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El coche bomba explotó a un kilómetro del cuartel de la Guardia Civil, justo cuando pasaba a su lado un patrullero del cuerpo identificado con la lucha antiterrorista. Los dos militares que viajaban en el Nissan Patrol se salvaron gracias al blindaje del auto, y cinco personas que circulaban por allí fueron heridas por los vidrios destruidos por la explosión. Con la misma rapidez que el 22 de febrero –cuando otro coche bomba etarra mató al dirigente socialista Fernando Buesa y a su custodio en la ciudad de Vitoria–, pero a sólo 6 días de las elecciones, los dirigentes políticos españoles salieron a condenar el atentado. Todos, excepto el brazo político de ETA, Herri Batasuna (EB) y su frente electoral Euskal Herritarok (EH). Ambos están embarcados en una campaña de boicot a las parlamentarias, que tendría gran efecto en el País Vasco y en Navarra, donde se calcula que la participación popular será 10 puntos menor a la del resto del país, beneficiando aparentemente al Partido Nacionalista Vasco (PNV), actualmente enfrentado con el gobierno porque Aznar considera que no hicieron una “condena clara” a los etarras. El secretario general del gobernante Partido Popular (PP), Javier Arenas, aseguró ayer que “jamás cederemos al chantaje”. Pero la respuesta del socialismo, que salió de boca del candidato parlamentario por la provincia vasca de Alava, Ramón Jáuregui, fue más directa: “La sociedad vasca debe demostrar que quiere la paz, para darles donde más les duele, votando en las urnas, votando democracia y libertad”. La preocupación del socialismo es clara: la alianza con la Izquierda Unida no corre para la elección de diputados, y aun sumando luego sus votos, el PP ganaría por casi cuatro puntos que lo obligarían a conseguir el apoyo de partidos nacionalistas, con los que quedaría prácticamente garantizada la reelección de Aznar.
Vaticano, mea culpa mesurado
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