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Por Cledis Candelaresi  A
pesar de las tres horas y media de un acalorado debate en el que el oficialismo y la
oposición intercambiaron facturas por las situaciones económicas heredadas (en 1989 y
1999, respectivamente), el Senado no consiguió comenzar, siquiera, el tratamiento de la
reforma tributaria y el Presupuesto del año 2000. Antes de que los legisladores
ingresaran al recinto, el vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez arrancó a los
gobernadores justicialistas Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota su palabra de apoyo
al paquete tributario, el único de aquellos dos que cuestiona el PJ en el Parlamento. Sin
embargo, los senadores justicialistas demostraron que su status de mayoría en la Cámara
puede complicarle el camino al Gobierno, aun cuando lo que esté en juego sea una
propuesta consensuada. “Queremos que se desgasten políticamente explicando durante una semana más por qué quieren votar una suba de impuestos”, confesó anoche ante Página/12 un activo representante de la bancada justicialista. Es la explicación más creíble acerca de por qué ese bloque quiso tratar ayer el proyecto de Presupuesto pero pretendió postergar para la semana próxima la discusión en el recinto de la reforma tributaria, cuestionada por varias empresas de resonancia (Pérez Companc y Massalin Particulares, entre otras) y hasta por algunos gobernadores, cuya economías también están comprometidas por los retoques fiscales. Pero difícilmente el justicialismo conseguiría los dos tercios necesarios para introducirle a ese proyecto los cambios que pretende, fundamentalmente en el capítulo de Impuestos Internos. Esa imposibilidad quedó demostrada ayer, cuando, alrededor de las 21, los senadores debieron pasar a cuarto intermedio para acordar qué tratar y cuándo. Minutos antes, el justicialista Augusto Alasino propuso votar una preferencia para debatir mañana Presupuesto y tributaria, en ese orden. Pero los aliancistas vieron la trampa, y se rehusaron a avalarla: el bloque de Alasino planeaba dejar vacías las bancas apenas se votara el primer proyecto. De ese modo, demostraría su voluntad de cooperar con el nuevo gobierno y, al mismo tiempo, su resistencia a aprobar un impuestazo a libro cerrado.Casi al mismo tiempo, De la Sota difundía en Córdoba un comunicado instando a los senadores a apoyar la propuesta fiscal, aunque aclarando que disentía con su contenido. “El Senado no está integrado por los directores de las casas de provincia. Respetamos a los gobernadores, pero tenemos nuestros propios criterios”, aclaró Jorge Yoma.Es cierto que esa bancada plantea cuestionamientos genuinos al contenido del proyecto fiscal. Pero las diferencias de ayer fueron una pulseada para sentar las pautas de futuros debates: el justicialismo no quiere ceder de entrada y la Alianza se niega a sentarse a negociar de movida, reconociendo a la oposición su preeminencia.La sesión comenzó a las 17.20 con 56 senadores presentes sobre los 72 que tiene la Cámara, incluyendo al justicialista Manuel Rodríguez, cuya jura impuso un impasse al debate. Poco después, el radical Leopoldo Moreau abrió el fuego pidiendo que se incorporara el debate de la reforma tributaria –no previsto en el orden del día– y que la discusión tuviera lugar antes de la de Presupuesto. El argumento formal es que no se puede votar éste si no están garantizados todos los recursos para financiarlo. Más allá de esto, los legisladores afines al Gobierno temen que si se demora la aprobación de la ley fiscal puedan perder algunas herramientas de recaudación como la de Bienes Personales, ya que la suba prevista en la alícuota de este gravamen no podría aplicarse sobre las liquidaciones de 1999. “Es necesario un gesto patriótico para darle a este gobierno la misma oportunidad que se le dio al justicialismo en 1989”, reclamó Moreau. “Al PJ no le gustó la situación heredada entonces, como a nosotros tampoco nosgusta esta realidad, de deuda pública de más de 130 mil millones (...) y falta de financiamiento para salarios caídos”, reprochó.No faltaron réplicas. Eduardo Menem culpó al radicalismo de amnésico por no recordar que Raúl Alfonsín dejó el país con un endeudamiento equivalente al 15 por ciento del PBI, incluyendo el no pago a jubilados y proveedores. Yoma acusó a sus pares oficialistas de intentar favorecer a los transportistas de la Capital Federal (cuyas líneas, recordó, fueron licitadas por el gobierno de la UCR), imponiendo el IVA sólo al transporte de más de 100 kilómetros. Y Héctor Maya, entre otros oradores, subrayó que el controvertido capítulo de Impuestos Internos ponía en juego “sólo 230 millones sobre un presupuesto de 50.000 millones”, descalificando la pretensión de tratar de urgencia la reforma fiscal.Casi una puesta en escena o catarsis colectiva. Los principales referentes de ambas bancadas definirán en estas horas si tratan hoy mismo o la semana próxima ambos proyectos. En privado, unos y otros descuentan que se aprobarán sin cambios.
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