|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Los titulares de las cuatro
entidades que nuclean a los empresarios de colectivos se reunieron ayer
para definir las características de la protesta. Resolvieron organizar
varias caravanas que recorrerán al mismo tiempo las calles circundantes a
Plaza de Mayo, el Obelisco, el Congreso y el Correo Central. La
manifestación es una derivación del incremento del precio del gasoil,
que elevó los costos para los transportistas. "Repsol YPF mantuvo
sin cambios la suba del combustible, por lo que no existe para nosotros la
rebaja que la petrolera anunció para el resto de los consumidores",
señaló Crespo, quien recordó que el último aumento fue del 5 por
ciento, alza que sumada las anteriores arroja un acumulado del 61 por
ciento desde julio del '99.
Los transportistas exigen tres
medidas puntuales:
* Eliminar el Impuesto a la
Transferencia de Combustibles para el gasoil que consumen, de 12 centavos
por litro.
* Estricto cumplimiento de las
normas que regulan el servicio de otros medios de transporte de pasajeros.
"Las combis están autorizadas a llevar pasajeros de puerta a puerta,
pero en la mayoría de los casos utilizan nuestras paradas para recoger a
cualquier persona", se quejó en diálogo con este diario Juan Carlos
Arias, presidente de la Federación Argentina de Transportadores por
Automotor de Pasajeros (FATAP).
* Extender la prórroga por los
juicios a las empresas de colectivos derivados de la quiebra de la
aseguradora Belgrano. El gobierno anterior emitió un decreto concediendo
un plazo de 24 meses a las compañías de transporte para negociar con los
damnificados en accidentes de tránsito el pago de indemnizaciones. Fue
ante la crisis financiera que ocasionó a las empresas la quiebra de la
compañía de seguros Belgrano. Esa prórroga vence el 21 de marzo próximo
y los empresarios reclaman que se la extienda por otros dos años. De lo
contrario, desde ese momento deberán hacer frente a juicios por un monto
total de 600 millones de pesos. "No podemos afrontar ese gasto de
ninguna manera, por lo que si no obtenemos más plazo un gran número de
compañías solicitará su propia quiebra", sentenció Arias.
Por su parte, Crespo también
se quejó por los aumentos de impuestos que alcanzaron al sector. "La
reforma tributaria de Roque Fernández nos dejó tres impuestos que
agravan la situación de las compañías: el Fondo de Incentivo Docente,
ganancia presunta y el impuesto de un 15 por ciento a los intereses que
grava todos los préstamos", señaló. "Esto hizo que muchas
empresas paralizaran las inversiones para cumplir con las normas legales,
como la Ley de Tránsito, que prevé el recambio de unidades con más de
diez años de uso, y el decreto 914, por el que este año el 60 por ciento
de las unidades a renovar debe ser de piso bajo o semibajo", concluyó.
|
