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Zoe Readhead, actual directora
e hija del fundador Neill, se negó a abandonar el carácter optativo de
las clases pese a la exigencia oficial. El caso había llegado el pasado
lunes a la sala del Tribunal Supremo especializada en asuntos
educacionales.
Para el ambiente educativo británico
resultó cuanto menos curioso que el golpe de gracia --tras los intentos
de cierre iniciados por el ministro conservador Kenneth Clark en 1990 y
1994-- pudiera darlo un Ejecutivo laborista, abanderado de la causa
educativa desde que llegó al poder hace tres años. La "queja
formal", remitida por el titular de Educación a la dirección en
1999, fue un formulismo que ocultaba la intención de cerrar si Zoe
Readhead no cedía a la presión oficial. También supuso un apoyo a los
inspectores ministeriales que visitaron la escuela el pasado año llevándose
un pésimo recuerdo.
Las conclusiones del informe
que redactaron al regresar a Londres afirmaban cosas como éstas:
"Las clases no son obligatorias y los alumnos las ignoran. Han
confundido la pereza con el ejercicio de sus derechos. Como consecuencia
de la falta de disciplina, su nivel de conocimientos no los prepara para
afrontar el futuro de forma realista". El equipo del ministro
Bunkett, que ha abrazado los controles de calidad escolar impuestos por el
anterior gabinete conservador --con sus listas anuales de buenos y malos
centros-- y ha propuesto ligar el aumento de sueldo de los maestros a las
notas obtenidas por el alumnado, le dio seis meses a Summerhill para
ponerse al día. Para no ser tildado de inquisidor en materia de filosofía
educativa, Bunkett hizo hincapié en ciertos ejercicios "poco
convencionales" practicados por el alumnado.
El entrecomillado se debe a los
propios inspectores, cuando supieron que niños y adolescentes de entre 6
y 16 años, edades de los cerca de 60 inscritos actuales, podían bañarse
desnudos en la piscina. El que los baños fueran mixtos y utilizados por
todos, profesores incluidos, tampoco les pareció bien. Una vez subrayados
ambos puntos, el ministerio puso mucho cuidado en criticar la validez de
unas clases optativas en un centro independiente.
"David Bunkett puede
considerar que un modelo educativo como éste resulta estrecho de miras y
no prepara a los alumnos. Sin embargo, el ministro no pretende obligar a
nadie a sentarse en las aulas. Lo que pide es que los profesores hagan un
esfuerzo para que sus lecciones sean seguidas por su interés y sin coerción",
dijo el lunes Alison Foster, representante del gobierno británico.
Defendido por Geoffrey
Robertson, uno de los abogados especializados en derechos humanos más
prestigiosos del país, Summerhill dejó clara su postura. "La
asistencia a clase no es negociable. La libertad es eso, o no es nada. Y
como Summerhill dejaría de existir sin libertad, cerrar la escuela
equivaldría a un acto de vandalismo educacional", zanjó con el
apasionamiento que lo ha hecho famoso.
La reserva propia de una
audiencia de estas características impidió que los alumnos que se habían
trasladado a Londres aplaudieran a su letrado. Pero su actitud quedó bien
patente a las puertas del tribunal. Apiñados en torno de la directora,
una cosa los diferenció del resto de adolescentes británicos. Se
quejaron sin rubor de que los inspectores estatales no los consultaran al
visitar Summerhill.
De otro grupo de expertos, esta
vez independiente, que recorrió el centro en enero pasado, guardan mejor
recuerdo. Después de pasar 17 días con ellos, resolvieron que la
libertad nada tenía que ver con el anarquismo. "Aquí no hay falta
de estructuras. Al contrario. De las asambleas, donde el voto del alumno
vale tanto como el del profesor, han salido más de 200 normas y hay
tribunales que se ocupan de los que las infringen". Ian Cunningham,
el asesor que encabezó la segunda inspección, no tuvo reparos en
comparar el posible cierre de Summerhill con una "violación de la
Convención Europea de Derechos Humanos".
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