama de operaciones fraudulentas, que terminaron con el vaciamiento de la entidad financiera.En la actualidad, la magistrada investiga el desvío de unos 100 millones de dólares que habían sido depositados por los ahorristas a través de operaciones off shore (colocaciones en el exterior). En ese sentido, Garmendia envió exhortos a veintidós bancos estadounidenses para que éstos contesten si en ellos existen cuentas a nombre de los ex directivos del BCP. El contenido de un disco rígido perteneciente a un director de la entidad financiera, incautado por la juez, reveló que, efectivamente, el dinero de los ahorristas era depositado en paraísos fiscales. Y que, de allí, se desviaban a bancos de Miami y Nueva York, en donde se colocaba a nombre de los Trusso o de allegados a la familia. Algunas de las entidades a las que se les solicitó información son el Citibank, Bank of New York, Chase Manhattan y BankAmerica.Por otra parte, la magistrada investiga irregularidades en los depósitos que un grupo de jubilados realizó de títulos previsionales (Bocon Segunda Serie), por un total de cinco millones de pesos, y en el manejo discrecional de resúmenes de tarjetas de créditos con el objetivo de agrandar los activos del BCP. A su vez, se estima que por la quiebra de la entidad financiera quedaron impagos unos 40 millones de pesos en Obligaciones Negociables (títulos de deuda), que habían sido suscriptas por empresas de primera línea del extranjero.La familia Trusso se sirvió de sus vinculaciones políticas para mantener la olla tapada. Su estrecho lazo con el cardenal Antonio Quarracino le sirvió a Francisco Trusso para acceder a las cumbres del poder: fue embajador en el Vaticano y hubiese ocupado la Oficina de Etica Pública de no estallar el escándalo. El hijo del ex embajador, Francisco Javier, se jactaba de sus encuentros semanales con Ramón Hernández (el secretario privado de Carlos Menem) en el Hotel Alvear. Pero un día la fiesta terminó, y los Trusso empezaron a desfilar por los tribunales.

 

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