|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Fernando Almirón Desde Corrientes  Ramón
Mestre asumió ayer como nuevo interventor de Corrientes. Juró rodeado de un clima tenso,
sin gente en las calles, salvo unos cincuenta manifestantes del denominado Cabildo Abierto
y autoconvocados que desde una de las esquinas de la Gobernación, y rodeados por un
pelotón de la guardia de infantería provincial, gritaban "asesinos, asesinos".
Buscaban las orejas de Federico Storani y las autoridades nacionales que desembarcaron
hace dos días en la vida política correntina, a quienes la "Plaza del Aguante"
responsabiliza por la represión de la Gendarmería que dejó a dos jóvenes sin vida. La
situación comenzó a descomprimirse dos horas después de la asunción, cuando se
comenzaron a pagar los sueldos atrasados al personal estatal, que a las 3 de la tarde ya
hacía fila en la ventanilla del Banco de Corrientes. La jornada terminó con una marcha
de repudio por el saldo de la represión de las fuerzas de seguridad, cuya investigación
todavía no da señales de vida. En un pequeño salón de la Casa de Gobierno provincial, el único en el que quedó un aparato de aire acondicionado con garantía de funcionamiento para evitar las gotas de sudor en los adustos rostros de los funcionarios iluminados por los reflectores de la televisión, se amontonó una multitud de periodistas y un puñado de invitados oficiales. Muchos de ellos se quedaron fuera de escena pese a sus intentos por forcejear con rudos efectivos de la Policía Federal que custodiaban la entrada, los que fueron trasladados hasta aquí para garantizar la seguridad del acto que, sin embargo, tuvo algunas fallas (ver aparte). Mestre y Storani llegaron a la provincia cuando la sensación térmica orillaba los 45 grados, y no es metáfora. Afuera de la sede gubernamental, en las calles y barriadas pobres, además de calor, había calentura. A los correntinos no les gusta esta tercera intervención en menos de una década, por la que pasaron cuatro interventores: Francisco de Durañona y Vedia, Claudia Bello, Ideler Tonelli y ahora Mestre. "Venimos a ayudarlos y los insto a trabajar para que Corrientes ocupe el lugar que se merece", dijo Mestre apenas bajó del avión que lo trajo hasta la provincia junto al ministro del interior, Federico Storani. La presencia de Storani fue una clara señal del Gobierno nacional hacia los correntinos. El ministro fue cuestionado por avalar la acción represiva de la Gendarmería en el puente General Belgrano, que dejó un saldo de dos jóvenes muertos y decenas de heridos, entre civiles y efectivos de seguridad, el viernes pasado. El jefe de la cartera de Interior representó la postura firme y de mano dura que impulsa la administración central para poner en orden la caótica situación provincial, que incluye desestimar todo acuerdo o negociación con los referentes políticos locales. La encabezará Mestre, quien ya se ocupó de llevar adelante un severo ajuste en la economía cordobesa durante su mandato como gobernador la provincia. "Esta madre que es el Gobierno nacional abraza a Corrientes, esperemos que Corrientes responda como un solo hombre y una sola mujer a este abrazo fraterno para construir un futuro mejor para la provincia", dijo Storani durante su discurso después de la jura de Mestre que fue acompañada por el mandatario interino saliente, Hugo Perié, y el funcionario del Ministerio del Interior a cargo de la avanzada, Walter Ceballos. Aplaudieron con satisfacción el senador nacional Antonio "Pocho" Romero Feris, del Partido Autonomista Liberal, y los dirigentes radicales tanto provinciales como cordobeses que estaban incluidos en la reducida nómina de invitados al acto que no superó las cien personas y que fue organizado por la gente de ceremonial de la provincia del Chaco, que gobierna el radical Angel Rozas. La decisión se tomó para evitar algún boicot o "casual desarreglo" dejado como regalo por las autoridades salientes a los seguidores de Tato Romero Feris que trabajan en la sede de gobierno local. Por la tarde, Mestre tomó juramento a seis de los doce ministros que integrarán su gabinete, todos ellos ex colaboradores de sus anteriores gestiones. Ramón Darwich, Economía y Hacienda; Alfredo Acuña, en Obras y Servicios Públicos; Elvio Molardo, Producción; Mirta Floridia, Salud; Martín Hourest, secretario general de la intervención. También juró Alberto Zapiola como ministro fiscal del Estado, un cargo clave desde el que se impulsarán las investigaciones sobre los fraudes cometidos durante las gestiones del ex gobernador del PaNu, Pedro Braillard Pocard, y el interinato de Hugo Perié. "A mí podrán investigarme todo lo que quieran, pero salgo con la frente alta por la puerta grande, tal como lo hice toda mi vida", dijo Perié al abandonar la Gobernación luego del traspaso de mando, rodeado de fervorosos seguidores que insultaban a los intervencionistas. "Ya vamos a volver", los reconfortaba Perié. Después de las 5 de la tarde se abrieron las ventanillas del Banco de Corrientes para pagar parte de los sueldos adeudados al personal de la administración pública. Ayer fue el turno de los policías provinciales y los docentes, los gremios clave en el conflicto provincial. Entre hoy y mañana cobrará los meses de noviembre y diciembre el resto de la administración pública. Las amenazas de disturbios y escraches a los funcionarios nacionales no se cumplieron esta vez. Durante la jornada sólo marcharon los convocados por ATE y el CTA, que recorrieron las calles de la ciudad en repudio por el asesinato de los jóvenes Mauro Ojeda y Francisco Escobar. Al frente llevaban un gran cartel: "Nos robaron el presente. No vamos a permitir que nos roben el futuro".
"No hacemos un paro contra nadie en particular. Sí hacemos un paro porque entendemos que hay un límite que no se puede dejar pasar; el viernes sucedió algo que para nosotros no se puede obviar, que es la muerte", explicó el titular de la CTA, Víctor De Gennaro, en alusión a los dos muertos que hubo en Corrientes después de que la Gendarmería desalojara por la fuerza el puente General Belgrano. Entre las demandas que llevaron a la CTA a parar, figuró la realización de "una profunda investigación que descubra y castigue a los autores materiales y políticos de los asesinatos". La huelga --que abarcó a los sectores judiciales, docentes, estatales, aeronáuticos y ferroviarios y a la cual no adhirieron la CGT ni el MTA-- tuvo diversas modalidades en cada provincia. En algunos lugares se hicieron actos y en otros, asambleas públicas, marchas del silencio, cortes de ruta o movilizaciones. "Los trabajadores respondieron masivamente condenando los asesinatos y exigiendo una investigación", afirmó el secretario de Organización de la CTA, Edgardo Depetri. De acuerdo con las estimaciones de la propia central sindical, la huelga fue fuerte en el interior. "En algunas provincias, como Río Negro y Neuquén, el paro es prácticamente total", sostuvo De Gennaro, quien destacó también la gran repercusión "en los tribunales de la mayoría del Gran Buenos Aires y en los hospitales". El secretario de Trabajo, Jorge Sappia, consideró como "exagerado" el paro, "habida cuenta del momento institucional del país", aunque aclaró que el ministerio no había ordenado la realización de una estimación en cuanto al acatamiento de la medida de fuerza.
|
