Por José Natanson
 Un
informe de circulación interna elaborado por técnicos del Ministerio del
Interior señala que en menos de dos meses se registraron solicitudes de
Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de diferentes municipios por casi 300
millones de pesos. Los pedidos de los municipios en crisis podrían
generarle más de un problema político a Federico Storani: el funcionario
cuenta con 30 millones de ATN para el primer trimestre y apenas 150 para
todo el año. La cifra está en sintonía con las restricciones generales
del Gobierno, pero será difícil de explicar a los intendentes,
acostumbrados a la generosidad de Carlos Corach, que en 1999 distribuyó
casi el triple de fondos sin preocuparse por su destino ni por las
observaciones de los organismos de control (ver aparte).
Las solicitudes fueron formuladas desde diciembre por intendencias de todo
el país que se comunicaron con la Secretaría de Provincias que conduce
Walter Ceballos y con la Subsecretaría de Municipios que dirige Rubén
Martí. A pedido de Storani, los técnicos de la cartera elaboraron un
informe en el que sintetizaron los diferentes reclamos de ATN, las
partidas con las que cuenta el ministerio para atender emergencias y
situaciones puntuales de crisis.
El documento sostiene que entre el 14 y el 31 de diciembre los pedidos de
ATN alcanzaron los 85 millones de pesos, mientras que del 31 de diciembre
al 7 de febrero la cifra fue de 210.318.389, sumando un total de más de
295 millones en solo un mes y 24 días.
Los funcionarios aseguran que es imposible cumplir con todos los reclamos,
lo que podría generar situaciones de tensión con los intendentes
acostumbrados a la generosidad de la gestión anterior. Durante 1999,
Corach manejó ATN por 407 millones, el 1 por ciento de lo que les
corresponde a las provincias según la Ley de Coparticipación Federal. El
recorte ordenado por Fernando de la Rúa redujo los fondos de ATN para
este año a 150 millones de dólares. La programación autorizada por el
Ministerio de Economía permite gastar sólo 30 millones en los tres
primeros meses.
�Nunca pensamos que la crisis era tan grave�, señaló uno de los
encargados de realizar el estudio, en el que se enumeran los pedidos y se
describen las cuentas de los municipios.
En Interior aseguran que la situación de muchos municipios es caótica.
Algunas intendencias tienen deudas astronómicas producto de la mala
administración. Uno de los ejemplos más claros es Bariloche, que cuenta
con un presupuesto de 16 millones y un pasivo de 25. Godoy Cruz, en
Mendoza, acumula deudas por 20 millones. Chascomús, una localidad situada
en el centro de los ricos campos de la provincia de Buenos Aires, debe 23
millones. La capital de Corrientes se encontraba en una situación similar
cuando fue intervenida.
Pero no fue sólo el desgobierno lo que determinó la crisis de los
municipios. En algunos casos, circunstancias locales afectaron la
recaudación y obligaron a contraer deuda para pagar a los empleados
estatales. Un ejemplo es la ciudad cordobesa de San Francisco, afectada
por el quiebre de las industrias metalúrgicas, que cuenta con la deuda
más alta de la provincia: 33 millones de pesos. Otro ejemplo es Paraná,
en jaque desde que en 1991 quebró el banco local y la intendencia se tuvo
que hacer cargo de depósitos por 23 millones de pesos.
El informe también registra pedidos de intendencias ubicadas en las
provincias más pobres del país. Este es el caso de Barranqueras y Roque
Sáenz Peña, en el Chaco, y de San Francisco y La Esperanza, en Jujuy. La
situación de la capital de Formosa, con una planta de empleados públicos
sobredimensionada y deudas millonarias, añade un dato político: el año
pasado triunfó por primera vez en 36 años un candidato radical, Gabriel
Hernández, quien confía en que una buena administración podría
servirlecomo plataforma para disputar la gobernación de una provincia
históricamente alineada con el PJ.
La cantidad de pedidos y la falta de capacidad para resolverlos obligaron
a los funcionarios de Interior a eliminar los aportes a ONGs y a modificar
el criterio de reparto de los ATN. La idea es recuperar la situación
económico-financiera de las intendencias e impulsar a los intendentes a
que saneen las cuentas para que los pedidos de aportes no se repitan en el
futuro.
Por eso, en Interior decidieron modificar el sistema de solicitud de los
ATN. Según aseguran cerca de Storani, la gestión anterior distribuyó de
manera discrecional los aportes, beneficiando a las localidades gobernadas
por el justicialismo. Además, no se exigía una rendición de cuentas
luego de los pedidos, lo que le dejaba las manos libres al intendente para
destinar los recursos sin ningún control. Esta modalidad permitió que
algunas intendencias realizaran licitaciones comprometiendo fondos de ATN
a futuro.
La nueva administración decidió que a partir de ahora las solicitudes
deberán describir la situación económico-financiera del municipio:
gastos de personal, de bienes y de servicios e inversiones. Los gastos en
obras públicas deberán especificar el impacto social de la iniciativa y
la justificación de por qué no se puede financiar con los recursos
corrientes. �Decidimos fijar plazos para que los intendentes expliquen
cómo piensan llegar a una situación razonable. El objetivo es que los
municipios lleguen a un equilibrio. No queremos dedicarnos sólo a apagar
incendios�, explicó un funcionario a Página/12.
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