Las
administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones podrían reducir en hasta un 10 por
ciento las comisiones que hoy cobran a sus afiliados si cierran un acuerdo con el
Gobierno. Actualmente se quedan, en promedio, con el 3,41 por ciento del salario bruto de
sus asociados, o, expresado en otros términos, con el 31 por ciento del aporte de cada
trabajador, por lo que sólo el 69 por ciento restante se vuelca en la cuenta individual
de capitalización. ¿Cómo llamar a esto: ineficiencia, exacción, abuso? En medios de la
Alianza se espera, como hipótesis optimista, que las AFJP se avengan a bajar su arancel a
un promedio de 3,07 por ciento, con lo que se resignarían a capturar sólo un 27,9 por
ciento del aporte.
Según los datos que se manejan en la
Secretaría de Seguridad Social, una comisión media del 2,6 por ciento del sueldo bruto
de sus aportantes les alcanzaría a las AFJP para cubrir sus gastos operativos. Lo que
cobren por arriba de ese porcentaje es ganancia. En el caso específico de la
administradora del Banco Nación, su punto de equilibrio está en el 2,7 por ciento, pero
cobra 3,25. Esto significa que, teóricamente, podría bajar un 17 por ciento su comisión
sin pasar por eso a perder plata, aunque en ese caso no estaría recuperando el capital
invertido. Esta última hipótesis es concebible para una entidad estatal, como la AFJP
del Nación, pero no para las privadas.
En cualquier caso, y como anticipó Página/12
el martes, la tarifa de la jubiladora oficial podría ser utilizada para provocar
rebajas en el resto del mercado. Sin embargo, el nuevo presidente del BNA, Chrystian
Colombo, no aclaró todavía cuál será su actitud, y en la administradora del banco la
indefinición es aún mayor, ya que el directorio renunció en pleno el jueves pasado y
quedó a la espera de una decisión superior. En la era de Roque Maccarone, la AFJP
estatal aplicó comisiones levemente inferiores a las del promedio de la plaza, pero sin
asumir una actitud agresiva.
El otro mecanismo en que siguen pensando los
aliancistas es cambiar el sistema de asignación de los trabajadores indecisos, aquellos
que no hacen uso de su derecho de elegir AFJP. Hasta ahora se los distribuye parejamente
entre todas las administradoras, sin tomar en cuenta cuál es la más barata para cada
asalariado, en función de su nivel de ingreso. Existe un proyecto de ley que corrige este
criterio, y por esa sola vía podría disminuir en un 8 por ciento la suma que los
trabajadores depositan en el bolsillo de la AFJP.
José Luis Machinea reunió el miércoles
último a las AFJP para implorarles una reducción en las comisiones, como para que
Economía pueda incluirla en la lista de sus presuntos logros en favor de la gente. Pero
tan pronto concluyó ese encuentro, que se pretendió reservado, los empresarios salieron
disparados a presentar ante los periodistas la lista de sus agravios. En síntesis, lo que
reclaman a cambio de su buena voluntad es que les reduzcan impuestos, que la AFIP no
insista en querer cobrarles un arancel por recaudar para las administradoras los aportes
previsionales, y que el oficialismo entierre la idea de permitirles regresar al sistema de
reparto a los trabajadores que hayan optado por el de capitalización.
La presencia de Daniel Marx junto a Machinea
en aquella reunión ilustraba la compleja relación entre Economía y los fondos de
pensión. La intención oficial de reducir cuanto se pueda la dependencia respecto del
financiamiento externo aumenta, en la misma proporción, el poder de regateo de las AFJP,
que disponen de más de 2000 millones frescos en el año para inversiones netas en
títulos públicos. La necesidad de esos fondos no le permite al Gobierno ganarse la
hostilidad de este sector,
ligado además a la gran banca. De todas
formas, también es cierto que los bonos del Estado, con rentabilidades del 12 por ciento
o más, son hoy para las administradoras la mejor inversión disponible.
Lo más efectivo que Economía puede hacer por el negocio de
las administradoras, y también por el fisco, es angostar el ancho margen de evasión de
aportes. Este propósito forma parte del discurso oficial y ocupará algunos incisos
dentro de la proyectada ley ómnibus, pero hasta ahora nadie sabe qué se hará en
concreto. Sin embargo, hay ya un progreso, porque hasta el momento la AFIP no se ocupó en
lo más mínimo de mejorar la recaudación previsional. |
