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 Los
profesionales del Hospital Moyano no quieren que la prensa siga ventilando la situación
que padece el neuropsiquiátrico. Y para lograrlo, decidieron un camino insólito:
recurrieron a la Justicia para pedir que se prohíba específicamente a Página/12
la publicación de notas sobre el tema. Es decir, que se disponga la censura previa. De
paso, también solicitaron que la ombudsman porteña se abstenga de hablar públicamente
sobre la situación del hospital. La presentación acaba de ser rechazada por un juez, que
evaluó que el pedido atenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información.
Ayer, la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, interpretó el recurso de la entidad con
un sombrío interrogante: “Si se atreven a ir a Tribunales a pedir la censura previa,
qué harán en un instituto psiquiátrico con los pacientes”.El informe que originó
la reacción de los médicos apareció el pasado 23 de agosto y daba cuenta de la extraña
muerte de cuatro pacientes del neuropsiquiátrico y el llamativo aumento de internadas
fallecidas en los meses previos. El artículo reflejaba las investigaciones ya en curso de
la Justicia y la Defensoría del Pueblo. Este diario cumplió con el requisito básico del
chequeo de la información e incluyó la opinión del director del Moyano. Luego también
publicó la versión de la entidad que agrupa a los médicos del hospital.Diez días
después, el Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 24 recibía un pedido de amparo.
En los fundamentos aparecían interpretaciones apocalípticas sobre el informe de este
diario en relación con el Moyano. Un ataque del que hay que defenderse. Una conspiración
político- administrativa que es necesario frenar. Una campaña que debe terminar.En el
escrito, Antonio Naveira Gayoso, secretario general de la Asociación de Profesionales del
hospital, pedía –con la aclaración de que lo hacía en representación de sus
colegas–, que se prohíban futuras y eventuales notas sobre el tema. El argumento,
esgrimido con el patrocinio del abogado Enrique Escalante Echagüe, se basaba en la
necesidad de que terminen los “ataques insensatos” sobre pacientes y médicos
que –según esa particular apreciación– implicaba la nota de Página/12.El
representante gremial ratificó luego su pedido ante el juez. Y allí agregó la solicitud
de que la ombudsman “actúe de acuerdo con los procedimientos que puede poner en
funcionamiento conforme a su cargo y no que lo publique en los diarios”.Oliveira
había denunciado el deterioro edilicio del hospital y había puesto en marcha una
investigación por el aumento del índice de muertes. “Se detectó una excesiva
cantidad de muertes, por lo que pedimos una serie de historias clínicas que actualmente
estamos analizando en la Defensoría. Quisimos hacerlo en el mismo hospital, pero eso
generó una situación de mucha violencia”, contó ayer la
defensora.–¿Violencia por parte de quién?–Los médicos y el gremio,
ATE-Moyano. Tipo patota. Hubo maltratos e insultos a la gente de la Defensoría que
pretendió hacer allí el trabajo. Entonces evaluamos que esta situación atentaba contra
la tranquilidad de las internas, por lo que pedimos copias de las historias clínicas. Que
también ya las está analizando la Justicia.–En el pedido de amparo también piden
que no haga declaraciones periodísticas.–Si este señor (por el presidente de la
Asociación de Profesionales) me prohíbe hablar a mí, no quiero imaginarme cómo será
su relación con las pacientes internadas, que están privadas de su libertad. Si quiere
acallar a los medios de prensa, que tienen cómo defenderse, hay que ver cómo se comporta
con las pacientes, con lo vulnerables que son. De hecho, ya hubo casos de censura en
medios alternativos de comunicación que funcionaban dentro del hospital.El pedido de
censura de los profesionales fue declarado “inadmisible” por el juez Gustavo
Karam. En su fundamentación, el magistrado consideró que la presentación ponía en
juego “garantías y derechos consagrados porla Constitución nacional, tales como la
libertad de prensa, el derecho a la información, el honor y la libertad de trabajo”.
Y evaluó que “si bien se encuentran en un plano de igualdad, al colisionar distintos
derechos habrá de preferirse aquel de mayor jerarquía”.Karam citó el caso del
fallo de la Corte Suprema sobre la foto de Ricardo Balbín en su lecho de muerte publicada
por la revista Gente. Allí se condenó al medio porque se priorizó el derecho a la
intimidad de la familia del dirigente radical. En este caso, el juez consideró que
“la libertad de prensa y el derecho a la información ha de ser una garantía de
superior jerarquía”.“En modo alguno –sostiene el juez– puede el
accionante (la Asociación de Profesionales), so pretexto de menoscabarse la
profesionalidad e idoneidad de los profesionales que se desempeñen en ese nosocomio,
solicitar se cercene el derecho a la información y la libertad de prensa, cuando por el
mismo medio e inclusive por medios judiciales específicos, puede igualmente atacar las
falacias de las que se siente agraviado”.
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