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Por Nora Veiras  La Carpa
Blanca cumple hoy mil días. El congreso de la Federación de Trabajadores de la
Educación (CTERA) va a sesionar en ese escenario ajado por el tiempo de una protesta sin
respuesta. Si el Senado se aviene a sancionar el presupuesto nacional será el fin de una
lucha gremial que marcó a fuego la última etapa del menemismo con métodos que lograron
desconcertarlo. Los delegados gremiales tienen pensado permanecer en vigilia en la Carpa
para custodiar de cerca la aprobación de los 660 millones de pesos destinados al pago del
incentivo docente. Si se convierte en realidad ese ítem, el gobierno de la Alianza podrá
sellar una tregua con un sector que lo apoyó con el voto y se sintió golpeado con la
designación al frente de la cartera educativa de Juan Llach, el viceministro de Domingo
Cavallo. "Estos mil días además de una hazaña sin precedentes en el marco del sindicalismo nacional, para CTERA fueron una herramienta de lucha con muchísima fuerza, peso y representatividad que colaboró para la unidad sindical y para ir estableciendo estrategias conjuntas en todo el país", dijo a Página/12 la secretaria general del gremio, Marta Maffei. Cuando el 2 de abril de 1997 se instaló la Carpa frente al Congreso, los dirigentes estimaban que, a lo sumo, pasarían una semana a dieta líquida. A los cuatro meses optaron por comprar la carpa por 12 mil pesos ante la evidencia de que cualquier tipo de solución al reclamo de financiamiento para los salarios no sería inmediato. "El levantamiento de la Carpa es una prioridad política", repitió el presidente Fernando de la Rúa, quien como jefe de Gobierno porteño había visitado la Carpa Blanca el 9 de julio del '97 en plena campaña electoral por las legislativas. Sólo esa decisión pudo con los reparos de los hombres de Economía para habilitar el compromiso de 660 millones de pesos del presupuesto educativo. En principio, las provincias iban a aportar 120 millones de ese total, pero en el Congreso el peronismo cuestionó esa participación. A menos de una semana de haber asumido, De la Rúa destrabó el debate al garantizar que el aporte sería sólo de la Nación. La contrapartida de esa "generosidad" es el levantamiento de la Carpa Blanca. Después de mil días frente al Congreso sostenidos por grupos por donde pasaron 1400 maestros y profesores ayunantes, el gremio quiere garantías. El pasado mes de agosto cobraron una cuota semestral promedio de 360 pesos por cargo docente, es decir 60 pesos mensuales. El descalabro socioeconómico quedó patentizado en Corrientes, donde los docentes recibieron el "incentivo" cuando llevaban cuatro meses sin cobrar el sueldo. El pago de la segunda cuota semestral depende de la aprobación del Presupuesto. Por la recaudación del impuesto automotor apenas se embolsaron poco más de 40 millones de pesos, una cifra irrisoria comparada con los 330 millones que se repartieron durante la primera mitad del año. --El secretario de Hacienda, Mario Vicens, dijo que tiene que haber una contrapartida de los docentes ahora que van a recibir el incentivo... --Vicens no tiene nada que ver con la educación. Sería oportuno que se consultara a Educación. Las autoridades, los diputados y el ministro (Llach) tienen en claro que la CTERA no canjea salarios por flexibilidad laboral --dijo Maffei. --¿Ustedes aceptan discutir las condiciones laborales? --Por supuesto, no se puede seguir trabajando así: profesores que tienen más de 90 horas, directores que se ocupan de la comida y controlan hasta a los albañiles. Así no se puede avanzar pedagógicamente. --¿Están de acuerdo con la modificación de los estatutos? --Los estatutos son una atribución exclusiva y excluyente de los gobiernos provinciales. Nosotros recién estamos conociendo a las nuevas autoridades. No nos invitaron a la reunión del Consejo Federal. Tuvimos un encuentro fugaz con el ministro de Educación. No tuvimos ninguna reunión seria para discutir la problemática de la educación. En su último libro Educación para todos, Llach señala que los salarios docentes, con la antigüedad promedio, rondan los 600 pesos y estima que para alcanzar los niveles de principios de siglo tendrían que estar en los 1000 pesos. Con mil días de Carpa Blanca --que le significó al gremio un gasto de aproximadamente 256 mil dólares-- y una Ley de Incentivo Salarial Docente arrancada a contrapelo de los deseos de los economistas del menemismo, el salario inicial promedio llega apenas a 366 pesos. Un dato que demuestra el nivel de postergación del sector y las dificultades para cambiar reglas de juego cuando el piso es tan bajo. El propio Llach reconoció que si bien la inversión educativa creció en forma significativa durante la gestión menemista, de acuerdo a los parámetros de incremento de la inversión previstos en la Ley Federal de Educación, la Nación debe 3 mil millones de pesos. Una deuda que parece impagable en el contexto de ajuste del presupuesto. Idas y vueltas Día a día, la protesta fue creciendo al ritmo del consenso social que supo generar. Con una metodología atípica, los docentes dejaron de lado los paros y optaron por ayunos acotados bajo control médico. La visita de escritores, actores, cantantes, periodistas y miles de estudiantes convirtieron a la Carpa en una atracción para los medios. El ex ministro de Economía Roque Fernández, un enemigo confeso de esa estrategia que apunta a la nacionalización del conflicto, llegó a decir que los maestros tenían "asesores de imagen" que ideaban esa estrategia de desgaste para el gobierno. Después de resistir durante seis meses el embate gremial, la entonces ministra de Educación Susana Decibe aceptó que su proyecto de transformación educativa estaba condenado al fracaso si no se daba respuesta al tema salarial. La disparidad de sueldos y los retrasos en los pagos en varias provincias dibujaban un mapa heterogéneo pero coincidente en la postergación del sector. Un primer proyecto para financiar los posibles incrementos salariales mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Nación abortó por la resistencia de Economía a usar fondos externos para gastos corrientes --sueldos-- y por el rechazo gremial alerta ante los condicionamientos laborales que podrían exigirse como contrapartida. En ese bosquejo se calculaba un fondo de 1200 millones de pesos. Meses de tironeos en el gabinete entre Decibe y Fernández precedieron la elaboración de un nuevo proyecto. Con el asesoramiento del actual presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Ricardo Gutiérrez, el equipo de Decibe impulsó el impuesto sobre autos, aeronaves y embarcaciones para conseguir, por lo menos, 700 millones de pesos destinados al incentivo docente. Diputados lo votó por unanimidad, el Senado introdujo modificaciones y el lobby de los empresarios del transporte de cargas y pasajeros transformó en un caos el cobro del gravamen. El Ejecutivo vetó la cláusula de garantía del Tesoro nacional. Por la presión, a escasos dos meses de las elecciones del 24 de octubre pasado, Diputados aprobó una prórroga para el cobro y el ex presidente Carlos Menem amplió el plazo hasta el 31 de diciembre. La derrota electoral de octubre terminó de sepultar las pocas ganas del gobierno saliente de cobrar el impopular impuesto. Llach había escrito que los salarios docentes dependen de las provincias y había cuestionado la filosofía de "nacionalización" que subyace en el Fondo de Incentivo. Sin embargo, las necesidades políticas del nuevo gobierno lo obligaron a posponer esos planteos y a encauzar una negociación con el gremio a través de su virtual viceministro Andrés Delich. Si, finalmente, el Senado sanciona el presupuesto que incluye 660 millones de pesos de Rentas Generales para el plus salarial docente, es muy probable que los mismos delegados de las distintas provincias se ocupen de aflojar las estacas de esa carpa que se transformó en una penosa atracción para los contingentes de turistas. EL PRESUPUESTO QUEDARIA APROBADO MAÑANA
Por Fernando Cibeira "Si no aprobamos el martes también la reforma tributaria, el Presupuesto pasaría a ser inocuo y también quedaría desfinanciado el Compromiso Federal que arregló el Presidente con los gobernadores", explicó ayer el senador radical Leopoldo Moreau. En medio de la disputa hay una pulseada política. Los justicialistas quieren hacerle pagar el mayor costo posible a la Alianza por lo que califican como un "impuestazo" que, en algunos casos, afectaría las economías regionales. En ese sentido, resisten el impuesto interno al tabaco, las bebidas no colas, aguas y cervezas. Pero los senadores de la Alianza se quejan de que los peronistas no ofrecen una alternativa concreta a esas reducciones. "Hablan de generalizar el IVA, de aumentar la base del impuesto a las ganancias o de gravar los depósitos bancarios, pero son todas iniciativas que apuntan a la clase media", se quejaba un integrante del bloque de la coalición. "Nosotros estamos viendo de qué forma le vamos a cumplir a De la Rúa sin afectar las economías regionales", respondía ayer una fuente del bloque justicialista. Para eso, el pampeano Carlos Verna se pasó el fin de semana junto con su asesores buscando alternativas de financiamiento. Uno de los problemas que se les planteaba en caso de que el justicialismo introdujera modificaciones a la reforma impositiva era que el proyecto necesitaría volver a Diputados, con lo que corría riesgo de no quedar aprobado antes de fin de año. Y si la ley no sale publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre perdería efecto la retroactividad prevista para el aumento de la alícuota sobre los bienes personales. En la coalición, calculaban que de esa forma se privarían de recaudar unos 500 millones de pesos, lo que volvería al Presupuesto en "letra muerta", al decir de los senadores oficialistas. De esa forma, habría que empezar a discutir todo de nuevo y la Carpa Blanca deberá seguir en su lugar. OPINION
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En segundo lugar, logró que las experiencias personales sean atravesadas por la
militancia sindical. Los docentes marcan la Carpa como un hecho que refundó la defensa de
la educación pública; cada relato sintetiza cómo la Carpa logró inscribirse en la
experiencia particular de cada uno. Darío Amiandro contó: "A nivel sindical nos ha
fortalecido muchísimo, porque ha tejido una red en todo el país. La Carpa fue sumando
compañeros. De hecho, yo ingresé a la militancia por medio de la Carpa". Silvina
Redrueño relató la experiencia en la ciudad de Lincoln: "En mi ciudad, el Suteba no
existía y, a partir de la Carpa, nos juntamos compañeros que nos sentimos identificados
con esta lucha". Todos los presentes coinciden en remarcar que la Ctera logró
constituirse como un interlocutor que no puede ser ignorado a la hora de discutir
políticas educativas. "Fueron dos años de protesta y de propuestas", aclaró
Marina Brosina, de Río Negro. Desde 1997 se presentaron 13 proyectos que, según los
maestros, muestran que la Ctera "está en condiciones de hacer una política
educativa y una discusión profunda sobre el tema".