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OPINION

El Estado es un bizcochito

Por Julio Nudler

La escena se desarrolla en la gerencia general del Banco Nación. Convocados por el gerente del momento, Santiago Anich, están reunidos en el despacho Miguel Alberto Iturbe (con causa penal abierta por prevaricato) y su hija María Trinidad, abogados de la concursada Pradymar, una de las empresas del Grupo Romero endeudada con el BNA. Asisten además el abogado Ramón Urssino, que representa al BNA, y un administrativo. El gerente se muestra convencido de que al banco oficial le conviene aceptar la oferta de los Romero, que a través de otra de sus empresas, Concentrados Argentinos, ofrecen 1.657.000 pesos para cancelar una deuda que casi triplica esa suma. Hay además un pequeño detalle: los 100.000 pesos reclamados por Iturbe (también vicepresidente de Noel) como honorarios por un incidente de revisión, que ni siquiera había ganado. Anich insiste en aceptar todo, porque, según asegura, el arreglo le conviene al Nación, que recibirá plata fresca. Pero un momento después el empleado informa que acaba de llamar Hugo Romero: está muy cerca y pregunta si puede pasar a firmar la obtención de un crédito por alrededor de 1.700.000 pesos para Desmontadora San Luis, una firma fantasmal del grupo, con activos por $ 20.800 y carente de pasivos. No había entonces tal plata fresca, sino la cancelación de una deuda mediante un nuevo préstamo, por un capital muy inferior y a una empresa sin bienes ni giro.

De hecho, sin que la Justicia, la DGI y la banca oficial (el Nación o el ya vaciado de Mendoza, entre otros) se abstuvieran de todo esfuerzo por cobrar las enormes acreencias acumuladas contra el correntino clan Romero, estrechamente vinculado al menemismo, aquél no podría mostrar hoy hazañas como ésta: Roberto Romero, primo de los Romero Feris, con quiebra decretada, le debe 154 millones al Nación, como fiador solidario de Noel y Cía., empresa que la familia Romero pasó a comandar totalmente en 1984 y le debe más de 55 millones a Impositiva. Roberto, que fue asesor de su medio hermano Humberto cuando éste ocupó el Ministerio de Defensa en los comienzos del gobierno de Carlos Menem, no posee patrimonio alguno, según surge de su declaración de bienes. No tiene auto, ni tarjeta de crédito, ni cuenta bancaria. El departamento que habita, en el octavo piso del ya famoso edificio de Quintana 59 (cobijo de Trovato y de Agüero Iturbe), está escriturado a nombre de su mujer, Silvia Gabriela Cianchi. Ella lo compró con un crédito de 450.000 dólares que le otorgó el Banco Ciudad (otro de los pródigos), 35 mil más que el precio de la operación, certificada por el escribano Jorge Luis Valiante.

En 1991, Cuando José Octavio Bordón --próximo director general de Escuelas bonaerense, bajo Carlos Ruckauf-- gobernaba Mendoza, el banco provincial no tuvo reparos en prestarle a sola firma 6.345.000 pesos a Noel, aunque esta compañía de los Romero ya estaba en su segundo y consecutivo concurso de acreedores y técnicamente quebrada porque no había cumplido con dos cuotas anuales pactadas. Obviamente, la entidad estatal no recuperó ni un centavo, pero aplicó el habitual método de maquillaje contable, cuyo final anunciado es la bancarrota: devengar intereses usurarios, inflando así ese activo incobrable, mientras renovaba automáticamente el crédito. Es así que en mayo de 1994, la deuda de Noel con el Mendoza trepaba ya a 17.173.185 pesos. El banco sólo había exigido la garantía personal de todos los directores de la compañía, pero luego las pericias establecieron que las firmas eran falsas, a excepción de la del presidente de Noel, Hugo Romero. La obvia conclusión es que los funcionarios del Mendoza daban por buenas las rúbricas, aunque no se estamparan en su presencia. Cuando el banco, tardíamente, accionó para recuperar su crédito, Emma Tacta de Romero, madre de Roberto y Hugo, se llegó hasta la sede porteña del Mendoza y prorrumpió en estruendosos insultos al presidente de la entidad.

Pradymar, empresa que los Romero les compraron a empresarios chilenos venidos en tiempos de Allende y marchados de regreso a casa con Pinochet, fue por su parte concursada por la familia en 1993 y ostenta un acuerdo vencido e impago desde 1997. Inexplicablemente, el capital accionario de esa firma, con planta fabril en Munro y propiedad de Noel y Cía., le fue cedido en octubre de 1993 por irrisorios 50.000 pesos a un tal Saúl Rogelio Báez. Era presidente de la firma José Antonio Eiras, quien había sido un simple empleado de oficina en Noel y, en verdad, apenas poseía un quiosco de galletitas en San Justo. Los principales acreedores de Pradymar eran el BNA, por 19 millones, y la DGI, por 6. Finalmente, el juez Luis María Codeglia, de San Isidro, decretó en diciembre de 1994 la quiebra con continuidad empresaria. Irregularidades como la inexistencia de registros contables fueron denunciadas por escrito a Carlos Silvani, titular de la AFIP, sin lograr que éste ni siquiera acusara recibo. Al cabo, la Cámara de Apelaciones de San Isidro levantó la quiebra.

Impositiva había accionado contra Hugo Romero, dueño de Pradymar, por la evasión de los aportes previsionales retenidos al personal en 1993 y 1994. Romero pidió que la DGI desistiera de la acción, y el juez Codeglia fue más allá y le otorgó el desestimiento del derecho. Como Impositiva dejó vencer --nadie aclaró por qué razón-- el plazo que tenía para apelar esa medida judicial, ya no pudo reclamar tales aportes. En cuanto al acuerdo sobre la deuda impositiva, la DGI no llegó a cobrar ni una cuota. Sin darse ninguna prisa, el ente recaudador reclamó los pagos en 1997, y los Romero respondieron, sin sonrojarse, que no los habían efectuado por no tener en claro el monto a abonar.

Según está establecido, Pradymar emplea a 460 personas en su planta de Mitre 3350, en Munro, pero sólo efectúa aportes y contribuciones previsionales por 15. La regional 8 de Impositiva, ante la cual se denunció el hecho, no ha hecho nada al respecto. De todas formas, la empresa parece encaminada a reiterar la historia de las otras del grupo. El dato clave es la creación de Prady en 1996, con 50.000 pesos de capital y asiento en Corrientes. Su apoderado es José Martínez, un ex obrero de Pradymar que ganaba 400 pesos mensuales por preparar los "amasijos" (composición de la masa). Cuando se revisaron sus comprobantes de gastos, éstos consistían en boletos de colectivo. A su vez, el presidente de la firma es Jorge Emilio Billordo, quien habita en un paraje rural correntino en la ruta 12, km 6, sin número.

Según denunció la sindicatura en 1997, Prady --con domicilio legal en la casa de Emma Tacta, la segunda mujer de Julio Romero, ex delegado personal de Perón, ex gobernador provincial, amigo de Stroessner y Galtieri-- sería utilizada para vaciar Pradymar, el producido de cuyas ventas es ingresado por aquella, que mientras tanto va generando pasivos. En este caso, la DGI envió una inspección, que encontró e interrogó a Billordo, sólo para comprobar que desconocía totalmente la gestión económica de la empresa. Pero esto tampoco tuvo consecuencias para los Romero. Para justificar el giro de Prady con tan magro capital, se hizo entrar en escena a Faroe Internacional, una sociedad uruguaya con 200.000 dólares de capital que, sin embargo, se las ingenió para invertir 1.400.000 dólares en Prady, transferidos (según propias actas) a Emma, a la que designaron, en una muestra de confianza ciega, administradora del aporte. El mencionado obrero Martínez es también el apoderado de Faroe. Otra firma montevideana de los Romero, Biblos Trading Company, es presidida por Horacio Luis Abeytúa, también director de Noel y de otras empresas, aunque se trate de un simple ex empleado de Noel y Pradymar.

Uno de los innumerables motivos de asombro a que da lugar esta obra de realismo mágico cuyos protagonistas son los Romero y el Estado se descubre en las declaraciones juradas de bienes que el Banco Nación tomó en cuenta para financiar con esplendidez a esos señores. La de Hugo, por ejemplo, consigna 300.000 pesos en efectivo (volátiles e incomprobables) y 3.300.000 en artículos para el hogar, lo que induce a pensar en un equipamiento doméstico inconmensurable. ¿Dónde pondrá tantos televisores, heladeras, lavarropas? Otro garante de Pradymar y Concentrados, Daniel Del Val, tiene menos artefactos: sólo los valúa en 2 millones. Norberto Domínguez y Juan Galiano, también avalistas, omitieron directamente toda manifestación de bienes. Fueron, a su modo, los más sinceros.

 

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