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BRINZONI, LA INTERVENCION MILITAR EN EL CHACO Y EL PLAN CONDOR
El escándalo de los ascensos

El incomprensible desgaste que De la Rúa enfrenta por su insistencia en el ascenso de militares acusados por crímenes aberrantes se vincula con la historia personal del Jefe de Estado Mayor del Ejército, Ricardo Brinzoni, y la de su antecesor, Martín Balza. El pliego del teniente coronel Chancaca Martínez Segón fue impugnado por su participación en la masacre de Margarita Belén, en El Chaco, cuando el interventor militar en esa provincia era el suegro de Balza, y Brinzoni era el secretario general de la intervención.

El fantasma de la masacre de Margarita Belén todavía ronda a Balza y a Brinzoni, su sucesor.


Por Horacio Verbitsky

t.gif (862 bytes) La insistencia del presidente Fernando De la Rúa en reclamar al Senado el ascenso de la lista completa de oficiales del Ejército firmada por su antecesor Carlos Menem, pese a los graves cargos que pesan sobre varios de ellos por crímenes aberrantes contra personas detenidas y a la conmoción que ello ha causado entre los organismos defensores de los derechos humanos y en algunos sectores de la Alianza, se vincula con la historia personal del jefe de Estado Mayor, Ricardo Brinzoni, y de quien lo precediera en ese cargo, Martín Balza. También se relaciona con la investigación judicial en curso sobre la Operación Cóndor. Durante el anterior gobierno radical parte de la dividida oposición justicialista votó en contra del ascenso de los militares acusados por violaciones a los derechos humanos pero el ex Presidente Raúl Alfonsín presionó sobre el bloque oficialista y consiguió que fueran aprobados. En cambio, de 1989 a 1999 el bloque justicialista desoyó las presiones del ex presidente Carlos Menem y sumó su voto al de la oposición radical para dejar en el camino a los impugnados, como en los casos de los marinos Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón y del teniente coronel Carlos Villanueva. Comienza ahora el tiempo de prueba para el gobierno de la Alianza y, dentro de él, para el Frepaso, cuyo líder, el licenciado Carlos Alvarez, preside el Senado. Este miércoles la Comisión de Acuerdos tratará los pliegos impugnados.
El caso que más interesa a los dos últimos jefes del Ejército es el del teniente coronel Aldo Héctor Martínez Segón, alias Chancaca, acusado por torturas y asesinatos en El Chaco, cuando el interventor militar en esa provincia era el general Antonio Facundo Serrano. La hija del interventor, María Inés Serrano, es la esposa de Balza. Brinzoni, con el grado de capitán, fue secretario general de aquella intervención militar. El caso más notorio que involucra al Chancaca Martínez Segón es la masacre de Margarita Belén. En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 un grupo de detenidos políticos fueron extraídos de la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, y trasladados a la cárcel de máxima peligrosidad de Formosa, por orden del jefe de la Brigada de Infantería 7 y la Subzona 23, el entonces coronel Cristino Nicolaides. El día en que se decidió el traslado, primero se ordenó cavar fosas en el cementerio de Resistencia. El ex diputado radical Víctor Marchesini que estuvo preso junto con ellos declaró que a uno lo crucificaron durante 48 horas. Según Marchesini los colocaron en la alcaidía entre una doble fila de policías que los apalearon hasta dejarlos sin sentido. Luego los subieron a los vehículos para ser rematados. En dos camiones militares a los que acompañaba un patrullero de la policía del Chaco fueron conducidos hasta un descampado en el que se los ejecutó alegando un intento de fuga durante el traslado.
La Cámara Federal de la Capital, que condenó por el horrendo episodio al ex dictador Jorge Videla, dijo que la versión oficial no era verosímil y que los detenidos “fueron muertos por las fuerzas encargadas de su traslado”. El ex miembro de la Conadep Edwin Tissembaum transmitió a los jueces los detalles de la confesión brindada en su lecho de muerte por el parapolicial Eduardo Pio Ruiz Villasuso, quien había sido herido por un oficial de la policía del Chaco. Tissembaum grabó su testimonio en la sala de terapia intensiva, ante un médico y un escribano que certificaron su lucidez. Según su relato los muertos a golpes fueron diecisiete hombres y cuatro mujeres. Entre los participantes en la masacre mencionó al entonces teniente primero Chancaca Martínez Segón. Ruiz Villasuso también nombró entre los “responsables” al ex interventor militar en El Chaco, general Facundo Serrano, el suegro de Balza.
La semana pasada, el diario “El Norte” del Chaco publicó una carta abierta a la comisión de Acuerdos del Senado firmada por un grupo de exmilitantes, quienes solicitaron que Martínez Segón no fuera ascendido sino pasado a retiro. La carta menciona el informe final de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia, que investigó los hechos y sindicó a Martínez Segón “de haber practicado torturas, apremios físicos y psicológicos e instigado dichos apremios. Asiduo concurrente a la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco y participante de los procedimientos que allí se realizaban. Es también mencionado participante en actividades represivas, detenciones, traslados, y en la participación de interrogatorios y apremios ilegales. Podemos asegurar que dichas sesiones de interrogatorios eran con el uso constante de picana eléctrica, golpes, submarino y simulacro de fusilamiento”, afirman. En el mismo artículo el diario “El Norte” recuerda que “Brinzoni es otro conocido de los chaqueños tras su paso por el gobierno del interventor militar, general Antonio Facundo Serrano, al ocupar durante un período la secretaría general de la gobernación, cuando era capitán”.
Según el candidato paraguayo al premio Nobel de la Paz, Martín Almada, quien descubrió en Asunción los archivos de la represión en el cono sur, Resistencia fue en aquellos años la sede argentina de la Operación Cóndor. El juez federal Claudio Bonadío, quien lleva una causa por ese plan de coordinación represiva entre dictaduras, se propone interrogar sobre el tema a Brinzoni, en función de su cargo actual. Ante una solicitud de Bonadío al Ejército sobre los manuales y reglamentos militares de aquella época, su secretario general, Eduardo Alfonso, respondió que no existían ejemplares. A raíz de ello el juez resolvió citar a Brinzoni, quien pidió el privilegio de declarar por escrito. Aun antes de recibir el cuestionario judicial, Brinzoni puso en duda la propia existencia del plan Cóndor al preguntarse en una declaración pública “si es que alguna vez ha existido”. También negó conocer al respecto más de lo que ha leído en la prensa, y agregó que “cuando era capitán, por esos años, no tenía idea de lo que era”.
No puede atribuirse tal ignorancia a que Brinzoni haya sido un joven oficial indiferente a los acontecimientos políticos. Según su propio relato, en febrero de 1976 se presentó ante el comandante de la brigada de Corrientes, el general Cristino Nicolaides, ante quien dijo haber argumentado que un golpe de Estado “era innecesario y contraproducente” y que “la continuidad de la lucha antiterrorista que el gobierno constitucional había puesto en marcha tiempo atrás no exigía un gobierno militar”. Esa declaración formó parte de la confrontación entre Nicolaides y la cúpula del Ejército a raíz de la causa sobre la apropiación de hijos de desaparecidos. Nicolaides declaró ante el juez Adolfo Bagnasco que cada comando conservaba documentación sobre lo sucedido y que era hora de pedírsela a Balza. El Ejército, luego de una inusual reunión de mandos en Campo de Mayo que duró diez horas, en enero del año pasado, negó esas afirmaciones y dio a conocer las órdenes de incinerar la documentación, impartidas por el propio Nicolaides.
Brinzoni escribió su testimonio contra Nicolaides, que difundió en mayo de 1999. En el mismo texto, practicó una insólita reivindicación de otro de los procesados en la misma causa que Nicolaides, el ex dictador Benito Bignone. Luego de la hecatombe en la guerra de las Malvinas, Nicolaides en nombre del Ejército designó a Bignone para desempeñar el Poder Ejecutivo. Esas húmedas historias de fantasmas han dejado su impronta en la actual conducción castrense, a la que le resulta más fácil proclamar que practicar la ruptura con aquel pasado. “Doy fe de los valores éticos y morales del coronel Bignone, mi jefe de Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar de la Nación cuando yo era oficial instructor con el grado de teniente primero en 1971 y 1972. Soy testigo de sus convicciones de entonces: la subversión era un problema de solución policial, no militar, y sé de su negativa férrea a instruir a los cadetes en técnicasantiterroristas como algunos, en aquel entonces, pretendieron”, escribió Brinzoni, quien hoy es partidario de revisar las leyes de defensa y de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan volver a intervenir en cuestiones policiales. Ese presunto dechado de ética que sería Bignone es responsable de la desaparición de dos soldados que prestaban servicios a sus órdenes en el Colegio Militar, y sobre sus variables convicciones acerca de métodos de formación de oficiales prestó testimonio el también ex dictador, general Alejandro Lanusse. En el juicio de 1985 Lanusse recordó una discusión que sostuvo en Campo de Mayo con Bignone y con el también general Santiago Omar Riveros. Según Lanusse, “Riveros pretendió recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por izquierda, agregando que gracias a ellos yo vivía. Le dije: hay oportunidades en que es preferible no vivir, general Riveros”. Cuando “los ánimos se caldearon entre ambos, Bignone, propio de su personalidad e idiosincrasia, pretendió mediar con muy poca felicidad por cierto y dijo: mi general, yo hasta el año pasado pensaba como usted, ahora he cambiado de forma de pensar. Lo lamento, general Bignone; con la misma franqueza le digo entonces que hasta el año pasado yo tenía un concepto del general Bignone y que ahora no lo mantengo, y además recuerdo que no sé si en la época suya pero sí en la época actual, que por ahí hay procedimientos ordenados en el Colegio Militar en los cuales algunos de los oficiales ejecutores salen encapuchados y eso lo hacen pasando por la guardia donde hay cadetes; y les pregunto a ustedes y les pido que reflexionen, no que me contesten a mí, si eso es una forma de educar a los oficiales del futuro”.


Un experto

Aunque cursó el Liceo Militar, De la Rúa no es un experto en la materia. El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, nunca se ocupó de otra cosa que no fuera la Economía. El único especialista de la línea de mandos responsable de los pliegos del terror es el secretario de Asuntos Militares, licenciado Angel Tello. Su adscripción a los denominados sectores progresistas de la UCR no le ha impedido mantener excelentes relaciones con algunos de los personajes más sórdidos de la dictadura militar. Uno de ellos es el general (R) José Teófilo Goyret, interventor militar en el diario La Opinión cuando la dictadura lo confiscó luego de secuestrar a su propietario, Jacobo Timerman. Goyret es profesor de Estrategia en la Maestría de Relaciones Internacionales organizada y dirigida por Tello en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
El director del diario Ambito Financiero, Julio A. Ramos, quien de progresista no tiene un pelo, describió en su libro Los cerrojos a la prensa, el desembarco de Goyret en La Opinión: “Los momentos posteriores a la intervención fueron dramáticos. Requisaron, en horas de la madrugada, uno por uno los escritorios y agruparon en el centro de la redacción todos los elementos considerados ‘pecaminosos’, como revistas políticas, poemas de amor, fotos con políticos, algún libro pornográfico, alguna carta y decenas de efectos personales que un periodista puede guardar en su escritorio. Como si fuera un acto de exorcismo, reunieron todos esos papeles y los quemaron en el patio del diario. “Recuerdo cuando el general Goyret se puso junto a la mesa de los secretarios de redacción y al mejor estilo militar dijo, con voz seca y fuerte: ‘¡Acérquense!’. Los periodistas nos miramos en los escritorios sin saber qué hacer. ¿Supondría ese militar que éramos soldados conscriptos? Lentamente nos fuimos acercando al militar que improvisó una breve alocución patriótica.” Dos días después de la intervención militar se aplica un insólito principio: ‘Quien fue jefe en La Opinión del comunista Timerman tiene que ser también comunista y, por lo tanto no puede seguir siendo jefe’. Me llamaron y me dijeron que dejaba, por lo anterior, de ser jefe de la sección Economía”.

 

Los otros

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo conocer a la Comisión de Acuerdos del Senado su preocupación por las presiones del Poder Ejecutivo y cuestionó la afirmación de Brinzoni de que “no se envió ningún pliego sobre el que pudieran suscitarse dudas o cuestionamientos en pruebas concretas”. El CELS recuerda que la actividad del Estado Terrorista “fue realizada en forma clandestina, secuestrando a miles de personas que fueron llevadas a centenares de centros de detención que no figuraban en listados oficiales y acerca de cuyo funcionamiento las Fuerzas Armadas nunca dieron ninguna información”. Las leyes de punto final y de obediencia debida y los indultos a procesados impidieron que culminaran los juicios dirigidos a determinar “la responsabilidad individual de cada uno de los acusados. Si muchos de los militares cuyos ascensos hoy impugnamos no han sido condenados en sede penal, ello se debe solamente a la sanción de esas leyes y decretos. Es por ello que en estos casos no puede hacerse valer, en un ámbito político como esa comisión de acuerdos, una supuesta presunción de inocencia que sólo rige en sede penal. Por el contrario, estamos convencidos de que debido a la metodología del terrorismo de Estado debe existir una presunción política en el sentido inverso y deben ser los propios involucrados y las Fuerzas Armadas las que deben demostrarle a los senadores y a la sociedad toda la inocencia de los sospechados”. Además de Martínez Segón, el CELS aporta elementos sobre otros oficiales cuyo ascenso demanda De la Rúa:
  Justino Mario Bertotto, como jefe del Grupo de Artillería 4 intervino en la exportación ilegal de armas hacia Ecuador y Croacia. El fiscal Carlos Stornelli solicitó su procesamiento por malversación de bienes del Estado.
  Rafael Mariano Braga, MI 8.447.824. Mencionado como represor en Jujuy en el legajo 1106 de la Conadep. Según el legislador radical Normando Alvarez García, Braga encabezó el pelotón que irrumpió en su casa el 21 de agostode 1976 y secuestró a su hermano Julio Rolando Alvarez García. Integró también las patotas que secuestraron en su domicilio, el 24 de noviembre de 1976, al dirigente gremial Carlos Eulogio Villada y el 20 de junio de 1976 del Ingenio Ledesma a la señora Eulogia Cordero de Garnica y a sus hijos Domingo Horacio Garnica y Miguel Angel Garnica; ella fue liberada, sus hijos permanecen desaparecidos (Expedientes 11a, 21G y 1V, todos de 1984, de la Legislatura jujeña, elevados a la Cámara Federal de Tucumán y al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas).
  Eduardo Daniel Cardozo. Incluido en el listado de represores del CELS, con el grado de teniente, con desempeño en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército. Estaba procesado por los secuestros de Francisco Escamez (ocurrido el 27 de octubre de 1976), Garay y Gonil. Beneficiado con la ley de obediencia debida.
  Alejandro Guillermo Duret, MI. 10.525.335. Con el alias de Porra es mencionado en los legajos 0676, 2297 de la Conadep. En 1994 fue designado para comandar el grupo de Artillería de Neuquén en el que fue asesinado el soldado Omar Carrasco. “Esto no es Auschwitz, ni Treblinka, ni Sobibor”, dijo, molesto, al negar que se hubiera inundado de ex profeso la cisterna para borrar pistas.
  Pedro Carlos Florido, Capitán de fragata, abogado, MI 7.598.712. Una carta enviada a las Madres de Plaza de Mayo, que ellas remitieron al CELS para que verificara los datos, indicó que Florido “durante 1976 tuvo un papel protagónico y trágico en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. En los años 1977 y 1978 estuvo en la ESMA en donde participó activamente como Florindo o el Negro en los grupos de tareas. Como abogado que es, tuvo participación en el cambio de dueños de propiedades y automotores y actualmente entre bambalinas es quien arregla los entuertos judiciales de la Armada con los jueces federales que se avienen a no investigar más allá de lo conveniente”. El ex detenido-desaparecido Víctor Melchor Basterra, secuestrado en 1979, fue asignado al sector Documentación de la ESMA, donde se falsificaban documentos de identidad. Durante el juicio a los ex Comandantes de 1985, Basterra identificó en una foto “al oficial de la Armada al que le decían Florido o Florindo. Era abogado e iba periódicamente. Según escuché en conversaciones asesoraba legalmente al grupo de tareas “, dijo. En diálogo con este diario, Basterra agregó que Florido era una de las tres personas que le obligaron a falsificar pasaportes, entre ellos cuatro destinados a Licio Gelli. Con uno de esos documentos fue detenido en Cannes. Este diario confirmó en el edificio de los tribunales federales de Retiro que en la actualidad el capitán abogado Florido actúa junto con Sergio Vargas como enlace de la Armada ante los jueces. Un funcionario judicial suministró el teléfono que Florido deja a los jueces para que le comuniquen cualquier novedad sobre los expedientes que interesan a la Armada, por la apropiación de bebés o averiguación de la verdad: 4317-2301.
  Eduardo Víctor Jordán. Este oficial de inteligencia fue procesado por encubrimiento en el asesinato del soldado Carrasco, aunque luego fue sobreseído. Fue quien dirigió la investigación paralela que condujo a la condena de Ignacio Canevaro, Christian Suárez y Víctor Salazar.
  Rodolfo Sergio Mujica, MI 10.963.753. En el legajo 5144 de la Conadep se denuncia su actuación durante la guerra sucia en Catamarca. Los denunciantes afirman que luego de un secuestro por personal sin uniforme llegó la tropa legal al mando de Mujica y saqueó la vivienda. “A las máquinas fotográficas y la filmadora las llevan con el objeto de ser estudiadas, según consta en el acta que me dejan, para ser devueltas una vez realizada la investigación, las cuales nunca me fueron entregadas hasta la fecha”, declaró la tía del secuestrado.
  Oscar Nicolás Quiroga, quien era subdirector de la Fábrica Militar de Río Tercero y estaba a su cargo en el momento del estallido. Su esposa yun grupo de misioneras debían visitar la fábrica con una imagen de la virgen a las nueve de la mañana de aquel 3 de noviembre de 1995. Pero el riojano Quiroga la llamó por teléfono poco antes para desaconsejar la visita. Las explosiones se iniciaron a las nueve y diez. Fue procesado por estrago culposo calificado y luego sobreseído.
  Alejandro Aquiles Richetta, MI, 6.054.592, legajo 7594 de la Conadep. Un ex conscripto declaró que durante su período de instrucción realizado en 1979 en la Prisión Militar Córdoba él y otros miembros de su sección mientras hacían salto de rana casi caen dentro de una serie de pozos profundos cubiertos de pasto que los ocultaban. En presencia de Richetta un suboficial comentó: “Menos mal que no se le cayó ningún milico, porque allí tenemos quemados los restos de los subversivos”.

 

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