El
gobierno porteño lanzará hoy un programa de control de tránsito que
contará con la presencia en la vía pública de 900 policías que harán
cumplir en forma estricta las normas vigentes. En esta primera etapa se
hará hincapié en la educación vial, recordándose a los automovilistas
la plena vigencia de multas por infracciones de tránsito que en algunos
casos llegan hasta los 635 pesos. Junto con los folletos explicativos que
se distribuirán en la calle, también seguirá en pie la aplicación de
multas, en una ciudad donde hay más de un millón de infracciones de
tránsito por año (ver nota aparte). El operativo monstruo, que será
seguido por pantallas de TV desde la Jefatura de Policía, estará
centrado en el micro y en el macrocentro, sobre la base de tres ejes
principales: evitar el estacionamiento indebido por parte de autos
particulares, reducir la carga y descarga dentro del horario prohibido de
9 a 21 y frenar la circulación de camiones por las calles vedadas al
tránsito pesado.
La campaña será anunciada oficialmente, en el Salón Blanco de la Casa
de Gobierno, durante una conferencia que ofrecerán, a las 11, el jefe de
Gobierno, Enrique Olivera; el secretario de Obras y Servicios Públicos,
Abel Fatala; el subsecretario de Transporte y Tránsito, Ricardo Delgado,
y autoridades de la Policía Federal. Delgado explicó ayer que el nuevo
programa, denominado Tránsito Solidario porque apunta a racionalizar el
uso de las vías de comunicación en el área metropolitana, pretende “ordenar
y agilizar la circulación, fundamentalmente en el macrocentro, que es la
zona donde se concentran los mayores problemas”.
El vocero de la Policía Federal, Carlos Solá, dijo que se distribuirán
volantes y folletos “para recordar que existen normas en materia de
estacionamiento, circulación de camiones y para carga y descarga”. La
labor policial será “preventiva, disuasiva y educativa”, pero eso no
impide la aplicación de multas “cuya vigencia también será mencionada
en los folletos explicativos” para que todos sepan a qué atenerse. La
campaña informativa será apoyada por publicidad en la televisión.
Una fuente del gobierno porteño dijo a Página/12 que ayer y el lunes se
realizaron operativos pilotos de control. La labor principal se hará en
el macrocentro, delimitado por las calles Pueyrredón y Jujuy, hasta el
límite del Río de la Plata. En ese área está prohibido realizar
operaciones de carga y descarga, de 9 a 21, sobre las calles Paseo Colón,
Alem, San Martín, Madero, Ramos Mejía, Juncal, Montevideo, Pueyrredón,
Paraguay, Jean Jaurès, Urquiza, Venezuela, Santiago del Estero, Caseros y
Piedras.
La prohibición viene de antaño, pero se cumple muy poco, sobre todo en
algunas zonas críticas como los barrios de Once y Congreso. Delgado
admitió que se está analizando el tema de la carga y descarga porque se
trata de normas antiguas que se contraponen “con la realidad de la
distribución de alimentos y bebidas en la ciudad”.
Una fuente dijo a este diario que los comerciantes del barrio de Once
plantearon “algunas realidades que son atendibles”. Ellos aseguraron
que la situación económica precaria del sector “los obliga a renovar
la mercadería casi diariamente, a diferencia de otros tiempos en los
cuales lo hacían en forma periódica”. El propio Delgado reconoció que
también se está pensando en modificar el actual sistema del cepo.
El funcionario admitió la posibilidad de que cuando se encuentre un
vehículo mal estacionado, en lugar de ponerle el cepo se lo lleve
directamente a una playa de estacionamiento para infractores. “Con el
cepo lo que se hace es inmovilizar el auto y en algún sentido eso entra
en contradicción con el espíritu del programa de organización del
tránsito, que busca agilizar la circulación vehicular.” Aclaró, de
todos modos, que hay un contrato por respetar con las empresas
concesionarias del servicio, que vence en marzo del año que viene.
Los 900 agentes serán divididos en dos turnos de 450 que cubrirán 12
horas diarias de control. Además del personal de infantería habrá
motociclistas y varios helicópteros sobrevolando la ciudad.
| 300 pesos por una luz roja
La Ley de Tránsito 24.449 está vigente desde el 1º de diciembre
de 1995, pero son muchos los automovilistas que apenas la toman en
cuenta. La Justicia de Faltas precisó que en la ciudad de Buenos
Aires se cometen cien mil infracciones mensuales, lo que significa
1.200.000 por año. Las más comunes son por estacionamiento indebido,
cruzar el semáforo con luz roja y por girar en forma incorrecta.
Además de refrescar el texto de esas normas, los 900 policías
recordarán el monto de algunas de las multas: 211,80 pesos por mal
estacionamiento (camiones, colectivos y taxis) y 79,43 pesos para
autos particulares; 317,70 pesos por cruzar con luz roja; 211,80 pesos
por llevar vidrios polarizados; 79,43 pesos por no respetar el carril
selectivo, circular por la vereda en moto o andar sin casco en un
ciclomotor; 211,80 pesos por no respetar la senda peatonal o por
maltratar a un pasajero, y 635 pesos de multa si el que conduce el
auto es menor de edad. |
PROYECTO DEL PROCURADOR
PROVINCIAL
Más poder a los fiscales
El procurador general
de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo de la Cruz, anunció que
presentará hoy en la Legislatura bonaerense un proyecto para que se
modifique nuevamente el Código de Procedimiento Penal de la provincia,
aunque esta vez con la intención de darle mayor libertad a los fiscales
para tomar decisiones sin consultar a los magistrados con el fin de acelerar
los procesos.
Según se explicó, el proyecto “apunta a desatar las manos de los
fiscales para que puedan accionar con una mayor libertad. Esto va a
trasuntar en que los procesos sean más cortos y los juicios más rápidos”.
La reforma faculta a los fiscales a ordenar allanamientos y detenciones
siempre y cuando se dé conocimiento posterior a los jueces de Garantías,
que hasta el momento eran los únicos que podían tomar ese tipo de
decisiones.
La última reforma del Código se aprobó el 23 de febrero pasado. En ella
se le concedió a la Policía Bonaerense la capacidad de requerir
información a los detenidos en el lugar donde se produjo el ilícito,
revisar efectos y secuestrar objetos en operativos de prevención sin
autorización previa de la Justicia.
Desde la Procuración se argumentó que “para el Ministerio Público es
esencial que se apruebe” la nueva reforma, ya que “se está produciendo
un cuello de botella” que genera la acumulación de casos que no pueden
resolverse “porque los fiscales no tienen las atribuciones suficientes.
Esto hay que subsanarlo vía la ley”.
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