La deflación se instaló en la realidad económica argentina, pero esa baja de precios que refleja el índice oficial no lo sienten los consumidores en sus bolsillos. ¿Cómo puede ser que la inflación sea negativa y la sensación sea la contraria? El dinero no alcanza en un presupuesto familiar en el cual la mayoría de los rubros registra aumentos. ¿El índice oficial es mentiroso o, en realidad, mide lo que ya no se consume o asigna una menor importancia a lo que se consume? La clave para entender lo que está ocurriendo pasa por la evolución de los servicios públicos privatizados, que cada vez más capturan más recursos del presupuesto. Esa disparidad en la percepción de lo que pasa con los precios quedó más en evidencia el martes pasado, cuando se difundió el índice de inflación de marzo: bajó 0,8 por ciento. Lo que en otros momentos hubiese sido un resultado para festejar, a nadie se le ocurrió sonreír. Esa caída de precios es la contracara de la crisis manifestada en recesión. Además, ese descenso no se siente en los bolsillos.

Con el retroceso de marzo, la Argentina se consolidó como el país de menor inflación del mundo, con un 0,6 por ciento de deflación en los últimos doce meses. Pero la sensación generalizada de la gente es que cada vez hace falta más plata para vivir. La causa de tal contradicción es que el Indice de Precios al Consumidor (IPC), tal como está conformado, ya no sirve. Está desactualizada la selección de bienes y servicios, y su ponderación relativa dentro del índice, que está diseñado sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) realizada en 1985. Luego de las privatizaciones, el aumento de los servicios públicos y del transporte, que, en algún caso, hasta triplicó el del IPC, incrementó fuertemente el peso de estos ítems en el presupuesto familiar. Aunque el índice de inflación no lo refleja, el aumento de los servicios privatizados se está quedando con el ahorro que significa para los consumidores la caída de precios de otros bienes y servicios.

El retroceso de los alimentos, bebidas, indumentaria y otros bienes acompañó el proceso de deflación mundial que se viene desarrollando desde la crisis asiática. La competencia generada por la apertura de la economía los puso en línea con los precios internacionales. Pero en el caso de los servicios públicos la competencia no existe. Los monopolios estatales se transformaron en monopolios privados con clientela cautiva. “Los precios de los servicios y transportes privatizados se incrementaron mucho más que el IPC, porque las cláusulas de indexación pactadas con el Gobierno están aisladas de los precios internos”, explicó a Cash Mercedes Marcó Del Pont, directora de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). Y agregó: “Hay algunos que se indexan con la inflación de Estados Unidos, otros están atados a la tasa LIBO, pero ninguno a la inflación nacional”.

Desde marzo de 1991, cuando comenzó la convertibilidad, el teléfono aumentó 145 por ciento y, según la Encuesta Nacional de Hogares de 1997, ya absorbe el 2,4 por ciento del presupuesto familiar, mucho más que el 0,6 por ciento que se considera para calcular la inflación. El aumento del 112 por ciento de la electricidad y del 86 por ciento del gas llevaron al rubro de energía para el hogar a representar el 4,1 por ciento del gasto. El transporte aumentó un 160 por ciento, elevando su participación en el gasto al 4,9 por ciento, el doble que hace catorce años cuando se diseñó el IPC.

La caída de los precios de los alimentos de los últimos meses viene arrastrando la inflación hacia abajo, porque el INdEC aún asume que las familias gastan el 40 por ciento de sus ingresos en ese rubro. Pero, con salarios congelados o en baja, el incremento de los servicios obligó a los consumidores a bajar sus gastos en comidas y bebidas, que redujeron su participación en el presupuesto familiar al 34 por ciento. FIDE creo un índice más acorde con la estructura de gastos actual, que arroja una evolución de los precios durante la convertibilidad del 76,3 por ciento, contra 63,0 que registró el IPC en el mismo período.

El director del INdEC, Héctor Montero, reconoció a Cash que el índice de inflación no refleja la evolución de los precios porque “no pondera el avance de los servicios en el presupuesto familiar y porque muchos de los productos relevados para medir la inflación ya no existen”. Y aseguró que están trabajando para actualizarlo a partir del año próximo.

También los gastos en salud, que se incrementaron un 92 por ciento en lo que va de la convertibilidad, obligaron a las familias a una nueva reasignación de recursos. Para Marcó Del Pont, los gastos en salud sufrieron un efecto similar al de una privatización. “La degradación del sistema de salud estatal y del que brindan las obras sociales sindicales obligó a la gente a financiar sus gastos en atención médica y medicinas”, opinó la economista. Por otra parte, la desregulación del mercado de fármacos provocó un incremento del precio promedio de los medicamentos del 142 por ciento en los últimos ocho años. El resultado fue que los gastos en salud, que el INdEC pondera en un 7,6 por ciento del presupuesto, absorben el 9,6 por ciento. Con un incremento del 79 por ciento en los últimos ocho años, la educación sufrió un proceso similar al de la salud. En lo que va de la década, hubo un corrimiento desde la escuela pública a la privada que elevó la participación de los gastos en educación en el presupuesto familiar al 4,6 por ciento, contra el 2,84 que pondera el INdEC.

El IPC le asigna a los gastos de vivienda el 8,5 por ciento del presupuesto; la tercera parte corresponde a alquiler. La razón de tan baja ponderación de un gasto importante como es la renta de una propiedad es que el IPC está conformado sobre la base de un promedio que involucra a propietarios e inquilinos. Pero los que realmente alquilan gastan el 32 por ciento de sus ingresos en ese rubro. Como los alquileres subieron el 180 por ciento en lo que va de la convertibilidad, el triple que el IPC, su participación en el gasto creció fuertemente. Según especialistas en consumo, la caída de las ventas en el mercado interno tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo. Un estudio realizado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) indica que, entre marzo de 1991 y el mismo mes de 1999, el salario promedio de un obrero calificado o un empleado administrativo perdió un 24 por ciento respecto del precio de los servicios públicos privatizados, un 14,8 por ciento respecto de los servicios privados y ganó un 11 por ciento comparado con los bienes. La UADE también midió la evolución del salario respecto del transporte: en 1991 un empleado necesitaba trabajar 10,07 horas para comprar 72 boletos; ocho años después necesita 14,08 horas.

La disminución en el poder de compra de los asalariados está emparentada con una inflación no registrada por el índice oficial, pero también tiene que ver con la reducción de los ingresos reales. Además del sueldo de bolsillo existía hasta hace unos años un salario social. Este, a cargo del Estado, estaba conformado por alimentos -cajas PAN-, planes de vivienda subsidiados, el Plan Nacional de Medicamentos, asignaciones familiares -que cubría a todos los empleados-, la subvención en las tarifas de los servicios públicos y del transporte, la salud y educación públicas con un funcionamiento razonable y rutas libres de peaje.

El anunciado aumento del ciento por ciento en los ferrocarriles y del 50 por ciento en los subtes no se verá reflejado en su verdadera magnitud en el índice de inflación. Esos mayores recursos que los consumidores destinarán a esos rubros generarán una nueva disminución en el presupuesto destinando a otros bienes y servicios. También el gas, la luz y el teléfono volverán a aumentar, porque se indexan con la inflación de Estados Unidos. La gente no va a necesitar ningún índice para darse cuenta de que el dinero, pese a la deflación que seguirá difundiendo el INdEC, le alcanzará cada vez menos.

A los consumidores de menor poder adquisitivo el aumento de los servicios públicos privatizados y el transporte los obligó a una reasignación de recursos que modificó el presupuesto familiar, distribución del dinero diferente de la que surge de la estructura de gastos que conforma el actual Indice de Precios al Consumidor, diseñado por el INdEC hace catorce años. En el caso de la clase media se sumaron otros factores. “Desde 1985 cambió la dinámica de la sociedad y, por lo tanto, también las costumbres y los hábitos de consumo, lo que generó necesidades nuevas que fueron satisfechas con nuevos productos y servicios. Incluso, en algunos casos, los consumidores se vieron obligados a afrontar gastos no deseados”, explicó a Cash Débora Giorgi, economista del Estudio Alpha.

Cuando se diseñó el índice de precios sólo había dos autopistas que cobraban peaje. Hoy este gasto forma parte del presupuesto de aquellos que se ven obligados a utilizar esas rutas porque los caminos alternativos se saturan en horas pico. La irrupción de la computación, cuyo conocimiento se transformó en cualidad obligada para la obtención de cualquier puesto de trabajo calificado, significó un nuevo gasto.

La mayor proporción de mujeres que ingresaron en el mercado laboral generó nuevas necesidades. La mayoría de las empresas intentó satisfacerlas creando productos que le ahorren tiempo. Así le sumaron valor agregado a los bienes y servicios aumentando su precio. La comida lista para freezer es mucho más cara que la suma de sus componentes. El freezer y el microondas eran una rareza en 1985 y hoy son una cuota más en el presupuesto de muchos. Tampoco existía, hace 14 años, la televisión por cable. La evolución de los sistemas de comercialización modificaron los hábitos de los consumidores. Para Débora Giorgi “los supermercados generaron una oferta distinta y más variada. La compra por impulso, que genera el método del autoservicio, impuso nuevos productos al presupuesto familiar, que antes no utilizaban y que no figuran en el índice de precios del INdEC”, remarcó la economista.

-El fuerte incremento en el precio de los servicios públicos privatizados y del transporte obligó a las familias a realizar una reasignación de recursos en detrimento de los gastos en alimentación y en indumentaria. También se ve claramente el esfuerzo que hace la gente por procurarle una mejor educación a los hijos invirtiendo en instituciones privadas. Otro gasto que aumentó su peso en el presupuesto familiar es el de salud, por la degradación de la atención pública.

-Está claro que la baja en la participación de los gastos en alimentos e indumentaria fue obligada por el avance de los otros rubros. Si la mayor parte de la sociedad tiene ingresos inferiores a los de hace una década, y los servicios y el transporte, que son inelásticos a la baja, porque son imprescindibles, aumentaron, no quedaba otra posibilidad que bajar los demás gastos.

-Los servicios públicos privatizados aumentaron y van a seguir aumentando porque son monopólicos y porque se indexan con índices ajenos a los precios internos. Pero además, no todos los bienes mantienen sus precios. Los que compiten con productos importados bajaron. Los que se exportan, en muchos casos aumentaron por arriba del IPC, como la carne, la harina y los aceites.

-El índice de FIDE está más actualizado y se identifica más con la sociedad actual. Además, para nosotros una canasta de supervivencia es de 1000 pesos y para el INdEC es la mitad. El índice de FIDE incluye dos entradas a una cancha de fútbol por mes, el alquiler de un video por mes y otros gastos por el estilo, que son imprescindibles y que la gente realiza.

-En realidad el Indice de Precios al Consumidor tiene vigencia desde 1988, aunque se hizo con la encuesta de un par de años antes. Sí, es mucho tiempo. Aunque los organismos internacionales recomiendan que se modifique por décadas, los países desarrollados lo hacen cada dos años y algunos todos los años. La sociedad es cada vez más dinámica y el consumo requiere evaluaciones continuas. Nosotros lo cambiaremos a principios del año próximo y planeamos reducir los períodos de actualización a cuatro años.

-Sí. La principal diferencia entre la última Encuesta Nacional de Hogares y la que dio origen al IPC actual es el avance de los servicios en la ponderación relativa frente a los bienes, que es una evolución lógica en cualquier sociedad en crecimiento que mejora su calidad de vida. Pero esta modificación no generó diferencias que modifiquen sustancialmente el resultado final.

-Si bien es cierto que los servicios públicos aumentaron más en los primeros años de esta década, el aumento en la ponderación del gasto está generado también por el mayor consumo de la gente. La modernización de las comunicaciones y de muchos productos domésticos, más el mismo crecimiento de la economía, elevaron el consumo familiar.

-Sí, hay varios. Es parte de un proceso natural de evolución de los bienes, que se profundizó, en este caso, por los grandes cambios que vivió el país en la década. Lo que hacemos es, con el asesoramiento de la empresa productora y de especialistas, reemplazarlo por un producto de características similares.

-El país tuvo un cambio tan grande en la última década que es lógico que ciertos parámetros que se utilizan para realizar estadísticas se desactualicen. Pero decidir un cambio siempre es conflictivo porque genera un corte que también es perjudicial.

-Esa es una comparación que no se puede hacer, porque los bienes y servicios actuales tienen un mayor valor agregado y le ofrecen al consumidor un grado de satisfacción superior. No son comparables con los anteriores. A raíz del crecimiento del producto bruto per cápita, el mercado argentino se convirtió en un mercado maduro, con un mayor grado de sofisticación, muy distinto al de 1985 cuando se diseñó el actual índice.

-En todos los mercados maduros las tasas de crecimiento más importantes se dan en los servicios. La gente gasta en entretenimientos, en televisión por cable, en telefonía celular, en comidas fuera del hogar. Y, por otro lado, se preocupa menos por la ropa y gasta menos en alimentos.

-Los servicios públicos aumentaron más que el índice de precios, sólo si se los toma desde antes de las privatizaciones, pero no es la mejor comparación. Hasta ese momento, los consumos mínimos, que son los que se utilizan en el IPC, estaban subsidiados por el Estado. Era una medida política que mantenía una inflación encubierta. Hoy a esos consumos se les cargaron los gastos de manutención del servicio y tienen un precio real. Además, hace diez años el teléfono era barato, pero no se conseguía y la conexión era carísima; la electricidad no costaba mucho menos y había cortes de luz a cada rato y el gas, que mantuvo el mismo nivel de precios, faltaba todos los inviernos.