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MAS MILITARES CHILENOS PROCESADOS
Y sigue el desfile

La Justicia chilena procesó a 11 militares retirados y uno enservicio. Entre ellos a los ya condenados ex jefes de la DINA y la CNI, las policías secretas de la dictadura pinochetista.

Secuestros: La Corte Suprema de Chile decidió que el delito de secuestro sigue vigente mientras no aparezcan los restos de las víctimas.

El jefe del Ejército chileno, general Ricardo Izurieta.
Advirtió que no quiere más militares desfilando por tribunales.

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t.gif (862 bytes)  El “desfile de militares” chilenos ante los tribunales le sigue limpiando la cara a la Justicia local. Ayer, el juez Guzmán Tapia –conocido como el “Garzón chileno” por llevar adelante una treintena del medio centenar de querellas presentadas en Santiago contra Pinochet– procesó a tres militares (retirados) por la desaparición de un alto ejecutivo del cobre en 1974. Uno de ellos es el ex director de la DINA, la temible policía política de la dictadura. El general (R) Manuel Contreras actualmente cumple una pena de 7 años por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington en 1976. Simultáneamente, la jueza Dobre Lusic procesó a un militar en servicio y a ocho ex agentes de la CNI –la Central Nacional de Informaciones, heredera de la DINA–. Y anunció que interrogará a su ex director, el general (R) Humberto Gordon, preso durante dos meses por el asesinato en 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez y ahora libre bajo fianza. El 7 de setiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), creado tres años antes, atentó contra la vida de Pinochet. Cinco miembros de su escolta murieron. Dos días después, el editor de la revista opositora Análisis, José Carrasco Tapia, fue secuestrado en pleno toque de queda. Su cuerpo apareció horas después cerca de un cementerio y con 13 impactos de bala. La acción fue revindicada por un comando desconocido hasta entonces: el “11 de Septiembre”, cuyo nombre celebraba la fecha del golpe que depuso a Salvador Allende en 1973. Ese día, el comando también secuestró y asesinó al obrero Felipe Rivera, al publicista Abraham Muskatblit y al profesor Gastón Vidaurrázaga.“Los cuatro secuestros y homicidios fueron ejecutados en una acción de venganza por el atentado”, argumentó ayer un informe que presentó la jueza Lusic. La magistrada anuncia el procesamiento de los ocho ex miembros de la CNI y del capitán en servicio Gonzalo Asenjo. Cinco de ellos ya están inculpados en el caso conocido como “Operación Albania”, en la que fueron asesinados 12 integrantes del FPMR en 1987, y que actualmente lleva adelante el juez especial Milton Juica. Con estos elementos, la jueza interrogará a Humberto Gordon el próximo 20 de diciembre y podría ordenar una nueva detención en su contra, después de la que ya cumplió en el Hospital Militar por el caso Tucapel Jiménez.El avance en el caso Carrasco fue resultado de las investigaciones que la Justicia viene realizando en relación a la “Operación Albania” y al caso Tucapel, que ya dejaron como saldo 36 militares en retiro procesados, cuatro de ellos generales. Parte de esa información fue utilizada por el juez Guzmán para ordenar ayer el procesamiento del general (R) Contreras por su presunta participación en la desaparición del militante comunista y ex gerente de Cobre Chuquicamata, David Silberman, en 1974. En abril, Contreras aseguró ante la Corte Suprema que todas las acciones de la DINA fueron órdenes directas del ex dictador. Junto a él fueron procesados el coronel (R) Marcelo Moren Brito, que estuvo a cargo del centro de torturas Villa Grimaldi, y el capitán (R) Armando Fernández Larios, uno de los oficiales que ocupó el Palacio de La Moneda el 11 de setiembre de 1973 y que actualmente reside en Estados Unidos bajo el sistema de protección de testigos en el marco de la investigación por el crimen de Letelier.El cuerpo de Silberman nunca apareció, y en ese hecho se apoya el juez Guzmán para seguir adelante con el proceso. Según una decisión reciente de la Corte Suprema, el delito de secuestro cometido durante la dictadura sigue vigente mientras no aparezcan los restos de las víctimas. Esta reinterpretación de la Ley de Amnistía decretada en 1978 por el régimen de Pinochet permitió que la Justicia chilena pudiera procesar a varios ex altos militares. Pero a la vez provocó un aumento del malestar castrense existente desde el arresto de Augusto Pinochet en octubre del año pasado, que llegó al máximo cuando el comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Izurieta, advirtió semanas atrás que “el desfile militar ante la Justicia es éticamente inaceptable”.

 

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