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El
equipo económico intentó poner en práctica esta semana su costado más
desarrollista. "Somos liberales, somos desarrollistas y somos
socialistas", había definido ante Página/12 Pablo
Gerchunoff. Hasta ahora, atendiendo "lo urgente", ajustando
el presupuesto, el Palacio de Hacienda había mostrado su lado
(neo)liberal. A partir del lanzamiento del proyecto de ley Pymes,
algunos funcionarios se sintieron más cómodos en sus asientos. El
mercado por sí solo no asegura el derrame de beneficios hacia afuera
del poder económico concentrado. El Gobierno promete echarle una mano
al sector para bajarle los costos, facilitarle el acceso al crédito y
subsidiar la contratación de trabajadores. La fórmula no es
despreciable: el problema es que una amplia franja del sector se
encuentra sumergida por las deudas, y a ella la propuesta le resultará
insuficiente e inalcanzable.
En encuentros privados con
empresarios, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo
Rozenwurcel, admitió que el plan es apropiado para empresas de salud
razonable o a instalarse, pero no es un "salvataje" para las
que se encuentran en problemas graves. Un ejemplo es que la
refinanciación de pasivos --elemento central de supervivencia para
muchas-- quedó fuera de la letra del proyecto, el cual le deriva la
responsabilidad al Banco Nación. Pero después del esfuerzo anunciado
esta semana por la entidad para tirarle una soga al campo, difícilmente
le quede resto para ir al rescate de las pymes industriales.
Las mayores expectativas de
la conducción económica están puestas en crear una nueva red de
empresas medianas y pequeñas con niveles de eficiencia suficientes
como para poder ser proveedoras de grandes empresas y exportadoras de
sus propios productos. En el rol dinámico que pueda adoptar esta
"nueva clase empresaria" están basadas las mayores
esperanzas de encontrarle paliativos, en un plazo mediato, a la
desocupación. En este proyecto no caben las pymes actualmente
semiquebradas o con la soga de los bancos alrededor del cuello. Que,
en rigor, son la mayoría.
El criterio restringido de
apoyo obedece, por un lado, a las limitaciones presupuestarias. El
Gobierno afectará no más de 15 millones de pesos de una partida
correspondiente al Ministerio de Trabajo para subsidiar nuevos empleos
de personas mayores de 45 años o de mujeres jefas de hogar. Para
apoyar la contratación masiva de personal en las pymes --mediante la
devolución de 100 pesos mensuales por empleado durante un año-- se
recurrirá, en cambio, a un crédito del Banco Mundial. También habrá
un sacrificio fiscal para subsidiar las tasas de préstamos del Banco
Nación para la compra de bienes de capital nacionales (en este caso,
compartido con las provincias) y para la devolución automática del
IVA a los exportadores.
Pero, por otro lado, el
criterio de las medidas y sus alcances fueron debatidos previamente
con entidades dominadas por grandes empresas antes que representativas
de las pymes, como la Unión Industrial Argentina y la Cámara
Argentina de la Construcción. Estas consultas fueron amoldando la
norma para darles cabida prioritariamente a aquellas pymes en
condiciones de "engancharse" como proveedores de las
empresas líderes.
El criterio para ser
considerada una empresa pyme dejó lugar a otro tipo de controversia.
Denominar pyme a una empresa sólo por la cantidad de empleados puede
dejar incluidas bajo ese paraguas a firmas subsidiarias de grandes
grupos económicos, que difícilmente necesiten de un apoyo oficial a
través de subsidios y rebaja de tarifas.
Las restricciones del proyecto alcanzaron, incluso, a la
convocatoria a las entidades empresarias el miércoles último, en el
Banco Nación, para explicar los aspectos de la norma. Totalmente
ajeno a la voluntad del secretario del área, de la lista de invitados
fue excluida la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme),
una de las organizaciones más representativas del sector, alineada
con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Rozenwurcel tuvo que
reparar el yerro recibiendo, en audiencia privada, ayer a los
directivos de Apyme, ante quienes se disculpó por el accionar de la
"mano negra" que los borró del listado.
Aunque no alcance para
revertir la situación heredada, el proyecto para las pymes contempla
varias de las reivindicaciones históricas del sector y ordena en
parte las inequidades del sistema. Para las que aún tengan algo de oxígeno
en los pulmones, la oportunidad le será propicia para equiparse
(facilidades para la compra de bienes de capital), pelear en mejores
condiciones las licitaciones de compras del Estado (se privilegiarán
sus ofertas si la diferencia de precios no excede del 5 por ciento),
ampliar su dotación de personal (subsidio de 100 pesos por empleado y
por mes) y abaratar el crédito bancario a través de un sistema de
garantías apoyado en un fondo público. Pretender una solución más
global, como un plan de salvataje a las empresas comprometidas por el
nivel de endeudamiento, recomponer el mercado interno alentando el
consumo, o medidas para aplacar la concentración de mercados, sería
reclamarle a la conducción económica que saque a la luz la cara
"socialista" que Gerchunoff asegura que tiene. Pero, según
parece, todavía no es la oportunidad.
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