Según un primer cotejo de precios efectuado por expertos de la Sigen, Claudia Bello habría pagado el doble del valor de mercado por la confección de 300.000 cajas de propaganda oficial, en las que exaltaba la preparación de la Argentina para el efecto 2000, tan criticada por todo el mundo, y, de paso, incluía grandes fotografías suyas y de Carlos Menem. Los envíos, despachados localmente y a cien ciudades del interior, contenían un video y folletería. Había también una versión económica, sin caja ni video, y de la que se habrían lanzado 800.000 ejemplares. La ex secretaria de la Función Pública gastó en esa promoción cerca de 9 millones de pesos, pero en la Sindicatura General de la Nación estiman que todo ese material, incluyendo el envío postal, no debió costar más de 4 millones y medio.
María Cristina Benzi, titular de la Sigen en la última etapa menemista, sufrió en carne propia la ansiedad de Bello, que exigía la convalidación de los síndicos al contrato que quería firmar a toda costa. La Sindicatura, en general a través de las empresas Bureau Veritas e Inspection and Control Services, y otras veces con sus propios expertos, establece el precio testigo de cada compra o contratación importante del Estado. Dado que “la cajita de Claudia”, como se la conoce pícaramente en los organismos involucrados, contenía diversos elementos, la averiguación de precios no podía realizarse a la velocidad pretendida por Bello.
Comprendiendo que Benzi la esquivaba, la antigua y rubia militante de la Juventud Peronista se llegó furiosa hasta la sede de la Sigen en la avenida Corrientes, casi esquina Reconquista, entró como una tromba y, según el testimonio de los empleados, “nos patoteó a todos”. El sainete le dio resultado porque logró entrevistarse con Benzi, aunque en este punto las versiones se bifurcan: unos dicen que Bello se fue llevándose un papel firmado, precario pero convalidatorio, y otros aseguran que se marchó con las manos vacías.
Otras fuentes comentan que “la cajita” arrastraba ya una historia tumultuosa, porque para conseguir la plata Bello cruzó gritos con Miguel Solé, ex secretario de Control Estratégico, y tuvo que mantener un permanente apremio sobre Jorge Rodríguez, entonces jefe de Gabinete. Pero la polifuncionaria del menemismo, que hasta ejerció como interventora federal en Corrientes, se salió con la suya y pudo despedirse del cargo con una campaña propagandística que apuntaba al futuro.
El 6 de diciembre pasado, La Nación publicó una carta de lectores firmada por los abogados Federico Pinedo y Héctor Huici, que sin saber cómo ni por qué recibieron en su bufete no una sino cinco cajas que, según confiesan, tiraron al tacho de basura (por lo visto, los programas informáticos utilizados no sirvieron ni para evitar la superposición). A los medios no llegaron tantas cajas, pero se les dio el mismo destino, ante todo por imprevisión: no se sospechó que esa encomienda, más allá de su visible carácter escandaloso por la dilapidación de fondos públicos que testimoniaba, podía llegar a agregar una causa más a la lista que acumula Bello (entre ellas, la acusación de no haber ejercido el control de que era responsable sobre el contrato entre IBM y el Banco Nación).
Huici y Pinedo cuentan haber recibido “cinco cajas iguales, de cartón duro impreso a tres colores, con un videocasete empotrado en otro cartón a tres colores; un folleto satinado a todo color con la foto de la secretaria del ramo, tapa semidura y quince páginas; otras dos publicaciones de mayor porte, en colores, con 140 páginas; un tríptico también satinado a todo color, esta vez con la foto del presidente de la República y, para no quedarse cortos, una carta con el bello rostro de la señorita secretaria a todo color y un afiche de 50x70 en papel ilustración en colores, que reza «Cruzada 2000», «Argentina 2000 preparada», «encuentros con la comunidad», engalanado con bandera y sol, escudo nacional y logos de reparticiones”. Los esfuerzos que realizó este diario por conseguir una caja para ilustrar esta nota fueron infructuosos. Nadie parece haberla conservado, ni siquiera como recuerdo. En la Secretaría de la Función Pública, ahora a cargo de Leandro Potik, no pudieron encontrar ninguna. Tampoco existe en la Unidad Ejecutora 2000. Casi 9 millones de pesos se evaporaron sin dejar rastro.

MEIJIDE ANULO 295 CONTRATOS
Recorte de 7,5 millones

El Ministerio de Desarrollo Social recortó en más de siete millones y medio sus gastos anuales en personal temporario, luego de dejar sin efecto 295 contratos que habían sido firmados por el gobierno anterior y en la mayoría de los casos prorrogados a último momento. “Encontré mucho nombramiento excesivo”, dijo ayer la titular del área, Graciela Fernández Meijide, sobre la planta de la ex Secretaría de Acción Social que comandaron José Figueroa y Raúl “Palito” Ortega.
Meijide puntualizó que los contratos anulados correspondían “a los sueldos más altos”. De la información oficial distribuida por el ministerio, se desprende que de los puestos eliminados, los que implicaban retribuciones más generosas, habían sido otorgadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, antiguo territorio de María Julia Alsogaray. Allí se suprimieron 64 convenios por un monto total de 204 mil pesos. Las plantas de contratados por las ex secretarías de Política Social y Tercera Edad sufrieron las podas mayores, con 105 rescisiones. Sumando todos los casos, el ahorro mensual llegará a los 619 mil pesos.

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