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El pedido de desafuero se basa
en 19 secuestros incluidos en la llamada "Caravana de la
Para algunos especialistas, el
proceso normal de desafuero puede llevar unos tres meses, aunque para
Contreras podría hacerse en cuatro semanas. El juez Guzmán, que además
tiene a su cargo las otras 59 causas abiertas contra Pinochet, no tiene
plazo para determinar si existen "sospechas fundadas" contra
Pinochet y expedirse. Cualquiera sea su decisión, será apelada ante la
Corte de Apelaciones de Santiago que, luego de estudiar la causa y
escuchar los alegatos de los abogados de las partes, deberá tomar una
decisión, por simple mayoría, en una reunión plenaria de sus 23
integrantes.
Esta resolución sólo podrá
ser apelada por el inculpado. Si el juez Guzmán rechaza el pedido de
desafuero y lo mismo hace la Corte de Apelaciones, quedaría abierta la
posibilidad de que se presenten otros pedidos de desafuero por alguna de
las otras causas abiertas contra el dictador. Si el juez acepta el pedido,
pero la mayoría de la Cámara de Apelaciones lo rechaza, Pinochet sería
sobreseído en las 61 causas que están abiertas.
La resolución de la Cámara de
Apelaciones sólo puede ser apelada por el inculpado y, en ese caso, debería
intervenir la Corte Suprema, que revisará la causa, escuchará a los
abogados y deberá decidir también por simple mayoría en una reunión
plenaria de sus 20 integrantes. Desde el retorno a la democracia se han
planteado nueve pedidos de desafuero y sólo cuatro de ellos llegaron a la
Corte Suprema. De esos cuatro sólo uno, el del senador Francisco Javier
Errázuriz, fue resuelto favorablemente. Pero luego fue absuelto por el
juez de primera instancia.
Si la Corte aprueba el
desafuero de Pinochet, el juez Guzmán deberá decidir ahora si existen
"presunciones fundadas", que es un nivel más alto que el de las
sospechas fundadas. Si así lo considera, podrá técnicamente juzgar a
Pinochet, privándolo de su libertad y sometiéndolo a proceso. En primer
lugar debería interrogar al acusado y lo más probable en este cuadro de
situación es que deba hacerlo en un regimiento militar o en su propio
domicilio, debido a la edad del dictador, algo que aquí en Chile implica
una presión muy fuerte.
El juez Juan Guzmán ha
mantenido un perfil lo más bajo posible desde que Pinochet fue detenido
en Londres. Ante los ataques de la derecha contra su colega español
Baltasar Garzón, se limitó a señalar que respetaba a Garzón, pero que
éste era un juez español que actuaba según las leyes de su país.
"No tengo los antecedentes tan importantes de Garzón --afirmó--,
pero soy un juez chileno que se atiene a la legislación que hay en
Chile".
La defensa de Pinochet en Chile
ha estado a cargo del abogado Gustavo Collao Mira, un coronel retirado que
fue jefe de la Casa Militar y secretario privado de Pinochet. Sin embargo,
para estas cuestiones, el dictador no parece confiar en la capacidad
militar para resolver juicios y trascendió que el abogado penalista
Ricardo Rivanedeira se haría cargo de su defensa en esta etapa.
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muerte", una causa que ya reunió más de dos mil fojas. Si da curso
al pedido, el juez debe ordenar una revisación médica del acusado, sólo
para establecer si está en condiciones de participar en su juicio. En
Chile las razones humanitarias que evitaron el juicio de Pinochet en España
no son causales para eximir a los acusados. Según el abogado Hugo Gutiérrez,
que lleva la causa de la "Caravana de la muerte", aun cuando el
acusado sea declarado enfermo mental, tiene que ser condenado primero,
para luego ser eximido de la pena.