DENUNCIAN A BELLO Y A ALDERETE Camino a Tribunales
Alderete, ex titular del PAMI. Sospechado en varias maniobras.
Bello hizo su cajita de fin de año. Deberá responder por ese gasto.
Por Laura Vales
La Oficina Anticorrupción llevó a la Justicia sus primeras dos denuncias contra ex funcionarios del gobierno menemista. Con viento a favor, en un tiempito Claudia Bello y Víctor Alderete deberán visitar el edificio de los tribunales federales para dar explicaciones sobre dos episodios independientes entre sí que tienen como factor en común el pago de sobreprecios. Bello es sospechosa de haberlos concedido; el ex titular del PAMI, en cambio, fue imputado por haber conocido maniobras que perjudicaron a la obra social de los jubilados que, sin embargo, nunca denunció, como era su obligación. La denuncia contra Claudia Bello está centrada en las 30 mil �cajitas� de propaganda oficial que la ex secretaria de la Función Pública distribuyó para exaltar la preparación de la Argentina ante el Efecto 2000, y en la que no faltaron fotografías suyas y de Carlos Menem. Una promoción por la que Bello pagó dos millones más de lo razonable, de acuerdo con los cálculos de los técnicos de la SIGEN que investigaron la contratación. El caso y las conclusiones de la Sindicatura fueron revelados en exclusiva por Página/12 en enero pasado, y disparó la pesquisa de la Oficina Anticorrupción. En el escrito que ayer ingresó en la Justicia federal se señala:u Se realizó una contratación directa plagada de irregularidades: la básica consistió en adjudicar el trabajo sin tener un precio testigo de la SIGEN, pese a que obligatoriamente se debía contar con él. El mecanismo de control, que fue eludido por Bello aduciendo razones de �urgencia�, rige para cualquier contratación directa superior o igual a 75 mil pesos. u El sobreprecio superó los dos millones de dólares: la SIGEN, para desventura de la ex secretaria, elaboró de todas maneras un precio testigo. El resultado fue que todo el paquete debió costar $ 4.965.000. Pero Bello desembolsó para la confección y distribución de las cajitas con un video y folletería 6.997.406 pesos. u Se permitió a la empresa favorecida �acomodar� su oferta: según los investigadores, el presupuesto inicial que presentó la firma fue de casi ocho millones de dólares. Como la suma excedía los fondos disponibles, �se solicitó a la empresa una reducción en la cantidad de productos�, una facilidad de la que quedaron afuera sus competidoras. u Todo el proceso se realizó en tiempo récord: la invitación a participar de la contratación llegó a las empresas el 12 de octubre. �En apenas dos días �señala el escrito� todas habían concretado sus ofertas. Pero la cajita involucraba 21 items diferentes, por lo que el coordinador general de precios testigo de la SIGEN consideró como �improbable� que en 48 horas se pudiera realizar tal presupuesto. Hasta aquí lo que hace a la contratación cuestionada, a la que la denuncia achaca �una clara y obvia intención de favorecer deliberada e ilegalmente a una empresa en la contratación�. Pero la utilidad de las cajitas se ganó un párrafo aparte, en el que se habla de �cuadernos de tediosa lectura, afiches excesivos para el fin que se perseguía� y �videos que en parte repetían lo que estaba escrito�.La demanda contra Bello se promovió por el presunto delito de administración fraudulenta. Está firmada por Manuel Garrido, director de Investigaciones de la Oficina que comanda José Massoni y será investigada por la jueza federal Servini de Cubría. Además de Bello, involucra a otros tres ex funcionarios subalternos.En el caso de Alderete, la acusación señala el supuesto encubrimiento de sobreprecios. El tema está vinculado a una vieja historia que salió a la luz cuando se descubrió que el ex titular del PAMI había ocultado en un departamento de Morón 96 cajas con documentación y efectos personales. Entre esos papeles se encontró un expediente interno de la obra social del que surgen pagos con sobreprecios para la organización de una jornada de capacitación en Mar del Plata para sus consejeros. Los hechos ocurrieron en diciembre de 1994, cuando Alderete estaba todavía lejos de asumir como presidente del instituto. Pero una vez allí tuvo la documentación en sus manos que, hasta donde se sabe, nunca la elevó a la Justicia.
VIAJE DE ASESORES DEL PAMI La denuncia en el cajón
La denuncia que Alderete olvidó en un cajón también tuvo su ingreso en la Justicia. Está basada en un expediente del PAMI del que surgen variadas irregularidades en la organización de las Primeras Jornadas de Capacitación de Consejeros y Asesores, un encuentro que se realizó en Mar del Plata en diciembre de 1994 y en el que se habrían pagado sobreprecios de hasta 120 mil pesos. Para trasladar a los asistentes a esas jornadas la obra social pagó 48 mil pesos en pasajes de micro a la firma Trans-Cor. Pero la documentación encontrada pone en duda que los colectivos de esa empresa se hayan encargado efectivamente del viaje: en una circular interna del PAMI se afirma que �la transportación de los concurrentes a Mar del Plata y viceversa estará a cargo de cada delegación regional�.También se facturaron 65 mil pesos en concepto de hotelería por cinco días, cuando el encuentro duró sólo tres. Y se detectaron gastos en comida fuera del hotel cuando se había contratado pensión completa. Por los supuestos sobreprecios fueron imputados tres ex funcionarios del instituto, en una causa distinta a la seguida contra Alderete por la omisión de la denuncia.
La Oficina Anticorrupción llevó a la Justicia sus primeras dos denuncias contra ex funcionarios del gobierno menemista. Con viento a favor, en un tiempito Claudia Bello y Víctor Alderete deberán visitar el edificio de los tribunales federales para dar explicaciones sobre dos episodios independientes entre sí que tienen como factor en común el pago de sobreprecios. Bello es sospechosa de haberlos concedido; el ex titular del PAMI, en cambio, fue imputado por haber conocido maniobras que perjudicaron a la obra social de los jubilados que, sin embargo, nunca denunció, como era su obligación. La denuncia contra Claudia Bello está centrada en las 30 mil �cajitas� de propaganda oficial que la ex secretaria de la Función Pública distribuyó para exaltar la preparación de la Argentina ante el Efecto 2000, y en la que no faltaron fotografías suyas y de Carlos Menem. Una promoción por la que Bello pagó dos millones más de lo razonable, de acuerdo con los cálculos de los técnicos de la SIGEN que investigaron la contratación. El caso y las conclusiones de la Sindicatura fueron revelados en exclusiva por Página/12 en enero pasado, y disparó la pesquisa de la Oficina Anticorrupción. En el escrito que ayer ingresó en la Justicia federal se señala:u Se realizó una contratación directa plagada de irregularidades: la básica consistió en adjudicar el trabajo sin tener un precio testigo de la SIGEN, pese a que obligatoriamente se debía contar con él. El mecanismo de control, que fue eludido por Bello aduciendo razones de �urgencia�, rige para cualquier contratación directa superior o igual a 75 mil pesos. u El sobreprecio superó los dos millones de dólares: la SIGEN, para desventura de la ex secretaria, elaboró de todas maneras un precio testigo. El resultado fue que todo el paquete debió costar $ 4.965.000. Pero Bello desembolsó para la confección y distribución de las cajitas con un video y folletería 6.997.406 pesos. u Se permitió a la empresa favorecida �acomodar� su oferta: según los investigadores, el presupuesto inicial que presentó la firma fue de casi ocho millones de dólares. Como la suma excedía los fondos disponibles, �se solicitó a la empresa una reducción en la cantidad de productos�, una facilidad de la que quedaron afuera sus competidoras. u Todo el proceso se realizó en tiempo récord: la invitación a participar de la contratación llegó a las empresas el 12 de octubre. �En apenas dos días �señala el escrito� todas habían concretado sus ofertas. Pero la cajita involucraba 21 items diferentes, por lo que el coordinador general de precios testigo de la SIGEN consideró como �improbable� que en 48 horas se pudiera realizar tal presupuesto. Hasta aquí lo que hace a la contratación cuestionada, a la que la denuncia achaca �una clara y obvia intención de favorecer deliberada e ilegalmente a una empresa en la contratación�. Pero la utilidad de las cajitas se ganó un párrafo aparte, en el que se habla de �cuadernos de tediosa lectura, afiches excesivos para el fin que se perseguía� y �videos que en parte repetían lo que estaba escrito�.La demanda contra Bello se promovió por el presunto delito de administración fraudulenta. Está firmada por Manuel Garrido, director de Investigaciones de la Oficina que comanda José Massoni y será investigada por la jueza federal Servini de Cubría. Además de Bello, involucra a otros tres ex funcionarios subalternos.En el caso de Alderete, la acusación señala el supuesto encubrimiento de sobreprecios. El tema está vinculado a una vieja historia que salió a la luz cuando se descubrió que el ex titular del PAMI había ocultado en un departamento de Morón 96 cajas con documentación y efectos personales. Entre esos papeles se encontró un expediente interno de la obra social del que surgen pagos con sobreprecios para la organización de una jornada de capacitación en Mar del Plata para sus consejeros. Los hechos ocurrieron en diciembre de 1994, cuando Alderete estaba todavía lejos de asumir como presidente del instituto. Pero una vez allí tuvo la documentación en sus manos que, hasta donde se sabe, nunca la elevó a la Justicia.