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FEDERICO STORANI HABLA DE LA REPRESION EN CORRIENTES Y SUS CONSECUENCIAS
"Pedí una investigación profunda"

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El ministro del Interior dijo que estaba acongojado y dolido por las muertes producidas en Corrientes. Va a investigar lo ocurrido y sostiene que hubo grupos que indujeron a la violencia y francotiradores. Ayer cumplió la primera semana en su cargo.


Por Sergio Moreno
t.gif (862 bytes)  "Por favor, espéreme un momento. Como usted sabrá hoy es un día difícil." Federico Storani, después de disculparse y pedir paciencia a Página/12, marchó a una de las tantas reuniones que mantuvo ayer, día en que se cumplió su primera semana de mandato al frente del Ministerio del Interior, con el presidente Fernando de la Rúa. Su despacho estaba repleto de funcionarios con rostros cansados, cejijuntos y diligentes. Entraban y salían secretarios de Estado, subsecretarios, directores y jefes de prensa. Luego de la reunión número veinte, luego de la conferencia de prensa que ofreció con el interventor de Corrientes, Ramón Mestre, luego de atender el milésimo llamado del día que para él comenzó a las cuatro de la madrugada y cargaba con el sino siniestro de dos muertos, Fredi se sentó con Página/12. No estaba tenso, pero atendió cada llamado del Presidente, y leyó cada parte que le llegaba de Corrientes. No estaba conforme, pero fue cuidadoso cuando se refirió a la actuación de los gendarmes. No estaba distendido, porque no tenía por qué estarlo.

 

--¿Cómo se enteró de la represión? ¿A qué hora se enteró?

--Prácticamente a la hora que se producía el principio del operativo, a eso de las cuatro de la mañana me sacó el jefe de la custodia, que se había comunicado con el comandante de Gendarmería para informar que se había producido el desastre.

--Concretamente, ¿quién dio la orden de reprimir?

--Era una orden genérica dada originalmente por el juez (federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila). Digo orden genérica porque dejaba la elección de la oportunidad, el momento, en manos del comandante de Gendarmería que estaba operando.

--¿Fue el comandante de Gendarmería, Ricardo Chiappe, el que decidió?

--La orden estaba dada. El mismo día diez, cuando asumimos, tomamos conocimiento de la toma del puente y hubo comunicación del juez federal. El juez federal luego mandó un oficio pidiendo efectivos; el oficio consta en el Ministerio del Interior, que todavía no tenía obligación de brindar los efectivos que pedía el juez. Las primeras demoras se produjeron porque durante ese fin de semana había malas condiciones atmosféricas para que viajaran escuadrones de Gendarmería con elementos aptos. Las malas condiciones climáticas determinaron la demora de ese escuadrón.

--¿El poder político no debería guiar la forma en que se reprime?

--Por supuesto que debe y puede. Y de hecho en la primera acción de desalojo, como trascendió y públicamente se comunicó, yo personalmente pensé que todavía había margen para diálogo. A pesar de que se hubiera podido desalojar el puente en ese momento en que había mujeres y niños, pedí que se detuviera la acción hasta tanto se reabriera una vía de diálogo, vía de diálogo que intentamos incansablemente. Nos comunicamos a través de radios, a través de sacerdotes, nos comunicamos a través de sindicatos, e invariablemente había una respuesta negativa, y cada vez más radicalizada.

--La masacre de Ramallo se produjo en un ataque de noche. En Corrientes se atacó de noche. Si se actúa de noche, ¿no se incrementa el riesgo de que se produzcan muertes, desbordes de las fuerzas de seguridad?

--Para este caso vamos a esperar los resultados concretos, yo quiero por supuesto una investigación profunda, pero en primera instancia debería decirse que los hechos graves se produjeron de día. El anuncio de las personas que participaron en los episodios fue que había francotiradores. La acción de los francotiradores no hubiera sido efectiva de noche.

--¿Ya se determinó que actuaron francotiradores?

--Está detectado, está dicho por los propios medios de comunicación locales, por representantes de todos los sectores. Esto no lo niega nadie.

--¿Están identificados esos francotiradores?

--Eso hay que investigarlo porque son francotiradores, justamente. Las fuerzas federales, nacionales, no podían actuar en el territorio de la provincia de Corrientes, aun viendo los puntos desde los que se disparaba, se podía llegar a los edificios para intentar desalojarlos.

--Usted mencionó en la conferencia de prensa la existencia de grupos radicalizados. Estos grupos también participan en otras movilizaciones, estudiantiles por ejemplo, pero no hay muertos.

--Obviamente, ésta es una situación excepcional. Yo he dicho recién que estamos consternados y conmovidos, obviamente no ha pasado esto solamente por la acción de estos grupos, aquí hubo una olla que se dejó llevar a un nivel de presión espectacular. La principal responsabilidad es de los gobiernos corruptos que estafaron a la gente durante muchísimo tiempo. No hace falta que yo repita las cifras que ustedes ya conocen, que esa provincia tiene una deuda de mil quinientos millones de dólares, tiene un municipio que fue el feudo último del señor Tato Romero Feris. Por supuesto, a un docente de Corrientes usted no le puede dar una explicación sofisticada, ellos putean contra las autoridades que los estafaron y piden que alguien les pague. Ahora el gobierno de la Alianza se encuentra con el regalo de tener que hacerse cargo de una deuda de los corruptos que estuvieron gobernando la provincia de Corrientes. Bueno, como es un Estado federal, nos cabe, pero de una manera que permita que sea posible hacer frente a esos pagos. Por eso es que no entendíamos semejante nivel de radicalización. Yo estoy de acuerdo con usted: hubo otros conflictos, que se encauzaron de otra manera, que aunque hubo situaciones límites se pudieron evitar las muertes.

--Más allá de la historia política correntina, que se conoce, ¿cuál es su interpretación de los hechos? ¿Por qué se llegó a esto?

--Tengo una interpretación de buena fe y otra no. La de buena fe es la de la gente que tenía un reclamo legítimo que era una forma de llamar la atención. No desconozco esto, le voy a dar más datos todavía: yo estuve, una semana antes de asumir el cargo, reunido con todos los delegados de ATE del país encabezados por Víctor De Gennaro, los recibí, escuché los problemas, y ofrecí que constituyéramos un grupo permanente para analizar los conflictos, tratar de preverlos, etc. De Gennaro coincidió con esta actitud y lo hizo público. Y la hipótesis de mala es que se produjeron hechos de violencia intencionalmente. Porque los camioneros planteaban pasarles por encima y durante mucho tiempo la Gendarmería hizo un vallado que impidió la confrontación directa.

--¿Cuál es su evaluación de la actuación de la Gendarmería?

--No tengo una evaluación definitiva, no quiero ser injusto. En primera instancia podría señalar que hasta ahora se actuó en el marco de lo previsible, por el tipo de equipamiento, por la forma de intentar producir el desalojo.

--¿Usted confía en la Gendarmería?

--Bueno, yo confío en lo que vi hasta este momento, y lo que vi hasta este momento es que el tipo de equipamiento que llevaba, que era con el que iba a participar, no era para matar. Hay que ver quiénes produjeron las muertes.

--¿Cómo vivió usted, viniendo de donde viene, la primera represión de su vida como ministro?

--Por supuesto que lo que dije recién no es una expresión, yo estoy consternado y conmovido por la pérdida de vidas. Es una situación de profunda amargura. Pero también tengo una sensación de tranquilidad de haber actuado correctamente. Haber agotado las instancias del diálogo y saber que la intervención no podía ir bajo una extorsión. Yo creo que el propósito que se perseguía era la tranquilidad de conciencia con respecto a la forma en que hemos actuado. Por supuesto que me queda el sabor amargo por lo antes dicho y una duda razonable de si todas las cosas ocurrieron como han informado. Y en eso por supuesto quiero una investigación. Porque no llevo ni siquiera una semana aquí y me ha tocado pasar por una prueba de fuego.

--Usted dijo que esto fue una "pulseada de poder". ¿Fue así?

--No, digo que algunos pueden haber intentado una pulseada de poder. No todos. Por ejemplo, el empleado judicial que hace cuatro meses que no cobra no hace esto por una pulseada de poder. Quiere que la plata venga de Chile, de la Antártida, de Jujuy o de donde sea, pero quiere cobrar. Ahora, nosotros tenemos que tener una visión un poquito más integral de la situación y un gobierno tiene que tratar de preservar los derechos de todos.

--¿No debería Ramón Mestre partir de inmediato a Corrientes?

--Mestre va el lunes, pero va adelantado Walter Cevallos. Y va con el propósito de reafirmar lo que acabamos de decir: que los fondos están, que se empieza a pagar a partir del día lunes, que se estableció un cronograma de pagos, que la gente tiene que estar tranquila porque vamos a cumplir con las posibilidades que tenemos y la voluntad de ordenar la provincia en base al diálogo, la conversación, el pluralismo, para restablecer las instituciones democráticas, que es el objetivo.

--¿Mestre no va a llegar a la provincia desgastado por este episodio?

--Yo creo que llegaba mucho peor si el puente seguía tomado.

--Hoy a la mañana muy temprano, el comandante Chiappe dijo que están identificadas algunas personas de los cuales dos tienen pedido de captura. ¿Quiénes son?

--No me quiero adelantar. Lo quiero chequear.

--¿Cuánto cree que va a durar la intervención?

--La ley dispone 180 días con una posibilidad de una prórroga de 180 días más. Pero nuestra intención es quedarnos lo menos posible, normalizar las cuentas y demás, y tratar de que se convoque a elecciones. Ahora: ya ha habido tres intervenciones anteriores, nosotros pensamos que debe tratar de darse una solución definitiva. Yo no veo la posibilidad de un gobierno monopartidario. Por eso pienso que la tarea de la intervención no ha de ser solamente el planeamiento, sino tratar de urdir armados políticos que permitan una estabilidad con pluralismo.

--¿Está preocupado por la situación de otras provincias, que además van a sufrir un recorte presupuestario?

--No, las provincias, por el compromiso federal, no van a tener recortes prácticamente. Mantienen su piso, y además, como tienen disponibilidad de algunos de los fondos específicos, tienen mayor discrecionalidad de utilizarlos. Al contrario de lo que algunos medios dicen, tienen más fondos que antes. Puede incrementarse el conflicto en Tartagal, Salta.

 

--¿Habló con las fuerzas políticas correntinas?

--Hablé todo el tiempo, hablé con gente del Partido Autonomista, con gente del Partido Liberal, por supuesto con el radicalismo, con el peronismo, con todos los sectores.

--¿Habló hoy, después de la represión?

--Hoy hablé varias veces con (Hugo) Perié, que es quien ejerce el poder, pero también hablé con representantes del Partido Liberal, con Pocho Romero Feris y hablé por supuesto con representantes de todos los sectores.

--¿Y qué dicen?

--En las conversaciones en tono privado todos plantean el apoyo a la intervención, es más, antes la vinieron a pedir. En las conversaciones públicas el planteo cambia un poco, se hace más localista. Pero, en el fondo, nos quieren allá, lo antes posible. Y allí vamos a estar.

 

Quién es Chiappe

Por Horacio Verbitsky

t.gif (862 bytes) El comandante mayor de Gendarmería Ricardo Alberto Chiappe, jefe de las tropas que ayer abrieron fuego sobre civiles desarmados en Corrientes, estuvo asignado a dos de los principales campos de concentración que funcionaron en unidades del Ejército durante la guerra sucia de la década del 70: los de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, y La Perla, en Córdoba. Chiappe estuvo destinado en Francia durante tres años (de 1994 a 1996), antes de asumir como jefe de la Región II con sede en Rosario, y es cuñado del director general de Gendarmería, comandante Timar Musumeci.

Se repite de este modo el mismo esquema que este diario hizo público en 1997, cuando identificó al jefe de la dotación de Gendarmería Nacional enviado para reprimir a los docentes y petroleros neuquinos, comandante mayor Eduardo Jorge, como el ex responsable del principal centro de exterminio de prisioneros de la provincia de Tucumán, que asistió personalmente al general Domingo Antonio Bussi en la ejecución mediante disparos a la cabeza de personas cuyos cuerpos caían en pozos donde eran quemados con neumáticos y una mezcla de nafta y aceite. Por lo menos una de las víctimas fue quemada viva. Tanto Chiappe como Jorge formaban parte entonces de los grupos móviles de Gendarmería creados a principios de la década del 70 con el propósito de prevenir disturbios en las principales ciudades, el mismo empleo que se les da hoy.

En el caso de Jorge, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas recibió denuncias de víctimas de la represión ilegal. En la lista de represores compilada por la Comisión figura "Jorge. Gendarmería, alférez primero, integr. sección o grupo Arsenal de Tucumán Miguel de Azcuénaga. Legajo 6667". También está mencionado en las actuaciones de la comisión investigadora bicameral de la Legislatura de Tucumán, y en causas de la justicia federal de esa provincia. En el caso del comandante mayor Chiappe, su nombre no figura en las listas de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, lo cual significa que no fue reconocido por ninguna víctima. La información acerca de su desempeño en aquellos campos de concentración en los que se torturaba y asesinaba a personas detenidas, proviene de fuentes internas de la Gendarmería.

Las tropas que se remiten a sitios donde la crisis económico social llevan a la población a situaciones límite no están sujetas al control político imprescindible para impedir una actuación irresponsable como la que hoy enluta al país. Los antecedentes del comandante Chiappe indican que ese descontrol no se manifiesta sólo en momentos de emergencia, que no es la excepción sino la regla. El gobierno que asumió una semana antes de la tragedia, que comenzó a incubarse mucho antes, debería aprender de esta experiencia, si es que pretende disociarse de su antecesor, y ordenar el castigo de sus responsables. La depuración de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de una doctrina de empleo que excluya la agresión armada contra ciudadanos desarmados se suma a la lista de prioridades que no admiten demora.

 

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