Por Cledis Candelaresi Para garantizar la eficiencia
administrativa del Estado, la Alianza pule una idea llamativa y original. Los técnicos
más próximos a Carlos Alvarez estudian montar una red de computadoras en supermercados y
shoppings para que los ciudadanos puedan obtener información en tiempo real de las
compras y contrataciones públicas. Transformar los centros comerciales en unidades de
auditoría popular es sólo un capítulo de la movida pro transparencia que comandará la
vicepresidencia de la Nación. Algunas de las fórmulas previstas están inspiradas en
políticas del primer ministro británico, Tony Blair.
Ligado a esa imaginativa idea está el propósito de impulsar la sanción del proyecto de
ley presentado por el Alvarez en Diputados para que todas las operaciones del sector
público sean publicitadas a través de Internet. El segundo capítulo de esa iniciativa
supone garantizar que esa información tendrá el mayor alcance posible, meta que podría
cumplirse sembrando de PC lugares de gran afluencia de público. Parte de la información
estatal ya está en on line, fundamentalmente, los decretos y resoluciones
administrativas. Pero aún falta mucho para ampliar la base de datos y, después,
facilitar el acceso a ella habilitando “centros de información”.
Esta divulgación así como un sistema de control de la gestión de los funcionarios
están contemplados en la Ley de Solvencia Fiscal, que pone límites al déficit público.
Ahora, Alvarez confió en el ex subsecretario de Presupuesto, Marcos Makón, el diseño de
al menos un par de herramientas que permitirían mejorar el funcionamiento del Estado vía
decreto o resolución, cuya redacción se alistaría durante el fin de semana:
 Una es la
gestión por resultados, expresamente prevista en aquella ley. El sistema ya existe en
Nueva Zelandia, Inglaterra y Estados Unidos, y consiste en instrumentar un sistema de
premios y castigos para evaluar a los funcionarios. El propósito es que cada repartición
pública consiga sus metas en el menor tiempo y al menor costo posible. De hacerlo, todo
el personal accedería a estímulos (dinerarios o de otro tipo) o la repartición se
beneficiaría con la flexibilización de su sistema de compras, adquiriendo mayor
autonomía, entre otros beneficios. En todos los casos, la evaluación quedará en manos
del ministerio u organismo que corresponda.
Otra idea sobre
la que trabaja el futuro gobierno es la denominada “carta de compromiso con el
ciudadano”. En virtud de ella, todas las reparticiones que atiendan al público
tendrán la obligación de tener un detalle bien visible de los pasos a seguir para
completar un trámite y estará identificado al funcionario responsable de que éste se
concrete. Por ejemplo: inscripción en un registro público y obtención de la constancia
a las 48 horas. Si los tiempos y condiciones no se respetan, los ciudadanos involucrados
podrán denunciar la falta y conseguir que el o los responsables tengan la correspondiente
sanción administrativa, como la apertura de un sumario. La idea, novedosa en nuestro
país, es copia del exitoso sistema que Blair inauguró en Gran Bretaña.
Aunque no se crearán cuerpos especiales de contralor, la aplicación de esos regímenes
entrañan costos adicionales. Pero éstos deberían ser cubiertos con los presupuestos de
cada área, ya que el ajuste que se está preparando no incluye reforzar partidas.
“No vamos a aumentar la estructura burocrática”, advierte Makón, quien
fiscalizará la modernización estatal desde un cargo aún no precisado en la
vicepresidencia.
| Transparencia en obras El futuro ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, confirmó la
contratación de Transparencia Internacional para fiscalizar la licitación y ejecución
de obras públicas. Esta decisión forma parte de una estrategia para demostrar la
voluntad política de combatir las irregularidades administrativas. Otro de los cambios
que instrumentará el futuro ministro es la apertura de discusión con los concesionarios
de servicios públicos para conseguir una rebaja tarifaria. Antes de asumir, Gallo
comenzó una ronda de consultas con algunas empresas adjudicatarias, entre ellas, las de
rutas por peaje. La tarea de promover una reducción tarifaria será encarada en forma
conjunta con Economía, que tendrá competencia en el precio de todos los servicios
públicos, la mayoría de los cuales quedará en la jurisdicción de Infraestructura. |
Menos atribuciones para la Jefatura
Achicaron a Terragno
Por C.C.
Rodolfo
Terragno sueña con darle a la Jefatura de Gabinete un rol protagónico, bastante más
destacado del que tuvo a durante la gestión menemista. Sin embargo, la futura estructura
estatal parece reservarle casi lo contrario, ya que las funciones del sucesor de Jorge
Rodríguez estarán más acotadas. En principio, porque se reducirán de cuatro a dos las
secretarías y de diez a dos las subsecretarías bajo esta órbita.
Aunque ya están elegidos los ministros, aún no hay una definición última del
organigrama estatal, pero sí un bosquejo de las reparticiones que subsistirán y de su
dependencia funcional. Según este borrador, en el ámbito de Jefatura sobrevivirán sólo
las secretarías de Control Estratégico (actualmente a cargo de Miguel Solé) y de
Relaciones Parlamentarias (en manos de Néstor Alcalá). Tanto la de Equidad Fiscal (en
manos de Carola Pessino) como la de Función Pública (a cargo de Claudia Bello) tienen
expedido el certificado de defunción.
“El jefe de Gabinete es un coordinador de los ministros, encargado de controlar las
políticas que instrumenta la Presidencia”, precisa Marcos Makón, uno de los autores
del proyecto de Ley de Ministerios y reforma estatal en curso. Esas funciones serán
competencia de dos subsecretarías: la de Gestión y Organización y la de Seguimiento de
Políticas Públicas.
Pero uno de los axiomas de la Alianza es evitar la superposición de funciones, única
manera de ahorrar recursos sin alterar la operatividad del Estado. Bajo ese principio, la
idea es que la administración del Presupuesto sea competencia de Economía y en él no
tenga el jefe de Gabinete las atribuciones que hoy distinguen a Rodríguez: éste, por
ejemplo, puede reasignar partidas presupuestarias a piacere, algo que no podrá hacer
Terragno.
El mismo borrador prevé que Medio Ambiente se desmembrará: las obras hídricas quedarán
en manos de Infraestructura, en tanto que la política de cuidado ambiental será
competencia de Acción Social, cartera reservada a Graciela Fernández Meijide. Este punto
no tiene chances de ser modificado, ya que hay consenso en el futuro gobierno para
concretar el desmembramiento.
Por el contrario, la Secretaría de Comunicaciones sigue generando dudas, en gran medida,
porque hoy acapara funciones muy diversas, como la de controlar a las empresas
privatizadas de teléfono y Correo y, al mismo tiempo, diseñar la política de
comunicaciones del país.
La red de ministerios debe ser resuelta por ley. Pero para la creación de secretarías y
subsecretarías sólo basta un decreto, así como para generar o suprimir direcciones es
suficiente una resolución ministerial. Estas alternativas legales le dan margen al nuevo
gobierno para postergar hasta último momento algunas definiciones, que tendrán tanto
impacto en el Presupuesto como en la relación de poder interno entre sus hombres.
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