 A
mediados de enero, cuando Pinochet parecía a punto de subir (en silla de
ruedas, por supuesto) al avión de la Fuerza Aérea chilena para volver a
su país, un nuevo recurso judicial se interpuso reclamando que el
ministro británico del Interior, Jack Straw, hiciera público el informe
médico que le permitió inclinarse por la salida humanitaria del ex
dictador. Al parecer, Madrid se tomó el asunto de la publicidad muy en
serio. Ayer, después de que la Alta Corte de Justicia británica obligara
a entregar el informe en estricta confidencialidad a España, Bélgica,
Francia y Suiza, el estudio apareció “misteriosamente” en la primera
página de los diarios españoles conservadores El Mundo y ABC en
Internet. Inmediatamente, y dejando de lado su bajo perfil habitual, el
juez Baltasar Garzón dio a entender que el responsable de la “filtración”
era el gobierno del también conservador José María Aznar.
Garzón explicó que la filtración “se ha producido en todo caso, y sin
lugar a dudas, antes de que llegara a este juzgado”, porque el documento
fue recibido a las 20.45 del martes y, como estaba en inglés, fue enviado
en un sobre cerrado a un traductor, que lo recibió a las 22.40 “con la
advertencia de guardar la confidencialidad sobre el contenido de los
informes médicos referentes a Augusto Pinochet Ugarte”. “El documento
recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores se guardó por el que
suscribe en sobre cerrado y firmado, y se halla actualmente en la caja
fuerte del juzgado”, agregó el juez de la Audiencia Nacional, aclarando
que al mediodía de ayer aún no estaba terminada la traducción oficial.
Sin embargo, ya había una traducción de origen dudoso dando vueltas en
el ciberespacio: “Mentalmente, es nuestra opinión que el senador
Pinochet no está en el momento presente mentalmente capacitado para tomar
parte con conocimiento de causa en un juicio. (...) Estaría incapacitado
para seguir el proceso de un juicio para instruir a sus abogados. Tendría
dificultad para responder al contenido y a las implicaciones de las
preguntas que se le formularan y no tendría conciencia de esta
dificultad. Su memoria de hechos remotos está mermada. Tendría
dificultades para hacerse oír y responder. Se nos dice, no obstante, que
en el pasado el senador Pinochet ha mostrado una notable habilidad para
contener el estrés. Por tanto, no nos vemos capacitados para dar ninguna
opinión útil de los posibles efectos sobre su salud si afronta un juicio”.
Al pie figuran las firmas de los doctores John Grimley Evans, Michel J.
Denham, y Andrew J. Lees, con fecha del 6 de enero del 2000.
El candidato socialista a la presidencia del gobierno español, Joaquín
Almunia, denunció que las filtraciones le parecen “indecentes” porque
demuestran que el gobierno “ha mentido respecto a sus auténticas
intenciones de ayudar a la Justicia”. Por su parte, Londres ya pidió
explicaciones formales a Madrid sobre el affaire. Pero, si realmente se
trató de una filtración, debe haber sido resultado de un descuido
impresionante por parte del gobierno español, ya que el informe completo
y detallado –cuya reserva había sido exigida por la Justicia británica–
está disponible para todo el público en las páginas de Internet de ABC
y El Mundo.
“Han basureado a mi general”, disparó desde Santiago el presidente de
la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa, que además criticó
directamente al ministro Straw. “Nadie ha considerado que Pinochet tiene
derecho a ser tratado con el respeto que merece cualquier persona. Esta
situación atenta contra la dignidad de un ex presidente de la República.
Pero nadie habla de eso, sino de si está o no enfermo.” Sin embargo,
Cortés reconoció que “pensamos que Straw, con estos antecedentes,
puede tomar una resolución lo antes posible que permita el regreso”.
Pero en España la explicación oficial de la filtración fue bastante
simple: “Es una muestra de la capacidad para hacer periodismo de
investigación”, aseguró con cara de piedra el portavoz del gobierno
Josep Piqué. La oposición socialista salió inmediatamente a la carga y
pidió al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que “dé la cara
y confirme odesmienta públicamente si él o alguno de sus colaboradores
ha hecho llegar este informe a los medios de comunicación”.
Pero tan tranquilo como Piqué, Matutes decidió obviar los reclamos y se
limitó a comentar que “el informe es rotundo, concluyente y sin fisuras
al establecer la incapacidad de Pinochet para someterse a juicio”. Y,
como si fuera necesario confirmar la voluntad política de Madrid de dejar
ir a Pinochet, Matutes reiteró que España no recurrirá la eventual
liberación porque “deterioraría nuestras relaciones con Chile y con el
resto de América latina, y el gobierno español quedaría en una
situación muy poco airosa”.
DOS MEDICOS INGLESES
NIEGAN VALIDEZ AL DIAGNOSTICO
Contraofensiva psiquiátrica
Página/12 en Francia
Por Eduardo Febbro desde París
¿Válido o no? El
informe médico al que fue sometido en Londres Augusto Pinochet se asemeja
a un “mascarada”, según la definición dada en París por los
abogados ligados a la defensa de los franceses desaparecidos en Chile y la
Argentina. Uno de ellos, William Bourdon, afirma que el ex dictador “no
es un hombre senil y sus problemas de salud no son en nada incompatibles
con su presentación ante los jueces”. El juez francés Roger Le Loire,
que instruye la causa Pinochet en París, cuenta desde ayer con el
mencionado informe y además con otro documento que le fue remitido y en
el cual dos psiquiatras británicos emiten serían dudas sobre la
parcialidad y la metodología empleada para determinar que Pinochet es “inepto”
para responder ante los jueces. Página/12 tuvo completo acceso al “contrainforme”
realizado por los médicos Robert Howard y Norie Graham el pasado 24 de
enero y en el cual ambos especialistas afirman que el informe en el cual
se basó Straw “carece de validez por cuanto el peritaje se hizo sin la
presencia de un psiquiatra especializado en la tercera edad, ni tampoco
contó con la asistencia de un experto cuya función consiste en
diagnosticar los estados mentales que afectan o impiden a una persona
asistir a un proceso”.
Ambos expertos ponen de relieve que existen “numerosos estados que
pueden simular la demencia, uno de ellos es la depresión”. Sólo un
gerontólogo “puede diagnosticar correctamente”, escriben Robert
Howard y Norie Graham. Las sospechas sobre la inviabilidad del “informe
legal” contenidas en este contrainforme que sirve de argumentación a
los abogados franceses son numerosas. Por ejemplo, los médicos subrayan
que resulta “muy difícil hacer con certeza un diagnóstico” tan
radical como el que realizaron los médicos que examinaron a Pinochet.
Determinar un cuadro de “deterioro intelectual” requiere para los dos
expertos un examen mucho más apropiado y extenso. En este sentido, los
médicos británicos sostienen sin ambigüedad que el “deterioro
intelectual afecta las capacidades de una persona en sus actividades
cotidianas, imposibilitándole realizarlas”. Por ello, los médicos
aducen “que un cuadro de deterioro intelectual modifica completamente la
actitud de una persona en todos los campos”. Ahora bien, Pinochet fue
visto sólo una vez por los médicos ingleses. “La demencia es un estado
crónico, mientras que otros estados que simulan la demencia son precisos
y reversibles. El único medio para asegurarse que existe un estado
crónico de incapacidad es observar al paciente a lo largo de un período
y no en el momento de la crisis.”
No existe prueba alguna de que el “paciente haya sido visto al menos dos
veces con dos semanas de intervalo, ni tampoco de que se haya consultado a
las personas que comparten su vida cotidiana”. Asimismo, Robert Howard y
Norie Graham sugieren que “sería importante que los expertos médicos
pudieran tener acceso a informes realizados por observadores neutros,
ajenos al proceso de extradición en curso”. Las sospechas contenidas en
este trabajo coinciden con las dudas manifestadas ayer por los abogados.
Willam Bourdon alegó al respecto que las conclusiones del informe oficial
“no son coherentes con lo que se constató”. Ninguna de las
conclusiones que sirven a Straw de apoyo tiene suficientemente peso. Así,
Robert Howard y Norie Graham señalan que un “paciente puede simular
perfectamente un estado anormal en el momento en que se lo examina. (...)
Si al menos cuatro expertos lo hubieran visitado por separado y que,
independientemente uno de otros, cada uno de ellos hubiera llegado al
mismo diagnóstico, sólo entonces se podría tener confianza en su
diagnóstico final”. Como es sabido, esto no ocurrió. Norie Graham
llega a una conclusión irónica: “Si el Senador Pinochet volviera a
Chile y recobrase la salud, en mi calidad de psiquiatra yo estaría muy
feliz”.
EL NUEVO FALLO PARA JAVIER
ZUÑIGA, DE AMNESTY
“Es vital lo que digan los
Estados”
Página/12 en Gran Bretaña
Por Marcelo Justo desde Londres
Con el fallo
unánime de tres jueces de la Alta Corte de Justicia de Londres, el caso
Pinochet entró en un nuevo escenario. Bélgica, España, Francia y Suiza
ganaron acceso al informe médico del general Pinochet y tienen hasta el
próximo martes a las cinco de la tarde para presentar argumentos a favor
o en contra de la decisión del ministro del Interior británico Jack
Straw, de suspender el proceso de extradición por razones de salud.
Página/12 dialogó con Javier Zuñiga, director de Américas de Amnistía
Internacional, sobre esta nueva fase decisiva del caso.
—Los jueces dictaminaron que Amnistía Internacional y las otras cinco
organizaciones de derechos humanos no tienen derecho a ver el informe
médico. ¿Es esto un revés?
–En esta apelación, nosotros no pedimos ver los informes médicos. En
la primera petición que hicimos ante la Corte sí lo hicimos, pero no
ahora. Para nosotros es suficiente que los Estados vean el informe. Con
esto lo que conseguimos es una cosa clave: transparencia. El proceso
había sido muy transparente hasta que se planteó la necesidad de
realizar exámenes médicos al general. Ahí todo se empezó a acordar
entre el ministro del Interior y los abogados, sin presencia de las
partes.
–¿Cómo deja parada a España el fallo de la Alta Corte?
–Consideramos que España es el gran ausente en esta apelación. Una
ausencia vergonzosa porque ellos tenían más responsabilidad que los
otros Estados para seguir adelante con el caso. Esperamos que todavía no
sea tarde para que revean su posición.
–España no iba a apelar porque la decisión de Straw era política.
Pero ahora los tres jueces dicen que es un hecho judicial...
–El fallo es una derrota del gobierno español. Quisieron pero no
pudieron escaparse del caso. Ahora España tiene acceso al informe médico
del general Pinochet y tendrá que dar curso al mismo. Sería inconcebible
que no lo haga.
–¿Qué importancia puede tener el informe médico para la posibilidad
concreta de extraditarlo?
–Ahora la salud del senador Pinochet podrá ser examinada de una manera
mucho más cuidadosa. Habrá expertos médicos de cuatro países. Por lo
tanto, la decisión que adopte el ministro del Interior tendrá que ser
muy justificada porque va a haber una variedad de opiniones médicas. Que
además podrán cotejar no sólo el examen médico que se le hizo en
enero, sino los distintos informes que hubo de su salud desde setiembre.
–Los cuatro Estados podrían decir que no están de acuerdo con el
informe médico que se hizo de Pinochet. ¿Qué pasa en ese caso?
–Nadie sabe. No se puede descartar que los Estados intenten una nueva
apelación. Por el momento todo es especulación. Pero, como sabemos, este
caso se ha caracterizado por las sorpresas.
–¿Intervendrían si después que los cuatro Estados presenten sus
argumentos legales Jack Straw decide suspender la extradición?
–Depende de los argumentos legales que haya en juego. Si son bases
apegadas al derecho, no tenemos problemas con que se suspenda el proceso
de extradición. En todo caso, la decisión de liberarlo está sujeta a
apelación judicial.
–¿Se pueden pedir nuevos exámenes?
–No lo sabemos. Depende de lo que encuentren los cuatro Estados. Lo
importante es que, a partir de este dictamen, la decisión no se tomará
sobre criterios arbitrarios.
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