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Las
violaciones a los derechos humanos en la Argentina, según la descripción
del Departamento de Estado, parecen monopolizadas por la policía. La
sección "Muertes políticas y extrajudiciales" detalla la
masacre de Ramallo, donde "el fuego cruzado policial mató a dos
rehenes y un ladrón, y un segundo supuesto ladrón murió bajo custodia
policial; hasta el momento, la policía no ha emitido una explicación
convincente sobre el incidente". La represión en Corrientes recibió
otro párrafo: "El 17 de diciembre, en la provincia en bancarrota de
Corrientes, la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma
contra una multitud de manifestantes que bloqueaban un puente, hiriendo a
por lo menos 40 personas. A sólo algunas cuadras dos personas fueron
muertas". Sobre el caso Omar Carrasco, el informe menciona que
"varios oficiales del Ejército están entre los 11
sospechosos". En mayo, "una corte sentenció a cuatro oficiales
de policía por la tortura y asesinato en 1993 de Miguel Bru, un
estudiante cuyo cuerpo nunca fue hallado". Casi al final de esta
sección se detallaba que "en octubre, el juez español Baltasar Garzón
ha presentado querellas a 186 personas con distintos crímenes cometidos
durante la 'guerra sucia'. En noviembre, querelló a los líderes de la
junta militar, incluyendo a Leopoldo Galtieri, Jorge Videla, Emilio
Massera y 95 otros oficiales, incluyendo a un juez federal en funciones,
por tortura, terrorismo y genocidio". El informe también notó
"las preocupaciones de grupos de periodistas por la violencia y
amenazas contra ellos, la creciente concentración de los medios, las críticas
a los medios desde políticos, fallos contra periodistas de la Corte
Suprema y el hecho de que todavía no se ha cerrado el caso Cabezas".
La Argentina recibió más
golpes en la sección "Tortura y otros tratos o castigos crueles,
inhumanos o degradantes". Se destacó que "en mayo, las
autoridades detuvieron a tres oficiales de policía por la supuesta
tortura a varias personas que habían sido detenidas bajo sospechas de
matar a un agente de policía". En el siguiente párrafo se describe
como "a mitad de año, se estaba investigando a dos agentes de policía
por forzar a prostitutas (que eran menores) a someterse a actividades
sexuales para evitar ser arrestadas". Además de lo ocurrido en
Corrientes, "la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma
en numerosas ocasiones para dispersar manifestaciones. Un párrafo largo
describe las malas condiciones en las cárceles. "Muchas prisiones
están sobrepobladas, las condiciones son "pobres, con algunas
instalaciones viejas y dilapidadas. En las prisiones de la provincia de
Buenos Aires, a mitad de año, 3100 prisioneros esperaban ser juzgados. En
la capital provincial de La Plata, 290 personas estaban detenidas
esperando juicio en un área que tiene capacidad para 100. En febrero,
cinco prisioneros fueron heridos en un motín carcelario en Buenos Aires:
los amotinados exigían mejores condiciones en la prisión, que había
sido inaugurada el año pasado".
En la sección "Arrestos
arbitrarios", el informe que leyeron ayer los congresistas
norteamericanos detallaba que "la policía ocasionalmente detiene a
adolescentes y jóvenes, a veces por un fin de semana, sin presentar
acusaciones formales. Muchas veces no les dan la oportunidad de llamar a
sus familias o a un abogado. Los detenidos son liberados sólo luego de
quejas de los familiares o abogados. En abril, las autoridades
investigaron a tres agentes de la Policía Federal por falsificar
acusaciones contra dos personas en la Capital Federal. Se ha informado de
17 casos similares en los últimos cinco años". Todo esto se halla
agravado por "un sistema judicial complicado por bloqueos de
procedimiento, cambios de jueces, apoyo administrativo inadecuado e
incompetencia. Hay muchas acusaciones de corrupción, especialmente en
casos civiles". Concluyendo esta lista de horrores, el informe
observa que "el abuso y la prostitución infantiles están en
aumento" y que todavía no comenzaron los juicios contra las 17
personas detenidos en conexión al atentado a la AMIA.
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