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CONDENARON A ASTIZ A TRES MESES DE PRISION POR APOLOGIA DEL DELITO
Hablar le costó más caro que matar

El juez Bonadío rechazó todas las defensas del represor. Consideró probadas sus declaraciones. La condena podía llegar a un año de prisión, pero al fijarla se tuvo en cuenta la falta de condenas del ex marino. La pena queda en suspenso y sólo la cumplirá en caso de recibir otra condena.


Por Victoria Ginzberg

t.gif (862 bytes) La espalda recta y las manos sobre el escritorio. De traje azul y camisa celeste –como en las cinco audiencias anteriores de este juicio oral–, Alfredo Astiz escuchó durante dos horas y diez minutos al juez federal Claudio Bonadío y sólo se movió para parpadear. El magistrado condenó al represor a tres meses de prisión en suspenso por considerarlo culpable de haber cometido apología del crimen al reivindicar su actuación durante el terrorismo de Estado en una entrevista publicada por la revista 3puntos. La pena para ese delito puede variar entre un mes y un año en suspenso. El Angel Rubio, quien negó tener apodos, recibió tres meses, ya que, para la Justicia argentina, no tiene antecedentes. 
“Mi objeto fue aportar a la pacificación nacional”, había dicho Astiz para explicar por qué se había reunido con la periodista Gabriela Cerruti el 13 de enero de 1998. Bonadío consideró que, con esta frase, el represor confesó su deseo de hacer públicas las palabras que pronunció ante la periodista. 
La defensora oficial Perla Martínez de Buck había planeado su estrategia en base a dos argumentos principales: que Astiz mantuvo una conversación privada con Cerruti cuya publicación no estaba autorizada y que la periodista alteró sus dichos. Es que, para que se consume el delito de apología, el acusado debe haber tenido intención de difundir sus declaraciones. Por eso, en el juicio se discutió constantemente el proceder periodístico. 
Bonadío aseguró que Astiz “pretendió hacer pasar la entrevista con Cerruti como una inocente conversación” que se realizó a instancias de un oficial superior –el capitán de navío Aurelio “Za Za” Martínez, quien lo conectó con la periodista– y que el represor no estaba interesado en que se produjera el encuentro. Sin embargo, según estableció el juez, fue Astiz quien llamó a Cerruti a la redacción de 3puntos luego de que Martínez le diera su número de teléfono.
En su fallo de más de cincuenta páginas, el magistrado incorporó una serie de consideraciones sobre el off the record, es decir el pacto entre un periodista y una fuente para no revelar el origen de la información. Y lo diferenció de una entrevista que no se publica ni aún mencionando la fuente. El juez consideró que en el momento en que se realizó el contacto con Cerruti el represor carecía de valor como fuente y que, por la trayectoria de la periodista, es “poco creíble que quisiera hablar con Astiz sin fines de publicación”. 
Bonadío estimó que durante el juicio no se probó que existiera un ardid o engaño que pudiera hacer pensar al Angel Rubio que su entrevista con la periodista era otra cosa que eso mismo. El magistrado tampoco dio crédito a la hipótesis que trató de presentar la defensa sobre la supuesta conspiración política del ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la Armada Carlos Marrón para perjudicar a Astiz. Manifestó, en cambio, que dado que en enero de 1998 existía un debate público sobre la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la posible demolición de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Astiz tenía “tenía clara conciencia del efecto público de sus palabras”. 
“Yo nunca torturé. No me correspondía. ¿Si hubiera torturado si me hubieran mandado? Sí, claro que sí. Yo digo que a mí la Armada me enseñó a destruir.” “Soy el hombre mejor preparado técnicamente para matar a un político o a un periodista”, dijo entre muchas otras cosas Astiz en el reportaje que fue publicado el 14 de enero de 1998. 
Martínez de Buck había presentado quince testigos de “concepto” que elogiaron al ex marino. “Un demócrata”, “un caballero”, “un ejemplo para mis hijos”, aseguraron el lunes al ser citados dos civiles y trece marinos –entre los que estaban los ex jefes de la Armada Ramón Arosa, Jorge Ferrer y Enrique Molina Pico y el ex jefe del Estado Mayor Conjunto Emilio Osses–. Los testigos trataron de convencer al juez de que, dados los valores democráticos del represor, éste nunca había podido decir lo que sela atribuía. A la hora de evaluar esas declaraciones, Bonadío consideró que los testigos fueron amigos íntimos del acusado u oficiales en actividad de la Armada en el momento de desarrollarse los hechos. 
Para fundamentar su fallo, el magistrado tuvo en cuenta el decreto de destitución de Astiz, que se produjo a raíz del reportaje de 3puntos. El informe elaborado por la Armada mencionó que el ex marino “violó normas de prudencia exigibles” y que su conducta mostró “ingenuidad y negligencia”.
A diferencia de las jornadas anteriores, la sala estaba casi repleta. Una decena de policías custodiaba el lugar y por única vez pudieron estar presentes durante toda la audiencia los fotógrafos y las cámaras de televisión. Entre el público que asistió a ver al represor no había miembros de los organismos de derechos humanos. Estaban, en cambio, en primera fila, algunos de los amigos que Astiz presentó como “testigos de concepto” y el abogado Pedro Bianchi –amigo del dictador Emilio Eduardo Massera y representante del comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz– . 
Pasadas las seis de la tarde, el magistrado, quien desestimó además el pedido de detención por falso testimonio contra Cerruti que había solicitado la defensa, condenó a Astiz por haber “vertido manifestaciones que aluden a hechos declarados delictuales por sentencia firme (juicio a los comandantes) y por pactos internacionales suscriptos por Argentina”. La pena dada por el magistrado es la misma que había solicitado el fiscal Gerardo Di Masi. 
“Su juicio ha terminado”, dijo Bonadío luego de informar que el represor deberá pagar las costas del proceso y cumplir por dos años con las “pautas de conducta” que establece el Código Penal. Esto implica que, si durante este tiempo es condenado en otra causa, la sentencia se hará efectiva. 
El represor, que pasó las dos horas sin desviar la mirada del estrado donde estaban el magistrado y el secretario Nelson Vicente, se paró y salió de la sala tratando de evitar que los fotógrafos y camarógrafos lo tomaran de frente. La semana pasada su imagen recorrió el mundo. Fue cuando los miembros de la agrupación Hijos lo escracharon dentro del tribunal.

 

Cinco opiniones sobre un fallo polémico

Simon Lazara .
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

“Creo que es un primer paso, aunque lamento que Astiz no sea condenado por sus crímenes. Los tres meses en suspenso pueden ser insuficientes, pero en este momento podría decirse ese dicho que admite que ‘es preferible del zorro un pelo ya que no puede ser la piel’. Esta era una gran oportunidad de la Justicia para reencontrarse consigo misma porque Astiz es un símbolo en Argentina de la frustración del principio de justicia y de la persistencia de la impunidad. Más allá del tiempo que dictamina la condena, es positivo que se lo haya condenado por primera vez.”

Gabriela Cerruti.
Periodista

“Cuando se estaba leyendo la sentencia, yo estaba en la ronda especial por el Día de la Mujer con las Madres de Plaza de Mayo. Todos sabemos que Astiz debe ser condenado por lo que hizo y no por sus declaraciones periodísticas, pero lo único para celebrar es que en este país esté prohibido reivindicar el terrorismo de Estado. Fue muy impresionante ver reaccionar a los testigos de la Armada como un bloque, presentando a Astiz como una figura mítica. Aunque haya crímenes cometidos por hombres, hay una ideología de la institución que permite verlos de esa manera.” 

Pablo Jacoby.
Abogado

“Para mí, el fallo es impecable. Fueron dos horas de fundamentos y de análisis como nunca se hizo en una sentencia argentina acerca de las características de una entrevista periodística, describiendo la etiología del off the record, diferenciando la entrevista que no se publica de aquella que se difunde, pero sin revelar las fuentes. Astiz gozó durante todo el juicio de un amplio derecho de defensa por parte del tribunal y del Estado, que le proporcionó una muy buena defensora oficial. En la ESMA, los detenidos tenían como única garantía el pentonaval.” 

Martin Abregu.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

“La condena termina confirmando los límites que tenía este proceso contra Astiz. Todos sabemos que debería estar preso por los crímenes que cometió y tenemos que aceptar que se lo juzgue por destacar lo que aprendió en las Fuerzas Armadas. Es rescatable que en el fallo se marque que Astiz no es un ingenuo y que estaba especialmente interesado en conmover a la opinión pública con sus dichos. Esto demuestra cómo los militares que actuaron en la dictadura todavía hacen ostentación de la falta de castigo y obviamente esa impunidad no se compensa con tres meses de condena en suspenso.”

Mercedes Meroño.
Asociación Madres de Plaza de Mayo

“Creo que esta condena es casi un premio para Astiz. Es una burla al pueblo que se parece mucho a un juego perverso: lo juzgamos pero no lo juzgamos, lo hicieron pero no lo hicieron, son culpables pero no son culpables. Lo importante es que la gente sí condena a Astiz porque no puede andar por la calle. También hay que pensar quiénes lo juzgan. Son casi todos los mismos de la época de la dictadura. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se hicieron para dejarlos libres y para perdonarse ellos por no haber actuado en el momento en que debieron hacerlo.”

 

 

LOS SENADORES RADICALES FALTARON A LA CITA CON LOS
 ORGANISMOS DE DERECHOS humanos
Sólo para peronistas

Se postergó otra semana la consideración de los ascensos militares impugnados por organismos de derechos humanos. Receptiva actitud de los senadores peronistas en una reunión a la que no asistieron los legisladores radicales.

Antonio Cafiero durante el diálogo con los representantes de los organismos de derechos humanos. Los radicales no asistieron, como consecuencia de su perplejidad ante la política del Ejecutivo.

La Comisión de Acuerdos del Senado postergó el tratamiento de aquellos pliegos de ascensos del Ejército y de la Armada objetados por organismos de derechos humanos por su responsabilidad en crímenes aberrantes durante la guerra sucia. En cambio, decidió aprobar los pliegos de los tenientes coroneles Héctor Sergio Mónaco, Néstor Orlando Esteller, Oscar Nicolás Quiroga y Víctor Jordán, contra quienes no pesaban cargos de equivalente gravedad. Quiroga y Jordán fueron sobreseídos en causas judiciales por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero y la actuación de la inteligencia militar en el encubrimiento del asesinato del soldado Omar Carrasco, respectivamente. 
El resto de los pliegos podrá tratarse la semana próxima y se duda de que consigan el acuerdo los tenientes coroneles Aldo Héctor Martínez Segón, alias “Chancaca”, quien participó en la masacre de Margarita Belén; Rafael Mariano Braga, quien secuestró, entre otras personas, a Julio Rolando Alvarez García, hermano del legislador radical Normando Alvarez García; Rodolfo Sergio Mujica, quien además de secuestros registra acusaciones por saqueo de viviendas en Catamarca; Eduardo Daniel Cardozo, quien estaba procesado por secuestros en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército cuando fue beneficiado por la ley de obediencia debida, y el capitán de fragata Pedro Carlos Florido, por cuya orden el servicio de documentación de la ESMA confeccionó cuatro pasaportes falsos para el jefe de la logia P2, Licio Gelli. Mejores perspectivas tendrán los tenientes coroneles Alejandro Guillermo Duret y Alejandro Aquiles Richetta.
Ninguno de los miembros radicales de la Comisión estuvo presente en el encuentro con los organismos impugnantes, realizado ayer al mediodía, lo cual refleja el estado de perplejidad y confusión en que ha sumido al bloque oficialista la insistencia del Poder Ejecutivo en impulsar esos pliegos. Sólo asistieron los miembros justicialistas Horacio Zalazar, Antonio Cafiero, Augusto Alasino, Carlos De la Rosa, Remo Constanzo, Carlos Verna y Jorge Villaverde, quienes recibieron documentación aportada por representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, Servicio de Paz y Justicia y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Los visitantes destacaron la actitud democrática de los legisladores que los recibieron y los senadores prometieron un estudio cuidadoso de cada caso antes de decidir.
Mabel Gutiérrez, de Familiares, insistió en la dimensión ética de la cuestión. Si las leyes de punto final y de obediencia debida impidieron el juzgamiento de los culpables, eso no implica que además deban ser premiados con ascensos. Alba Lanzilotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, agregó que si las Fuerzas Armadas desean recuperar la consideración social de la que gozaron en tiempos de San Martín, deben depurar de todas sus filas a quienes agredieron al pueblo durante la dictadura militar. Carmen Lapacó, de Madres de Plaza de Mayo expuso el riesgo de que algunos de los criminales cuyo ascenso se reclama puedan llegar en el futuro a conducir una fuerza armada. El representante del SERPAJ reclamó que todos los responsables de esos delitos fueran pasados a retiro. Horacio Verbitsky, del CELS, rechazó la pretensión del ministro de Defensa Ricardo López Murphy de que la continuidad de los jefes de Estado Mayor dependa de la aprobación de estos pliegos. “En la última década el Senado ha negado los ascensos de oficiales del Ejército y de la Armada, como Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías y Carlos Villanueva, y esto no ha provocado el retiro de ningún Jefe de Estado Mayor, ni crisis alguna en las filas militares.” Martín Abregú, también del CELS, recordó que el juicio del senado no era penal, sino político y que, en la duda, debe resolverse en favor de la sociedad. En un diálogo con el senador Cafiero, quien le pidió que ampliara la información que había suministrado, Verbitsky recordó que el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Ricardo Brinzoni fue secretario generalde la dictadura militar en el Chaco en el momento de la masacre de Margarita Belén. “Es la primera vez que llega a la jefatura de Estado Mayor en democracia un oficial que desempeñó un cargo político durante la dictadura. Esto obliga a tener mucho cuidado antes de aprobar sus propuestas de ascensos”, dijo Verbitsky. También refutó las afirmaciones de Brinzoni acerca del presunto carácter anónimo de las denuncias contra los oficiales impugnados. “Son legislaturas provinciales, como las de Jujuy o el Chaco, o víctimas directas que se identifican con su nombre, apellido y número de documento. El Ejército está engañando a la sociedad con esa afirmación.” El directivo del CELS señaló que temía que el nuevo gobierno radical no hubiera percibido los cambios que sucedieron en la situación militar en la última década y que llegara con temores originados en los alzamientos de 1987 a 1990, que hoy no se justifican. “En la última década se han dado pasos muy importantes en la subordinación castrense al poder político y el Senado ha tenido parte importante en ello. De ustedes depende que no se dé un innecesario paso atrás, en una materia tan sensible para la consolidación y mejoramiento de la calidad de nuestras instituciones”, concluyó.

 


 

EL EJERCITO RASTREA DOCUMENTACION DE LA DICTADURA
“En todos los lugares posibles”

“Antes de que empiece la búsqueda, el secretario del Ejército ya dice que en el ex Batallón 601 no hay nada”, se quejó ayer Alberto Pedroncini, el abogado querellante en la causa sobre sustracción de menores durante la dictadura. El Ejército, tal como adelantó Página/12, se dedicará hoy a rastrear en todas sus unidades documentación sobre los años de la dictadura. Curiosamente, señaló Pedroncini, en una nota que el general Eduardo Alfonso le presentó al juez Adolfo Bagnasco dijo que en la central de inteligencia no hay documentación del Proceso alguna, al mismo tiempo que le anuncia que hoy se hará el rastreo. Los militares dicen que no ven ninguna contradicción en esos dichos. 
El 17 de febrero el juez le pidió al Ejército que confirmara si, como había informado la prensa, existía el plan de disolver y vender la Central de Reunión de Inteligencia Militar. Fue cuando Pedroncini pidió una medida de no innovar y la confección de un inventario de documentos ligados al Proceso de cualquier dependencia. Ante la falta de respuesta de los militares, Bagnasco citó a Alfonso para que declarara hoy. 
En su contestación a la citación, Alfonso pidió declarar por escrito, admitió que “se han iniciado estudios para la eventual enajenación del edificio” de Callao y Viamonte. También dice que “la búsqueda efectuada en el citado organismo no ha permitido ubicar documentación” y un párrafo más abajo agrega que hoy se hará “una búsqueda general de documentación y antecedentes de todo tipo”. Pedroncini cuestionó: “Además de frustrar una medida de urgencia, dice que en lo que era el corazón de inteligencia no hay nada”. Voceros del Ejército replicaron: “Cuando llegó el oficio pedimos al ex 601 que entregara la documentación que tuviera, pero seguramente se buscó sólo en sitios donde se archivan cosas”. 
El Ejército revisará hoy “todos los lugares posibles” de las 200 guarniciones, informaron funcionarios militares. Lo harán en base a un radiograma que prevé la suspensión de las actividades para que buena parte del personal se dedique a revolver bajo la supervisión de cada jefe de unidad, quien al finalizar el trabajo firmará un acta. “Cada jefe sabe que si no reportó algo que aparece el día de mañana él será el responsable”, dijeron para explicar cómo garantizan la efectividad del operativo.

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