Por Adriana Meyer
 Mientras
la Oficina Anticorrupción defiende sus atribuciones, este diario pudo
establecer que un fiscal federal estaría a punto de pedir la
inconstitucionalidad de la Ley de Ministerios que creó al organismo y
solicitaría que la Oficina sea separada como querellante en la causa que
investiga presuntos sobreprecios en la compra de audífonos en el PAMI.
Los funcionarios de Anticorrupción presentaron ayer sus argumentos contra
la iniciativa de los defensores de Víctor Alderete, que fueron los
primeros en intentar sacarlos del caso. Y el abogado denunciante en ese
proceso, Ricardo Monner Sans, sumó su voz contra los abogados del ex
presidente del PAMI, León Arslanian y Jorge Torlasco. El destino de la
Oficina se juega en el resultado de este caso testigo.
El eje del debate es la intención de recortar las facultades del
organismo creado para canalizar todas las acciones del Gobierno dedicadas
a la investigación de la gestión menemista. La semana pasada, el ex
ministro Arslanian y el ex camarista Torlasco �que estuvo a punto de
ocupar la dirección de la Oficina pero no aceptó aduciendo que no le
aseguraron autonomía funcional suficiente� plantearon que el nuevo
organismo no puede ser querellante. Ese rol le permite tener una
participación activa en las causas, apelar decisiones favorables a los
imputados y acusar si el fiscal del caso no lo hace, entre otras
iniciativas. Los abogados señalaron ante el juez federal Gabriel Cavallo
que �la Oficina Anticorrupción no tiene facultad alguna, por lo menos
en la esfera judicial, para actuar de manera autónoma�, porque debe
hacerlo �en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas�. El titular de la Oficina, José Massoni, envió ayer
un escrito al mismo juez. Allí sostuvo que el significado que los
defensores de Alderete �pretenden atribuirle al vocablo �concurrente�
es falaz� porque �tiene el sentido de �coincidente� y no el de �conjunto�
como pretende la defensa�. Y criticó la �quizás apresurada
interpretación gramatical efectuada por los doctores Arslanian y Torlasco�.
Pero destacó que si los legisladores que redactaron la ley hubiesen
querido �tal actuación conjunta con la Fiscalía, dicha actividad
mancomunada no aparecería como legítima toda vez que los organismos en
cuestión dependen de diferentes poderes del Estado�.
Una fuente judicial aseguró a Página/12 que el fiscal Eduardo Freiler
suscribiría el argumento de que el PAMI no maneja dinero del Estado,
además de pedir la inconstitucionalidad de la ley que creó la Oficina y
la separación de Massoni del caso. Si el juez Cavallo lo contradice,
Freiler apelaría ante la Cámara. Massoni había señalado a este diario
que el planteo de Arslanian y Torlasco era una �estrategia dilatoria�
que podía demorar las causas abiertas. Sin embargo, este debate está
plasmado en un incidente que se tramita por separado, por lo cual la
marcha de la investigación sobre los audífonos no se verá retrasada.
En septiembre pasado, el abogado Ricardo Monner Sans había denunciado que
el PAMI compró en forma directa audífonos para hipoacúsicos a un valor
que duplicaría el de mercado, a una empresa de reciente formación. Por
eso el juzgado lo convocó para que sentara su posición. �El Congreso
nacional quiso que lo otorgado como facultad a la Oficina no resultara
invalidante de las atribuciones de la Fiscalía (de Investigaciones
Administrativas): quiso sumar, no restar�, opinó el letrado.
Arslanian y Torlasco sostienen que la actuación de la Oficina afecta el
artículo 120 de la Constitución, que organiza al Ministerio Público
Fiscal de manera independiente de los restantes poderes del Estado.
Massoni consideró que las facultades de uno y otro órgano son �de
naturaleza bien distinta� y que la Oficina �no es titular de la
acción pública, no posee la obligación legal de ejercerla y mantenerla,
y cuenta para ello con herramientas diversas a las del Ministerio Público�.
Como último argumento, los defensores de Alderete esgrimieron que el
patrimonio del Estado no se vio afectado en la causa, por lo cual no se
justificaría la intervención de la Oficina Anticorrupción. Según
ellos, el PAMI se encuentra fuera del ámbito estatal y sus fondos no
pertenecen al erario. Massoni no desconoció la condición �no estatal�
del PAMI, pero puntualizó que hasta 1999 contó con grandes montos
dinerarios aportados por la Administración Nacional. En tal sentido,
recordó que durante 1998 el Estado le asignó 2400 millones de pesos, y
en noviembre pasado el propio Alderete le reclamó 184 millones al
Ministerio de Economía. Por su parte, Monner Sans se preguntó si �los
defensores de Alderete no han tomado noticia de que el Congreso nacional
desde hace unos años incluyó en la llamada Ley de Leyes �el
Presupuesto nacional� los fondos del PAMI�.Y afirmó que tanto
Alderete como sus antecesores �son funcionarios públicos porque
manejaron fondos públicos�.
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