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Por Mariana Carbajal  �La
provincia sigue siendo un gran garito con la sospechosa continuidad de
funcionarios de la administración duhaldista�, denunció ayer la
presidenta del bloque bonaerense de diputados radicales, María del Carmen
Banzas, luego de que la Cámara baja aprobó en la noche del jueves el
informe final de la Comisión Especial Investigadora que analizó los
contratos firmados en los últimos años por el Instituto Provincial de
Lotería y Casinos (IPLyC). El documento, que será presentado la semana
próxima en la Justicia, enumera �graves irregularidades� en el manejo
del juego de azar en el territorio bonaerense, que �perjudicaron� al
erario en cifras millonarias. Además, advierte que hubo �una encubierta
privatización� de la timba, violando la Constitución de la provincia y
que las máquinas instaladas en bingos �carecen de control�. En
diálogo con Página/12 Banzas acusó al IPLyC de ser �caja de
financiamiento ilegal� del justicialismo. Desde hace años el presidente
del organismo es Jorge Rossi, un hombre de confianza del ex gobernador
Eduardo Duhalde, que fue ratificado en su cargo por Carlos Ruckauf.El informe final de la Comisión Investigadora fue aprobado sólo por la Alianza, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados. El justicialismo votó en contra. Su posición era previsible: el documento compromete la gestión de Duhalde. Uno de los puntos más cuestionados por la Comisión Investigadora es la contratación directa, sin licitación pública, de un puñado de empresas. �Se demuestra un marcado favoritismo hacia ciertos aspirantes, en obvio detrimento de quienes sin contar con el aval o bendición del Instituto o quizás con algún padrinazgo, quedaron permanente relegados�, sostiene el documento, al que tuvo acceso este diario. Una de las más favorecidas -revela la pesquisa� es Bolt S.A., de la familia Tabanelli, elegida para la construcción del casino de Tigre. �Se ha perpetrado un escandaloso negociado con el juego en la provincia, a través de contrataciones directas no permitidas por disposiciones legales�, señaló el diputado radical Juan Pedro Tunessi, presidente de la comisión. Bolt explota virtualmente el casino �inaugurado a fin de 1999� con su socia Tren de la Costa S.A., a quienes el gobierno bonaerense benefició con un acuerdo más que sustancioso. Tal como informó Página/12 un año atrás, le permitió instalar 2500 máquinas tragamonedas y quedarse con el 50 por ciento de las ganancias, además de la explotación de todos los servicios complementarios del complejo, como restaurantes y espectáculos. De acuerdo con la investigación, las ganancias de Bolt S.A. por diversos contratos con la provincia están estimadas en 1500 millones de dólares en 10 años. Además del casino, maneja el sistema de captación on line de quiniela �también obtenido por contratación directa� y es el principal proveedor de máquinas tragamonedas en el territorio bonaerense. Tunessi detalló que sólo en el conurbano funcionan 48 bingos, que se convirtieron en los últimos años en casinos virtuales a raíz de que el INLyC autorizó la instalación de máquinas con ruletas y carreras de caballos. �La mayoría de estas salas de juego están explotadas por dos empresas, Vázquez Lourdea y Codere S.A., con pantallas de entidades de beneficencia que se quedan con un ínfimo porcentaje de las ganancias�, agregó. Las principales conclusiones de la comisión son las siguientes:  Hubo una �encubierta
privatización (del juego) que agrede lisa y llanamente� la
Constitución provincial. �Del informe
surgen incontrastablemente los reiterados vicios formales y materiales del
contrato para la construcción y explotación parcial de un casino en
Tigre; y la perniciosidad del mismo para los intereses fiscales�. �El Instituto
prevé para la empresa adjudicataria �socia en las ganancias de las
tragamonedas� una rentabilidad de 75 millones de dólaresanuales,
reconociendo una inversión de 70 millones. La conclusión demuestra la
sinrazón del contrato: en menos de 1 año, la empresa recupera la
inversión, sin contar las ganancias por otros servicios adicionales�. En relación con la
decisión de extender la instalación de las máquinas tragamonedas y
otras que reproducen virtualmente ruletas y carreras de caballo en los
bingos, la comisión concluyó que para ello �se dictaron normas
incompatibles con el texto constitucional�. �Este tipo de
máquinas son las que a través del pago de un irrisorio canon al
Instituto por parte del tercero contratante �que dicho sea de paso con
escasas horas de funcionamiento lo amortizan� carecen de control no
sólo de su forma de operarlas (...), sino también de su programación y
del funcionamiento de su software, en defensa de la buena fe para el
público apostador�.
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