SOBRE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL POR EL TERRORISMO DE ESTADO
“La memoria nos involucra”

Por Hugo Vezzetti *

A casi quince años de la restauración democrática, es importante mantener abiertas las preguntas por lo sucedido durante el ciclo del terrorismo de Estado en la Argentina. E indagar cómo pudo haber pasado (la pregunta de Hanna Arendt a la caída del nazismo) es el trabajo correlativo y necesario a ese Nunca más que encarnó un consenso mayoritario de la sociedad en la condena de la impunidad estatal y el terrorismo político. En ese sentido, la acción pública de la memoria excede la denuncia de los crímenes y la demanda de verdad y justicia en la medida en que, de cara a la sociedad, enfrenta ya no la culpabilidad de los criminales sino las responsabilidades de la propia sociedad. En momentos en que el debate acerca del libro Los verdugos voluntarios del nazismo, de Goldhagen, se refiere a la experiencia histórica del nazismo, vale la pena recordar que fue Karl Jaspers, en 1945, quien afrontó la cuestión de “la culpabilidad alemana” en un curso dictado en la Universidad de Heilderberg. Y a él se debe la distinción, clave para ese debate, entre la culpabilidad criminal, la culpabilidad política y la culpabilidad moral. (K. Jaspers, La culpabilité allemande, Paris, Minuit, 1990.)
Es claro que el caso argentino no puede ser mecánicamente identificado con el alemán: en la Argentina el régimen dictatorial nunca tuvo un apoyo de masas semejante al que sostuvo al totalitarismo nazi. De modo que, si es muy importante sostener las preguntas por las responsabilidades (políticas y morales) de la sociedad argentina frente al terrorismo de Estado, es conveniente atender a ciertos rasgos singulares del ciclo histórico que culminó definitivamente (es lo que todos queremos) con la última dictadura. Ante todo, es preciso indagar las condiciones que en la propia sociedad (y eso incluye sus instituciones, sus dirigentes, sus organizaciones y cultura políticas) hicieron posible la instauración de tal régimen. En efecto, el corte histórico de la inauguración democrática, la denuncia de los crímenes y el juicio público de los principales responsables instalaron en la sociedad, junto con el rechazo de la impunidad y el sobrecogimiento por las víctimas, algo así como una proyección del mal: esto que rechazamos no tiene nada que ver con nosotros. Es importante, entonces, abordar la cuestión de la “complicidad” de la sociedad, un tema que ha sido expuesto directa y francamente por Eduardo Pavlovsky en una nota de esta misma sección (Página/12, 24-6-99).
Es conveniente reconocer que el problema de las responsabilidades colectivas es un problema complejo. En principio, una sociedad debería hacerse responsable no sólo por lo que activamente promueve y apoya sino incluso por aquello que es incapaz de evitar. Al mismo tiempo, conviene recordar que la dictadura no fue impuesta por una fuerza de ocupación extranjera ni fue completamente ajena a tradiciones, acciones y representaciones de la lucha política que estaban presentes en la sociedad desde mucho antes. Es claro que hay una responsabilidad política inexcusable en los partidos que colaboraron con sus hombres en la implantación y sostenimiento de un régimen que, hay que recordarlo, fue en verdad cívico-militar. Lo mismo puede decirse del papel de los círculos del poder económico, sindical, eclesiástico, periodístico, que aportaron una conformidad que, en muchos casos, se convirtió en un apoyo activo al régimen.
Por otra parte, si se atiende a las condiciones de la instauración de la dictadura, no puede dejar de reconocerse que fue promovida por una escalada de violencia ilegal, facciosidad y exaltación antiinstitucional que involucró a un amplio espectro de la sociedad civil y política, en la derecha tanto como en la izquierda. No sólo el viejo partido del orden y los responsables de la violencia paraestatal celebraron en marzo de 1976. Cualquiera que tenga edad suficiente puede recordar que para cierto sentido común “revolucionario” (que abarcaba bastante más que las organizaciones guerrilleras) una dictadura era preferible a un gobierno constitucional en la medida en que ponía en claro el carácter del enemigo, en una lucha política concebida como una escalada de guerra hacia la toma del poder. Es claro que una buena parte de la sociedad había acompañado con cierta conformidad pasiva el vuelco de la política hacia un escenario de violencia que despreciaba tanto las formas institucionales de la democracia parlamentaria como las garantías del estado de derecho. Tanto como que la escalada de la violencia en la escena social cotidiana y las imágenes del caos (en gran parte estimuladas por la prensa favorable al golpe) estuvieron en la base de una suerte de “rebote” del humor colectivo de una mayoría que viró hacia la conformidad con formas (en principio dictatoriales, de acuerdo con la experiencia histórica) de la restauración del orden y la autoridad.
De modo que, si es cierto que una mayoría acompañó o aportó su conformidad pasiva a las faenas de la dictadura (responsabilidad moral, diría Jaspers), no lo es menos que entre las condiciones que hicieron eso posible estuvo esa larga y pronunciada demolición de las formas y los valores de la democracia institucional y la jerarquía de la ley. Es conveniente evitar, entonces, una representación de la relación entre la sociedad y la dictadura argentinas que considere a aquélla como una pura víctima. De allí la importancia de desplazar el análisis desde la memoria y la denuncia de los crímenes a las condiciones que los hicieron posibles. Pero es claro que en el plano de las responsabilidades colectivas (políticas y morales) no se trata de igualar a todos con una apelación genérica a la sociedad. En ella juegan instituciones y organizaciones, tradiciones y formas de acción políticas, social, económica. Y la responsablidad mayor recae en sectores dirigentes y núcleos de poder que tuvieron la posibilidad de actuar de otra manera.
Ahora bien, la memoria y el juicio sobre ese pasado ominoso y sobre sus consecuencias hacia el presente no puede separarse de la voluntad de dejarlo definitivamente atrás. Y depende de la edificación de un consenso que sólo excluya a los criminales, sus defensores y acólitos y a los nostálgicos del cualquier forma de reducción de la política a la guerra. De modo que, si se trata de juzgar moralmente condiciones que fueron generadas colectivamente (y ya no acciones criminales), admitiendo diversos grados de responsabilidad, no es posible eludir una consideración de las condiciones que hicieron posible, demasiado fácil podría decirse, la quiebra final de un estado de derecho que estaba ya gravemente debilitado. El terrorismo de Estado no cayó del cielo, y para volver sobre él desde el ángulo de las responsabilidades sociales, parece necesario contribuir a un trabajo de la memoria que nos involucre y sea capaz de interrogar y eventualmente alterar certezas y valores que contribuyen a oscurecer la recuperación pensada de ese pasado. Y en ese sentido, una genealogía de la cultura de la violencia y de la ilegalización de las instituciones y el Estado no puede estar ausente de una memoria y una transmisión del pasado que busque ser eficaz en la construcción de un futuro diferente.

* Miembro del consejo editorial de la revista Punto de Vista; ex decano de la Facultad de Psicología de la UBA.

TENDRAN LUGAR LOS “ESTADOS GENERALES” DEL PSICOANALISIS
Anuncian la Psicorrevolución Francesa

Por Silvia Fendrik

Luego de transcurridos 25 años de las primeras denuncias, el caso de Amílcar Lobo, analista en formación involucrado en prácticas de tortura durante la represión en Brasil y protegido por la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro, lanzó un reguero de pólvora en febrero del ‘97 durante la presentación en París del libro de la psicoanalista brasileña Helena Besserman Vianna, Política del psicoanálisis frente a la dictadura y a la tortura (recientemente traducido al castellano). A raíz de este tema, René Major presentó su renuncia a la IPA (Asociación Internacional de Psicoanálisis) y poco tiempo después, bajo el título de “Estados Generales del psicoanálisis”, dio a conocer una propuesta que tuvo una gran repercusión en Francia, Brasil, Estados Unidos, Canadá y otros países.
Los Estados Generales del psicoanálisis son la convocatoria a un debate abierto sobre el estado actual del psicoanálisis. El nombre no es casual. Remite a lo sucedido en el contexto de la Revolución Francesa, el 17 de junio de 1789, cuando el Tercer Estado (el pueblo) se proclamó Asamblea Nacional. La sociedad jerarquizada hasta ese entonces –y durante cuatro siglos– según la “dignidad” del clero y la nobleza, y basada en el deber de los vasallos para con el rey, fue sustituida en aquel momento por la República de los “talentos”. El 9 de julio, la Asamblea se declara constituyente y afirma sus derechos por sobre la voluntad real. Pocos días después el rey será destituido.
Luego de cien años de psicoanálisis, René Major propone esta analogía para el nombre de una invitación formulada a todos los psicoanalistas, sea cual sea su pertenencia institucional o los motivos de su rechazo a alguna pertenencia, a debatir problemas cruciales para el futuro del psicoanálisis. La Asamblea tendrá lugar en la Sorbona en julio del año 2000.
El debate es imprescindible porque, de acuerdo con René Major, “no podemos ignorar que existe una forma de degradación de la práctica psicoanalítica que pone permanentemente en duda los modos de evaluación y reconocimiento de los psicoanalistas, así como los modos de su marginalización; que existen asociaciones que se fundan en el mantenimiento de transferencias que tienden a asegurar la cohesión del grupo hasta su implosión; que existen condiciones socio-económicopolíticas del ejercicio del psicoanálisis que le permiten más o menos libertad respecto de la ideología dominante; que algunos consideran que no hay lugar para una ética del psicoanálisis, siendo la lógica de su discurso suficiente en sí misma, en tanto que otros estiman que hay en el psicoanálisis una ética específica del deseo y que es urgente que inscriba en su práctica y sus instituciones las condiciones del discurso éticopolítico que promueve; que algunos sostienen que el psicoanálisis es apolítico en tanto que otros piensan que una tal posición lo expone a toda suerte de manipulaciones por lo político; que algunos estiman que el pensamiento freudiano ha sido sobrepasado, mientras otros consideran que el retorno a Freud es de permanente actualidad”.
Serán pues proposiciones fundamentales para el debate durante la Asamblea de los Estados Generales: las instituciones, la clínica psicoanalítica, la transmisión del psicoanálisis, su relación con lo social y con lo político, su relación con el derecho, la filosofía, las neurociencias. Ya existen numerosas personas que se encuentran trabajando en esta propuesta. En Francia forman parte del comité de preparación Alain Didier Weil, Patrick Guyomard, Philip Julien, Jacques Nassif, Juan David Nasio, Erik Porge, Elizabeth Roudinesco, Chawki Azouri, entre muchos otros renombrados psicoanalistas pertenecientes a distintas instituciones o comprometidos con el psicoanálisis pero en una relación de exterioridad respecto de lo institucional consagrado. Esta también es la característica del comité argentino, cuyos integrantes son: Juan Carlos Volnovich, Gilda Sabsay de Foks, Adolfo Benjamin, Ricardo Avenburg, Gilou García Reynoso,Silvia Fendrik, Michael Sauval, Isidoro Vegh, Roberto Harari. El texto completo de las proposiciones se encuentra en numerosos sites de Internet.

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