PANORAMA ECONÓMICO
La guerra de los testigos
Por Julio Nudler |
| Suena paradójico,
pero en el sistema de precios testigo estalló una guerra de precios, en la que uno de los
contendientes amenaza con llevar el caso hasta la Corte Suprema, y además plantea algo
sorprendente: que al servicio de averiguar los precios de referencia le falta,
precisamente, el precio testigo. Así, un mecanismo que debería servir como brújula para
evitar desviaciones corruptas en las compras y contrataciones del Estado protagonizó
durante todo 1999 un escándalo de impugnaciones. Estas postergaron tanto la concreción
del nuevo contrato para la prestación de ese servicio que María Cristina Benzi, jefa de
la Sindicatura General de la Nación, dejó el puesto en manos de su sucesor, Rafael
Bielsa, sin haber firmado la adjudicación.Para descubrir la piedra de la discordia hay
que acudir al pliego con que se licitó este servicio, destinado a proveerle a cada
organismo comprador un parámetro que le permita conocer el precio razonable de lo que va
a adquirir. En el punto 1.6.2 del pliego, referido a las incompatibilidades que vedan a
una consultora la posibilidad de presentarse, se deja teóricamente fuera de carrera a
“aquellas empresas que tengan alguna vinculación accionaria, directa o indirecta, u
otro tipo de relaciones comerciales, que al exclusivo juicio de la Sigen les reste
independencia de criterio para la tarea a desarrollar”. Tomándose de este punto, ICS
(Inspection & Control Services, ex Swipco), empresa internacional que en la Argentina
preside Juan Alemann y se especializa en trabajar con gobiernos, impugnó a SGS (Societé
Generale de Surveillance) y a Bureau Veritas, las otras dos firmas que se postularon para
el negocio. “Si no quieren ninguna empresa relacionada con otras, que contraten al
arcángel San Gabriel”, se burló uno de los cuestionados. Este enfrentamiento no
hizo más que trasladar al terreno de los precios testigo la sorda tirantez existente
entre esas mismas multinacionales en otro filón que explotan: el del control preembarque
de las importaciones. En este último negocio, SGS y Bureau dominan el mercado (hoy con
casi un 60 por ciento de la facturación), mientras que ICS se ocupa de auditarlas.Las
hostilidades habían dado por tierra con una licitación para precios testigo convocada a
fines de 1998, y estallaron definitivamente tras el llamado del 30 de marzo de 1999. El 12
de abril fueron abiertos los sobres de antecedentes, y la Sigen aceptó a las tres, en
este orden de calificación: SGS, BV e ICS. Esta última objetó a las otras dos,
aduciendo que tienen como clientes, de otros servicios que prestan, a empresas privadas
que cotizan en compras del Estado, incurriendo en la incompatibilidad arriba mencionada.La
Comisión de Preadjudicación de la Sigen no admitió la impugnación, a lo que siguió
una guerra de presiones y el desplazamiento de cuatro de los seis gerentes de la
Sindicatura, que Benzi reemplazó por otros funcionarios que ya revistaban en el
organismo. El litigio fue derivado a la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo
“Chango” Díaz, quien en noviembre convalidó a los preadjudicadores. Así, el 7
de diciembre, tres días antes del cambio de gobierno, fueron abiertos los sobres con las
ofertas económicas, determinándose como vencedores a SGS y Bureau, que se repartirán en
el futuro la faena (70 por ciento para la primera, 30 para la segunda). ICS entró tercera
y quedó eliminada.Aquí surgió una nueva discusión, porque según la perdidosa firma de
Alemann la oferta con la que ganó SGS, y a la que BV debió avenirse para no quedar
afuera, hace imposible cumplir el trabajo con mínima seriedad. La licitación se efectuó
en base a precios de referencia para cinco tramos: 350 pesos para la determinación del
precio testigo en una compra de hasta 75 mil pesos; $ 750 si la compra está entre 75.001
y medio millón; $ 1250 para contrataciones entre ese valor y 750 mil; $ 3000, entre
750.001 y 10 millones, y 6000 pesos para contratos superiores. Lavariable a ofertar era el
descuento sobre esos valores de referencia. SGS ofreció 45,0 por ciento, BV 37,1 e ICS
22,1.Bureau Veritas quedó, con esto, en una situación bastante incómoda, ya que si
Bielsa finalmente le adjudica el nuevo contrato, seguirá haciendo el mismo trabajo que
realiza desde 1994, pero ahora cobrando muchísimo menos. Porque faltaba decir que desde
aquel año la determinación de los precios testigo está a cargo de BV y Swipco (Swiss
Procurement Company, hoy ICS). En ese contrato, firmado por un año y estirado hasta el
presente por sucesivas prórrogas formales o de hecho, se había seguido otro criterio,
fijando porcentajes para la retribución del servicio, desde el 8 por ciento para compras
que no superen los 10 mil pesos, hasta el 0,04 por ciento para las superiores a un
millón. Con esta tabla, establecer el precio testigo de una compra de 75.000 pesos se
paga $ 637,50. En adelante sólo se abonarán 157,50. Por una compra de medio millón
corresponde hasta ahora pagar mil pesos. Con el nuevo contrato la recompensa será de
sólo 337,50. Etcétera. ¿Cuál es entonces el precio testigo (o justo) para la
determinación de los precios testigo? Fuera de esta pregunta abierta, también hay otras
que rodean a este sistema, cuya implantación anunció Carlos Menem en 1990 asegurando,
por televisión, que así se acabaría la corrupción. Nadie podía apreciar entonces, en
toda su magnitud, la comicidad de la frase. El sistema nació apuntando a las empresas
públicas, que precisamente se estaban privatizando, y sin carácter compulsivo. Pero en
1996 fue establecido como obligatorio para todo el ámbito de la administración nacional,
para concursos de precios superiores a 75 mil pesos, licitaciones privadas por más de 500
mil y licitaciones públicas que excedan los 750 mil. Por debajo de esos valores, cada
organismo puede decidir si pide o no que le informen el precio testigo. De todas formas,
no hay hasta ahora un sistema que ni siquiera garantice que lo soliciten cuando tienen la
obligación de hacerlo.De hecho, por el cendal de los precios testigo pasa una proporción
relativamente ínfima del gasto público. Por empezar, el grueso del presupuesto nacional
se va en pagar sueldos, jubilaciones e intereses de la deuda. Como esos renglones son
sagrados (especialmente el último), en cada ajuste fiscal el hacha se descarga sobre las
compras. Para 1999, considerando las previsiones presupuestarias, por el sistema de
precios testigo se esperaba que pasasen compras y contrataciones por unos 3000 millones de
pesos. En los hechos no se contrató por más de 1500 millones, pero los precios testigo
sólo fueron determinados para un monto que no alcanzó siquiera los 900 millones. Debe
tenerse en cuenta que las compras financiadas por el Banco Mundial o el BID no pasan por
este canal.Según una resolución emitida en 1996 por la Sigen, si el menor precio
licitado supera en más del 5 por ciento al precio testigo, que es determinado
previamente, la repartición debe pedirle al proveedor que mejore el precio. Pero si éste
se niega, su rechazo no impide que la operación le sea adjudicada. Todo lo que debería
hacer el comprador o contratante es fundamentar su decisión de seguir adelante. En
realidad, como todo sistema de control, también éste puede desvirtuarse para servir de
paraguas a cualquier precio abusivo. Esto lo saben muy bien los importadores: el que
quiera trampear al fisco hará bien en procurar que su mercancía ingrese por el canal
rojo. Así nadie podrá luego acusarlo de nada. |
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