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LA HERENCIA DE HUGO FRANCO EN MIGRACIONES
Un modelo en funciones

Contrataciones directas que suman millones de dólares por servicios y bienes gruesamente sobrevaluados, personal con excelentes salarios que, casualmente, trabajaba también para la empresa del titular de la dirección, inmigrantes orientales que entraron con llamativa facilidad: Hugo Franco también representó fielmente el modelo de funcionario que consagró el menemismo.

Precio: La limpieza y pintura de un predio costó 62.315 pesos, 52 pesos por metro cuadrado. El precio de mercado es de apenas $8.25 por metro.

Suspendido: Ya fue sumariado el jefe de personal de la dirección, Pedro Rivas, capitán retirado de la Armada, a quien se vincula con la represión en la ESMA.

Franco tiene una empresa llamada Deceit S.A. Es un nombre curioso: en inglés significa “engaño o estafa”.
Dos síndicas de Deceit pasaron a trabajar para la Dirección de Migraciones, con excelentes sueldos.


Por Miguel Bonasso

t.gif (862 bytes) Funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) revelaron a Página/12 que se está investigando la posible comisión de graves irregularidades durante la gestión de Hugo Franco en esa dependencia. Franco estuvo a cargo de Migraciones desde 1995 hasta el 10 de diciembre último en que se hizo cargo de la DNM el radical Angel Roig, ex legislador y ex intendente de Mar del Plata durante dos períodos. La nueva administración ha puesto la lupa sobre tres aspectos principales: 1) contrataciones directas de obras y servicios que suman millones de dólares y parecen prima facie notoriamente sobrevaluadas con respecto a los valores de mercado; 2) contratos de personal con estipendios que exceden holgadamente los salarios tradicionales (por ejemplo: dos secretarias privadas con sueldos mensuales de 4320 pesos cada una); contratos a personas que trabajaban en la empresa privada de Franco, Deceit S.A. y 3) posibles irregularidades en la admisión al país de inmigrantes orientales (chinos, coreanos, etc.).
Aunque las investigaciones se manejan por ahora en un marco de gran discreción, trascendió que ya fue suspendido y sumariado el jefe de personal de la dirección, Pedro Rivas, un capitán retirado de la Armada, a quien se vincula con Emilio Massera y la represión clandestina en la ESMA. La pesquisa, admiten las fuentes, no es fácil: faltan documentos y registros de años anteriores a la descentralización de la DNM que deberían encontrarse en los archivos del Ministerio del Interior. Por si fuera poco, un curioso virus informático borró el inventario del mobiliario que, según los memoriosos, incluía valiosos muebles de madera.
El 22 de diciembre último, cuando Angel Roig tomó posesión del confortable despacho que le había legado Hugo Franco en las cercanías del Hotel de Inmigrantes, se encontró con algunas desagradables sorpresas, como los contratos transitorios de personal, que sumaban 520 mil pesos. Para no cometer injusticias, los prorrogó hasta fines de febrero y, después de una evaluación, procedió a una depuración que redujo el costo total a $180.000. En ese período y contrariando la línea del nuevo director, el jefe de Personal Rivas hizo dos nombramientos sin autorización de Roig, que le valieron ser suspendido y sumariado.
En tiempos de Franco, el marino ya había contratado a varios miembros de su familia: por lo menos a su esposa, María Elisa Fluguerto Martí, su hijo Ignacio y sus sobrinas Milagros Lira y María del Carmen Rivas. Fuentes de la propia DNM y ajenas a esa dependencia coinciden en sindicar a Rivas como ex represor de la ESMA. En los archivos del CELS, en los testimonios de dos ex desaparecidos que estuvieron en la Escuela de Mecánica de la Armada y en el libro del periodista Alipio Paoletti Como los nazis, como en Vietnam figura un oficial del Servicio de Informaciones Navales (SIN) de apellido Rivas que participó en interrogatorios clandestinos y sesiones de tortura. Pero no se menciona el nombre de pila y otros datos de filiación que permitan aseverar que se trata de la misma persona.
En la documentación sometida a investigación figura una denuncia revelando otros datos sugestivos, como la contratación en la DNM (entre el 1º de enero y el 31 de mayo de 1996) de algunas personas que trabajaban en Deceit S.A., la empresa privada de Franco, ubicada en Venezuela 1823 de esta Capital. Entre otras, la de la síndica titular de Deceit S.A., María Sara Drago Barrios, y la de la síndica suplente Adriana Colombo. Cada una habría percibido “una interesante contraprestación” de 3640 pesos por mes. También se menciona, aunque con ingresos mucho menores, a Fernando Sapia, Fernando Rodríguez, la hija del chofer de Franco que “fue chofer de Massera”, (Liliana Sisi) y Antonio Nicolás Capella, el hijo del piloto que conduce el avión privado de Hugo Franco.
En varios casos la denuncia acompaña listados oficiales. Según este informe, las contrataciones de personal de Deceit S.A. sumaron en sumomento 21.060 pesos mensuales, de los cuales “$11.280 (estuvieron) destinados a personas que no prestan servicio alguno en la Dirección Nacional de Migraciones”. El caso más significativo sería el de Patricio Ramiro Bustos, que se desempeña actualmente como director informático de la DNM con un ingreso de cinco mil pesos mensuales. Bustos –según lo señaló oportunamente este diario– tuvo una participación destacada en la adjudicación a la empresa Siemens del cuestionado contrato para fabricar los nuevos DNI.
Deceit S.A. fue creada por Hugo Franco, en sociedad con el ex gobernador de Santa Fe José María Vernet, el 15 de octubre de 1979. El Tati Vernet actuó posteriormente como asesor de Franco en la Dirección Nacional de Migraciones e intervino en la protocolización de algunos contratos que están bajo análisis de las nuevas autoridades.
El tema central de la investigación es el de las contrataciones directas que podría sumar varios millones de dólares. Un primer análisis de la documentación existente sugiere a los investigadores que, para burlar la legislación que obliga al concurso de precios por trabajos o servicios que superan los 50 mil pesos, los proveedores habrían dividido el monto de su prestación en varias facturas escalonadas ligeramente inferiores al tope que marca la ley.
Posible fraude al que vendría a sumarse el sobreprecio de ciertos trabajos que, en el caso del reacondicionamiento del Edificio Número 5 de la DNM (Expediente Ministerio del Interior/Dirección Nacional de Migraciones Nro. 759.913/95), podría superar el 570 por ciento del valor de mercado. La obra, consistente en limpieza y pintura exterior, costó 62.315 pesos, lo que equivale a 52 pesos por cada metro cuadrado de pared. Cotejando ese costo con los precios publicados por la revista Vivienda (número 399 de octubre de 1995) resulta que, sumando pintura con látex acrílico (imprimación y tres capas de pintura), más lavado a vapor, el costo del metro cuadrado apenas asciende a $8.25, lo que hubiera arrojado un total de 9900 pesos, en lugar de los 62.315 que se pagaron.
Según la denuncia a la que se hizo referencia antes, hay otros ejemplos: el reacondicionamiento del edificio ex garage y los edificios 2,4 y 5 sumó 1.888.760 pesos, monto que los denunciantes juzgan “desmesurado” porque lo pagado por la DNM “por tareas de limpieza y pintura, reparación de baños, aperturas y pisos”, equivaldría “al 50% del valor de edificios totalmente nuevos”. En el caso del edificio número 4, en el que se estimó una erogación de 400.000 pesos, que luego fue de 298.850, una solicitud de contratación de servicios firmada por Hugo Franco justifica la contratación directa, sin licitación, debido al “total estado de abandono en que se encuentra”. La solicitud plantea que la erogación “se podría efectuar mediante una contratación encuadrada en el artículo 56, 3, a) de la Ley de Contabilidad”.
Se analiza asimismo la compra de mobiliario (Expediente Nro. 761.6324/95) que sumó 350.000 pesos, con un sobreprecio estimado del 150 por ciento. Y se subraya el caso de la empresa constructora Ingevama S.A., que participó en las obras de reacondicionamiento. La firma, según consta en el Boletín Oficial del 16 de marzo de 1995, se constituyó dos meses después de que Hugo Franco se hiciera cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, con un capital social de apenas 12.000 pesos, efectivamente integrado con 3000 pesos.
En la intrincada maraña de papeles que analizan las nuevas autoridades, hay otros datos que, aunque menores, resultarían demostrativos de un modo de administrar que lejos de proteger el erario favorecía el despilfarro y, posiblemente, la corruptela generalizada. Así lo van mostrando los papeles: como la factura de una empresa de catering que cobró 9500 pesos por los alimentos y bebidas para una recepción de relaciones públicas (“enla que se hubiera podido quedar muy bien con los invitados con dos o tres cajones de botellas de vino y unos sandwiches de miga”).
Pero el área más oscura y difícil de investigar es la del posible tráfico de inmigrantes ilegales (tanto de los países fronterizos como del Extremo Oriente). Existen en este ramo organizaciones mafiosas, empresas que contratan trabajo semiesclavo, gestores que ayudan a los desdichados que llegan al país como “empresarios” y en realidad van a trabajar (con suerte) como lavacopas o los falsos tripulantes de las factorías pesqueras coreanas que en realidad se hacinan en los barcos de pesca para quedarse luego en el país. Poderosos estudios jurídicos se asocian con estas maniobras y las presiones son fuertes y continuas. Dos jueces federales, Alberto Santamarina y Claudio Bonadío, han investigado posibles ilícitos en el tráfico de inmigrantes en eventual connivencia con funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones. El juez Santamarina tuvo a su cargo, junto con Interpol, la investigación en el aeropuerto de Ezeiza y hay quien piensa que de ese expediente podría brotar un escándalo. La causa radicada en el juzgado de Bonadío, en cambio, se originó en la denuncia de un abogado de apellido Bernstein que estaba vinculado a tareas de gestoría y está cerrada sin que pese ninguna acusación contra el anterior responsable de la DNM.
En las próximas semanas, a medida que Angel Roig y los escasos colaboradores de confianza que lo secundan puedan recuperar y ordenar la vasta documentación acumulada en los últimos diez años, se podrá apreciar hasta qué punto la Dirección Nacional de Migraciones, que dependió de Hugo Franco y por encima suyo del ministro del Interior Carlos Corach, pudo ser (o no) lo que tal vez sospechan y no pueden decir en voz alta: una nutritiva “caja” para hacer política y, de paso, llenar algunos bolsillos.


Un amigo de Massera

Hugo Franco es uno de los hombres más cuestionados del menemismo, que creció en ese espacio turbio donde alguna vez coincidió un sector de la iglesia, algunos popes sindicales y el masserismo. Está estrechamente ligado (por razones familiares) con el cardenal Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba y titular actual de la Pastoral Social de la Iglesia. Durante años, en la casona que Franco posee en Venezuela 1823, funcionó la representación capitalina del arzobispado de Córdoba. En pacífica compañía con la empresa de Franco a la que se alude en este informe y lleva el curioso nombre Deceit, que en inglés significa “engaño, trampa, estafa”. No es por casualidad que allí mismo se celebrara la reunión entre Teresa Pacitti (entonces directora del semanario Noticias) y el finado Alfredo Yabrán, donde “el Cartero” le pidió disculpas a su interlocutora por el ataque a tiros de sus custodios contra un periodista y un fotógrafo de la revista.
La relación entre Franco y Yabrán fue estrecha, hasta que un avión que “el Amarillo” le enviaba de regalo a un influyente personaje se perdió en el aire. Entonces Franco sufrió un atentado, del que salió ileso, y la relación con el empresario postal se enfrió de mala manera. También en esa casa funcionó, en 1978 (tiempos del Mundial), la editorial La Pléyade del ex almirante Emilio Eduardo Massera. Lo cual refuerza la convicción generalizada en medios políticos y periodísticos acerca de la estrecha relación entre el almirante Cero y Hugo Franco, un político y empresario metalúrgico, al que en tiempos de la ESMA los marinos solían llamar “el Dibujante” por su capacidad para dibujar negocios. La reciente investigación en Migraciones que se publica en esta página, confirma que esa relación estrecha con el mayor centro de torturas de la dictadura militar, no fue una ilusión óptica de algunos periodistas: el jefe de personal que Franco nombró en la DNM (y ahora está suspendido y sumariado) es el capitán Pedro Rivas, vinculado también a la Escuela de Mecánica de la Armada.
Durante la era menemista Franco ocupó diversas posiciones: directivo de SOMISA, subsecretario de Seguridad Interior y, finalmente, Director de Migraciones. En una reciente investigación, Página/12 reveló que fue cuestionado por una empresa informática israelí (Malam Systems) por su papel protagónico en el proceso de adjudicación del cuestionado contrato de los DNI a la firma Siemens. En las últimas elecciones se presentó como candidato a intendente de San Isidro y fue derrotado por el hijo de Melchor Posse. En la actualidad es asesor del hombre que durante cinco años fue su jefe en la administración pública: el ex ministro del Interior y actual senador, Carlos Vladimiro Corach.

 

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