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"Hay
dos noticias --anuncia el ministro de Economía, según un cuento
popular--, una mala y otra buena." El hombre decide empezar por
la mala: "Vamos a tener que comer bosta". Ante el disgusto
generalizado, se apresura a continuar: "Lo bueno es que no
alcanza para todos".
Con el impuestazo y el
proyecto de reforma laboral, el gobierno de Fernando de la Rúa parece
empezar igual que el ministro del cuento. El período de gracia de los
nuevos gobiernos suele ser una bendición o una desgracia, según el
lugar de cada quien. Es el tiempo para las medidas más fuertes porque
es cuando se tiene mayor apoyo y resulta evidente que el nuevo
gobierno decidió empezar por las malas noticias.
Se puede estar de acuerdo o
no con el impuestazo, pero es clara la intención de aumentar la
recaudación del Estado. Sin embargo, el objetivo de la reforma
laboral no está igual de claro. El Gobierno afirma que es para ayudar
a las Pyme y disminuir el desempleo. Pero las tres agrupaciones
obreras --CGT, MTA y CTA-- se expresaron, con matices, en contra del
proyecto oficial. Y CAME y Apyme, dos de las entidades que agrupan a
pequeños y medianos empresarios, hicieron lo mismo. En cambio la UIA,
que agrupa a las empresas más grandes, expresó su apoyo.
La discusión ha creado
situaciones difíciles entre los legisladores de las dos fuerzas políticas
más importantes. Los frepasistas Alicia Castro, de origen gremial afín
con el MTA, y el economista Enrique Martínez, aparecen como los más
disconformes en el oficialismo, que a duras penas mantiene a raya a
otros críticos de esta reforma en su seno.
En el justicialismo, el
diputado Oscar Lamberto amenazó con separarse del bloque ante la
ofensiva de sus compañeros de bancada de origen gremial. Carlos
Ruckauf y Carlos Reutemann aseguraron que apoyarán el proyecto
enviado por el Ejecutivo y hasta Carlos Corach dio a entender que lo
respaldaría en el Senado. Con ese cuadro de situación no sería difícil
la aprobación con algunos cambios.
Los tres puntos más polémicos
del proyecto plantean aumentar a seis meses el período de prueba,
abrir la discusión de los convenios por empresa, y terminar con la
ultraactividad, es decir que cuando no hay acuerdo entre las partes de
una paritaria se lleva el diferendo a un arbitraje y no como ahora,
que automáticamente sigue en vigencia el convenio anterior.
Para los trabajadores que
han cambiado de trabajo o se han incorporado al mercado laboral en los
últimos años, estos puntos no tienen significado. Para ellos, el período
de prueba lo maneja el empleador y los convenios no son respetados.
Los salarios han bajado, el trabajo en negro, los contratos basura,
las indemnizaciones se negocian igual que las condiciones de salud y
seguridad y hasta los francos y las vacaciones. La flexibilización
laboral en los hechos se aplica desde hace varios años y fue un logro
del gobierno de Carlos Menem.
Sin embargo el FMI, los
economistas más duros del neoliberalismo y los organismos que
representan a las grandes empresas siguen insistiendo, casi como una
cuestión estratégica, en plasmar a nivel legislativo lo que ya
existe de hecho. El tema es que si todas estas medidas ya existen
desde hace varios años, su mera institucionalización no tendrá ningún
efecto nuevo o distinto sobre la producción y el empleo.
El MTA y la CTA plantearon
que la precarización del trabajo no creó más empleos, lo cual se ha
demostrado en estos años. CAME y Apyme dijeron que para ellos las
medidas que impulsa esta ley no son tan urgentes y que en cambio
necesitan políticas activas de respaldo a la producción con créditos
baratos, apoyo fiscal y otras de ese tipo. CAME sugirió incluso que
la negociación de convenios por empresa podía favorecer a las más
grandes, que aplicarían su poder para lograr ventajas competitivas
con relación a las pequeñas y medianas.
En realidad, la causa
principal de la precarización ha sido el desempleo. El trabajador
aceptó empleo en estas condiciones porque no tenía opción. Así, en
todos estos años se ejecutó una paritaria en los hechos donde la
relación de fuerzas era totalmente desfavorable para los trabajadores
y fueron perdiendo sus conquistas. Como la condición para sostener
esta situación es que se mantenga el desempleo, el temor de los que
impulsan la "modernización de las relaciones laborales" sería
que si el empleo crece, y las nuevas condiciones no están plasmadas
en leyes y convenios, las cosas vuelvan cambiar.
La idea de "modernización",
ciertamente más emparentada con la de "actualización", es
que los trabajadores deben aceptar que en estos diez años de
neoliberalismo perdieron reivindicaciones que costó tiempo, sangre,
sudor y lágrimas conseguir, que no tienen fuerza para defenderlas y
que cualquier futura negociación no puede tener como base a los
viejos convenios, fruto de una relación de fuerzas distinta, sino a
la realidad actual.
Así y todo, casi la mitad
de los gremios, incluyendo algunos de los más grandes, ya han
rediscutido sus convenios, en tanto que otros, como la UOM, mantienen
el que lograron en los años '70. Lo cual hace todavía más difícil
entender el carácter casi estratégico que se le ha dado a este
proyecto. Entre los economistas del Gobierno se aseguró también que
el objetivo es blanquear el trabajo en negro y facilitar la
estabilidad laboral a través de estímulos al empleador. Pero las
medidas que apuntan a estos objetivos se podrían haber planteado sin
las otras que tienden a precarizar el empleo.
Para la CGT, el centro de la
discusión es el debilitamiento de la organización sindical. Los
legisladores de ese sector se sensibilizaron con el punto que abre la
negociación por empresa, sin representación del gremio. En la
contrapropuesta de la CTA, que rechazó el proyecto oficial, se acepta
la negociación por empresa, pero se aclara que prevalecería el
acuerdo mejor. Si el que se consigue en la empresa es peor que el que
discutió el sindicato, vale el del sindicato y al revés. Los
legisladores justicialistas elaboran una contrapropuesta donde el
sindicato tendría representantes en la negociación por empresa. En
este proyecto quedaría sin efecto la ultraactividad pero se daría un
plazo de dos años a la negociación de la paritaria y de otros dos años
para el arbitraje.
De todas maneras el centro de la discusión sigue siendo el
empleo, cuando el problema de fondo es el desempleo. Y aun así habría
que discutir el significado de "modernizar las relaciones
laborales". De lo que se trata es de saber si es más moderno el
capitalismo salvaje con sindicatos débiles y corruptos, donde todas
las garantías son para el empleador y el trabajador queda a la
intemperie. O un país con sindicatos representativos de los intereses
de los trabajadores y con relaciones laborales humanas. Es la ley del
mercado o la ley de los hombres, si es que eso existe para este
modelo.
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