El futuro
jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, salió a jugar fuerte en la partida por liderar el
plan antievasión de la Alianza. Ayer dijo que todavía no está
decidido si Carlos Silvani continuará al frente de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) por un período de transición de seis meses, como había
anunciado el vicepresidente electo, Carlos Alvarez. En los últimos días, Terragno se
mostró indignado por los actuales niveles de evasión y dejó en claro que asumirá un
rol protagónico en el tema, al repetir una y otra vez que por mandato
constitucional la recaudación impositiva es responsabilidad de la Jefatura de
Gabinete. Ayer, en otra crítica a Silvani, que conduce la AFIP desde hace tres
años, aseguró que estaba profundamente insatisfecho por los niveles actuales
de recaudación. Eso no está decidido, respondió Terragno cuando le
preguntaron por Radio Mitre si Silvani se quedaría al mando de la AFIP por un período de
transición. Consciente de que así estaba contradiciendo una decisión
supuestamente ya tomada por Fernando de la Rúa, inmediatamente después,
aclaró: A mí me parece que no es tan importante quién esté en la cúspide de un
sistema de recaudación fiscal que es a todas luces insuficiente. Lo importante es el plan
para atacar esta fenomenal evasión, afirmó.Otro de los que disparó contra Silvani
fue el ex director de auditoría fiscal de la DGI y líder de un grupo de fiscalización
autodenominado Los Intocables, Luis María Peña. Me llama la atención
que habiendo tanta gente capaz dentro de las filas de la Alianza haya una continuidad con
las autoridades (de la AFIP), lo que va a restar eficiencia en los primeros tiempos,
declaró. El plan antievasión, adelantado ayer por Página/12, contempla centralizar la
investigación en 10.000 grandes contribuyentes; formar una fuerza operativa
especializada para controlar este segmento de contribuyentes; dotar de computadoras
portátiles a los inspectores para realizar fiscalizaciones informatizadas; adecuar los
salarios de los funcionarios de la AFIP a la búsqueda de resultados; el establecimiento
de una instancia prejudicial para resolver cuestiones de evasión menor, atraso o mora por
vía administrativa, y la creación de un fuero tributario especial, entre otros puntos.
También propiciaría la obligatoriedad de usar cheque, tarjeta de crédito o cuenta
corriente bancaria en operaciones por más de 10 mil pesos. Es un proyecto de ley
mío que tiene más de un año y que hasta ahora había tenido fuerte resistencia, pero a
lo largo del tiempo se comprendió la necesidad de llevarlo adelante y ahora la Alianza lo
incorpora en el paquete de medidas contra la evasión, contó Terragno.Mi
proyecto funciona de este modo: usted no puede comprar en efectivo una casa, ni un auto,
ni un yate, ni una estancia, ni una empresa. El dinero en efectivo en todas estas
operaciones alientan por un lado la evasión y por otro lado facilitan el lavado de
dinero, explicó el actual diputado. En relación a este último tema, también se
impulsaría un área de investigación para los ilícitos de lavado de dinero y los
delitos de macroevasión relacionados. Este proyecto también podría extenderse a
otras actividades, como por ejemplo el pago de honorarios profesionales.Otra de las
medidas apuntaría a modificar la ley penal tributaría tomando en cuenta las
maniobras dolosas denunciadas y no los montos mínimos de evasión. Estoy
profundamente insatisfecho con lo que se recauda, sostuvo Terragno. Y admitió que
había hablado del tema con Silvani. El señala las restricciones que hay porque la
ley no le da todas las facilidades, porque el régimen procesal no es adecuado, porque
muchos jueces se sientan sobre los expedientes, y porque hay siete mil millones a cobrar
por sentencias judiciales firmes y la AFIP trató de hacerlo a través de estudios
privados y le fue imposible porque los profesionales estatales lo bloquearon,
dijoTerragno, enumerando las explicaciones ensayadas por el actual titular de la AFIP para
justificar tan mala performance de la recaudación. En tanto, advirtió que revisará
personalmente esas cuestiones: Ahora es necesario examinar las cosas desde adentro,
porque desde afuera es mucho más difícil. Me parece que hacen falta muchos cambios, por
lo que no podemos estar contentos con una recaudación tan baja, insistió. Y
aseguró que encargarse de estos temas es una responsabilidad que voy a tener a
partir del 10 de diciembre como jefe de Gabinete.
FRACASARON NEGOCIACIONES CON GOBERNADORES DEL
PJ
Muchas sonrisas, pocas nueces
No
está en su sano juicio el gobernador que resigne partidas, enfatizó ayer el
mandatario de Misiones, Ramón Puerta. Ese fue el tono de la negativa de los gobernadores
justicialistas a la última oferta de José Luis Machinea para sellar un nuevo Pacto
Fiscal. Así se condicionó la aprobación del Presupuesto del 2000, que está previsto
tratar hoy en Diputados. Los gobernadores difundieron anoche un acta de coincidencia,
resumiendo su posición: apoyo al dictamen de aprobación del Presupuesto emitido por los
legisladores del PJ; compromiso de respaldar al próximo gobierno de Fernando de la Rúa;
y posponer para después del 10 de diciembre la discusión sobre un nuevo Pacto Fiscal y
la coparticipación.El esquema de coparticipación entre la Nación y las provincias está
atado a la negociación del Presupuesto para el 2000. Si no se resuelve el primer punto,
la Alianza asegura que no podrá respetar el compromiso con el FMI de limitar el déficit
fiscal del próximo año a 4500 millones de pesos. En ese caso, advierte, el aumento de
impuestos y el ajuste del gasto público será aún más severo y antipático para la
opinión pública.A media tarde, se reunió en la Casa de Misiones en Buenos Aires el
grupo de ocho gobernadores justicialistas que se oponen con mayor firmeza a la propuesta
fiscal del gobierno electo: Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y
Formosa, y los de las provincias patagónicas Santa Cruz y Tierra del Fuego. En ese
encuentro fijaron su posición antes de encontrarse, más tarde, con el resto de sus pares
del justicialismo. Es una insensatez atarse a una suma fija sin conocer el paquete
impositivo que prepara la Alianza, subrayó Puerta al cabo del primer cónclave. Se
refería a la propuesta de Machinea, que consiste en el envío de la Nación a las
provincias de una suma fija mensual de 920 millones de pesos en concepto de
coparticipación, y sumado a ello los fondos con asignación específica para los
distritos del interior Fonavi, del Conurbano y Eléctrico. La primera oferta
se limitaba a 870 millones, más los fondos específicos.A nadie le gusta la idea
del monto fijo, y menos sin conocer cuál será el paquete impositivo de la Alianza,
le dijo a Página/12 el ministro de Economía de Entre Ríos, Marcelo Casaretto. El punto
es que, si el próximo gobierno aplica como ya admitió Machinea un aumento de
impuestos, las provincias no recibirían un peso de esos ingresos adicionales si se atan a
un sueldo mensual.Por la noche, todos los gobernadores justicialistas se
juntaron en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí, como ocurrió
hace dos semanas, los mandatarios de Buenos Aires y Córdoba reiteraron que no se
puede desconocer la legitimidad del gobierno de la Alianza, y por eso debemos sumarnos al
esfuerzo fiscal que nos piden para el 2000. Sin embargo, ante el firme rechazo a esa
posición por parte de los gobernadores díscolos, Ruckauf y De la Sota se
plegaron a la negativa general. En consecuencia, el bloque de gobernadores a pesar
de sus diferencias internas se mantuvo unido. Según señalan los representantes de
las provincias chicas, Buenos Aires y Córdoba aceptan la propuesta de la Alianza porque
tienen minoría legislativa en sus provincias, y están negociando con la coalición un
pacto global.
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