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"No tenemos una estimación
sobre el monto adicional que recaudaremos con este plan. Pero una cosa es
cierta. Si pudiésemos juntar al menos el 10 por ciento de lo que en total
se evade, ajustes como el que tuvimos que hacer al principio de la gestión
no serían necesarios", señaló a Página/12 el jefe de Gabinete,
Rodolfo Terragno. Además de las ocho herramientas, la AFIP podrá revisar
la historia de los contribuyentes y no limitarse al último año como
hasta ahora. La redacción final de los proyectos quedó plasmada durante
la reunión de Gabinete de anteayer, y son un complemento a la ley que creó
un fuero penal tributario. *
Tope al dinero en efectivo: todo pago superior a los 10.000 pesos deberá
realizarse obligatoriamente mediante operaciones bancarias, sean éstas
depósitos, giros, cheques o tarjetas de crédito. "Queremos que
queden documentados los datos de quién paga y de quién recibe
dinero", señaló ayer Terragno. De esta manera, el Gobierno tendrá
bajo control todas las operaciones de compraventa de inmuebles, autos,
aviones y barcos, por ejemplo, sean éstos nuevos o usados. Y se prorroga
el derecho a bajar el tope a 5000 pesos en cualquier momento. "Quien
siga utilizando dinero en efectivo correrá ciertos riesgos: por ejemplo,
en caso de que alguien le pague a otro que después quiebra, ese pago no
le será reconocido aunque posea consigo un comprobante o recibo",
ejemplificó el funcionario. Además, la persona que use efectivo no podrá
deducir esos pagos en sus declaraciones impositivas. A través de esta
ley, el Gobierno quiere también luchar contra el lavado de dinero. *
Privatización de la cartera de morosos: a través de una licitación pública
la AFIP venderá su cartera de morosos para que sean los privados quienes
persigan a los evasores. "Pueden ser bancos pero también otras
empresas privadas. La licitación estará abierta para todos", señaló
el jefe de Gabinete. Quien tome la cartera, deberá pagar un precio y
hacerse cargo del riesgo. El Fisco quedará desvinculado de la suerte que
corra la cobranza. En la actualidad, la AFIP tiene juicios a cobrar por
unos 8000 millones de pesos de 300.000 expedientes distintos. Este
proyecto se enviará al Congreso separado del resto ya que los impuestos
que se prevén cobrar son coparticipables con las provincias. *
Cigarrillos y combustibles: "Tenemos indicios de que existen
exportaciones falsas de ambos productos", aseguró Terragno. Con la
nueva ley, las empresas tendrán que pagar una multa equivalente a cinco
veces el valor del impuesto interno por la mercadería que se supone
vendida al exterior y que no lo fue. Se calcula que por el reingreso al
mercado interno de cigarrillos "exportados" el Fisco pierde 200
millones de pesos anuales. Y 400 millones en el caso del fraude en los
combustibles. *
Más poder a las AFJP: tanto la Anses como las administradoras podrán
promover juicios ejecutivos a los empleadores que omitan el pago de las
contribuciones patronales por el personal a su cargo. Para hacerlo, tendrá
validez la boleta de deuda que expida la AFIP. A su vez, el Ejecutivo
quedará facultado para perseguir a los autónomos que incumplan con sus
aportes. Mediante este artículo, el Gobierno busca disminuir la evasión
previsional. *
Cheque cancelatorio: podrán utilizarlo aquellas personas que no posean
cuentas bancarias ni tarjetas de crédito. Se comprarán por unidad en los
bancos, y su costo no podrá exceder el 0,25 por ciento del importe total.
De esta manera, un cheque por 10.000 pesos valdrá 25 como máximo.
Colateralmente, con la utilización de este instrumento se evitan los
fraudes ya que, al emitir el cheque, en forma instantánea el monto queda
acreditado en un fondo fiduciario y el receptor puede cobrarlo. *
Sistema de identificación tributaria y social (SINTyS): se entrecruzarán
los datos de la AFIP con los del Indec, la Anses y una decena de registros
nacionales, como el automotor y el de la propiedad, para hacer más
efectiva la persecución de los evasores. *
Pymes de la construcción: se crea un régimen especial simplificado de
blanqueo de trabajadores de las pequeñas y medianas empresas del sector,
que facturen hasta un máximo de 12 millones de pesos anuales. "Es
una especie de monotributo previsional", señaló Terragno. En
efecto, los empleadores de albañiles, pintores, plomeros o gasistas, por
ejemplo, podrán abonar un único impuesto previsional por esos
trabajadores siempre y cuando se encuentren en relación de dependencia.
"Las pymes no necesitarán de contadores ni expertos. Existirá una
tabla fija con los aportes y contribuciones", añadió el
funcionario. *
Control electrónico en el mercado de la carne: los frigoríficos y
matarifes estarán obligados a incorporar sistemas electrónicos de medición
y control de la producción. Todavía no se definió cuáles serán esas
metodologías. El Gobierno piensa en la utilización de un
"chip" en el cuerpo de cada animal. Habrá excepciones para las
pequeñas empresas. Este régimen podría extenderse a otras ramas de la
producción, como el campo, si así lo decide el Ejecutivo en un futuro.
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