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LAS ABUELAS TRAS LA IDENTIDAD DE CINCO JOVENES
Trueque de bebés sin nombres

Por atajos judiciales, una familia demora la realización de análisis para identificar a un joven que sería hijo de desaparecidos.

La jueza Servini de Cubría investiga el caso de la familia Gargaglione.
Otra chica fue ante Abuelas porque sospecha que es hija de desaparecidos.

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Por Victoria Ginzberg
y Raúl Kollmann


t.gif (862 bytes) Las diez personas esperaban al costado del camino, en el lugar convenido: un cruce de rutas. Alrededor, campo. Era una madrugada oscura del año 1977. Un camión se estacionó y un hombre entregó los cinco bebés. El trueque no fue gratuito. Una joven de veintiún años se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo en busca de su identidad hace un mes y contó esta historia. Ella era uno de los cinco bebés entregados esa noche. La mujer que la había criado se lo confesó y le dijo también que las parejas que pagaron por esos niños, presumiblemente hijos de desaparecidos, eran de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. El relato se corresponde con una causa judicial iniciada en 1987. En ese caso –se trata de un varón– las Abuelas no consiguieron aún que se realice el análisis de sangre debido a las maniobras de los abogados de la familia que crió al joven.
De acuerdo con las denuncias recibidas por las Abuelas de Plaza de Mayo, el matrimonio de Norberto y Cristina Gargaglione, de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, tiene en su poder un niño que podría ser hijo de desaparecidos. En 1987 las Abuelas, representadas por la abogada Alcira Ríos, iniciaron una causa judicial y dos años después consiguieron que la Justicia ordenara la realización de los estudios genéticos para determinar la identidad del menor.
Cuando los Gargaglione fueron citados por la jueza María Servini de Cubría presentaron un acta que atestigua que su hijo habría nacido en la Clínica Chacabuco. La investigación demostró que en ese centro asistencial no había prueba alguna sobre el nacimiento del bebé: ni la historia clínica ni documentación interna ni certificados de ningún tipo. El médico que firma el acta de nacimiento, Mario Federico Rago, reconoció como propia la firma pero dijo que no se acordaba de nada, y lo propio ocurrió con otros integrantes del personal de la firma. Todos contestaron en forma ambigua. Por lo tanto, las hipótesis de las Abuelas son dos: o el niño nació en ese lugar de forma clandestina o el parto se produjo en otro lugar y se falsificó el documento.
Para trabar la realización del análisis genético, los Gargaglione decidieron tramitar la emancipación del menor. El escribano que realizó la diligencia, Hugo Gargaglione –no tiene parentesco con los supuestos apropiadores– declaró ante la Justicia que “la señora Cristina tenía imposibilidad de procrear y que todos sus hijos son adoptados”. El matrimonio tiene otros dos hijos nacidos entre los años 1979 y 1983.
De acuerdo con el archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), en la zona de Junín funcionó un centro clandestino dentro de una comisaría. Hay al menos una persona que declaró haber estado detenida allí y, si bien no especificó el número de la dependencia policial, se asentó que dependía del grupo de Artillería 101.
Las Abuelas aún no saben si los niños entregados en la ruta son hijos de desaparecidos. El enigma se podría resolver con la realización de los análisis genéticos, medida que fue autorizada por la Cámara Federal, pero éstos no se hicieron debido a las distintas presentaciones hechas por el abogado de la familia Gargaglione, Martín Sanguinetti (ver aparte), del estudio Darritchon.
La causa se aceleró hace poco tiempo cuando una joven se presentó en la sede de Abuelas. “Quiero saber mi identidad pero no quiero dañar a mi madre”, manifestó la chica de 21 años. La joven repitió ante las Abuelas la historia que le narró la mujer que la crió. Según ese relato, hace 22 años, cinco matrimonios de la zona de Junín y Chacabuco que no podían tener hijos se contactaron con una enfermera que les ofreció conseguirles bebés a cambio de una suma de dinero –la mujer no habría mencionado cuánto–. Una madrugada de 1977 las parejas esperaron en un cruce de rutas hasta que llegó un camión. Un hombre con la cara totalmente tapada por una bufanda se bajó del vehículo y entregó a los niños, entre los que había varones y mujeres. Esto es lo que sabía la joven, quien está casi convencida de que es hija de desaparecidos. La historia que contó la muchacha encaja con lo que sabían las Abuelas. El joven que tienen los Gargaglione sería otro de esos cinco niños.
La chica que hace un mes se presentó ante las Abuelas es uno de los más de cien jóvenes que recurren a la institución con dudas sobre su identidad. Este fenómeno empezó cuando los hijos de desaparecidos comenzaron a crecer, pero se agigantó con el arresto de los máximos responsables de la dictadura militar por el robo de bebés.

 

Tiempo a cualquier precio

Hace ya diez años que la Justicia dispuso que se debían realizar los análisis de ADN para comprobar si el joven que criaron los Gargaglione es hijo de desaparecidos. Pero la medida fue impedida por el abogado contratado por la familia. El letrado pasó ahora a la ofensiva anunciando una querella por injurias contra el Banco Nacional de Datos Genéticos e iniciando una causa judicial por amenazas contra un prosecretario de la jueza María Servini de Cubría. Todo indica que su próximo paso será recusar a la magistrada, lo que le permitiría seguir ganando tiempo.
El representante de los presuntos apropiadores –imputados no procesados– es Hugo Sanguinetti, miembro del estudio Darritchon. Luis Darritchon, que murió el año pasado, fue un conocido penalista, profesor universitario, que en su momento defendió a Guillermo Luque en el caso María Soledad.
Cuando se ordenó el examen genético, Sanguinetti nombró a una perito que criticó la forma en que se hacen los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand. El Banco, dirigido por Ana María Di Lonardo, se creó en 1984 y fue regulado por ley en 1987. Allí se concentran los estudios genéticos sobre los hijos de desaparecidos y su tarea es reconocida internacionalmente. La perito nombrada por Sanguinetti indicó que el examen debía hacerse de una forma diferente de la habitual. A pedido de la jueza María Servini de Cubría, la entidad respondió con un escrito lleno de precisiones científicas en el que aseguraban que la técnica propuesta por la perito de parte era antigua y que a su entender se trataba de un “pedido dilatorio”. Luego de estos hechos, Sanguinetti presentó un escrito pidiendo copia certificada de las actuaciones para presentar una denuncia por “calumnias” contra el Banco.
El abogado también inició otra querella, esta vez por “amenazas” y contra el prosecretario de Servini de Cubría. Cuando Sanguinetti hizo la presentación, dijo que él fue el amenazado y no quiso identificar a quien acusaba, simplemente designándolo NN. Posteriormente, se presentó en esa causa Gargaglione, pidiendo ser tenido por querellante.

 

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